XIII. PERÍODO DEL PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA

El primero de diciembre de 1970, el Presidente Luis Echeverría ratificó al licenciado Julio Sánchez Vargas como Procurador General de la República, cargo que había desempeñado en la administración anterior. Con fecha 19 de agosto de 1971, el licenciado Sánchez Vargas presentó su renuncia al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que en el mismo día designó Procurador General de la República al licenciado Pedro Ojeda Paullada.

1. Emisión de la Ley de la Procuraduría de la República

En 1974, el Presidente Echeverría presentó una Iniciativa de Ley de la Procuraduría General de la República. Esta venía a substituir a la denominada Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, y pretendía coordinar y armonizar las actividades del Procurador General y del Ministerio Público, con las unidades administrativas que, sin inmiscuirse en las atribuciones constitucionales y legales, significaban un importante apoyo para cumplir mejor con sus funciones.

Esta ley de 1974 comprendía, a grandes rasgos, los siguientes temas:

a) En el título primero se hablaba de las atribuciones, tanto del Procurador como del Ministerio Público. Cabe apuntar que, en términos generales, conservaba el estilo y la forma de las leyes anteriores. Podemos señalar entre otras atribuciones del Procurador, las siguientes: hacer del conocimiento del Presidente las leyes que resultaran violatorias de la Constitución; proponer reformas legislativas para la pronta administración de justicia; emitir consejo jurídico; intervenir en casos de extradición, de acuerdo con los tratados internacionales; resolver en definitiva el no ejercicio de la acción penal, el desistimiento de la acción penal y la formulación de conclusiones no acusatorias.

Por otra parte, las más destacadas atribuciones del Ministerio Público eran: ejercitar ante los tribunales la acción penal por delitos del orden federal; recibir las manifestaciones de bienes de los funcionarios; investigar casos de enriquecimiento inexplicable de los mismos funcionarios; representar a la Federación en todos los juicios en que fuese parte y, por último intervenir en los juicios de amparo.

b) La organización de la Procuraduría General de la República enunciaba las diversas dependencias que la integraban, así como las unidades administrativas de apoyo. Por un lado, la ley se refería a las ya existentes: en primer término, al Procurador General de la República; en seguida, a las dos Subprocuradurías; a la Visitaduría General; a las direcciones generales de Averiguaciones Previas y a la de Control de Procesos y Consulta en el Ejercicio de la Acción Penal, respectivamente; de igual forma, a los agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial Federal, y a la Dirección General Jurídica y Consultiva.

Para fines de 1976 la Procuraduría habría de contar con ochenta y seis agencias del Ministerio Público en todo el país.

Por otro lado, se crearon la Oficialía Mayor, la Comisión Interna de Administración, el Instituto Técnico, así como la Oficina de Registro de Manifestaciones de Bienes. Se formaron o consolidaron las unidades administrativas de Organización y Métodos, de Relaciones Públicas, de Prensa, de Control de Estupefacientes, de Estudios Sociales, de Servicios Periciales, de Documentación y de Planeación.

c) Al crearse la Oficialía Mayor, se le encargaba la atención de las necesidades administrativas de las unidades que integran la Procuraduría, tales como proponer las medidas técnicas y administrativas que estimara conveniente para la mejor organización y funcionamiento de la institución. La función de la Dirección General de Administración consistía en la tramitación de todo lo relativo a nombramientos, credenciales, ascensos, renuncias, destituciones y vacaciones. Y desde luego, el formular anualmente el anteproyecto de presupuesto de la Procuraduría.

d) El Instituto Técnico tenía como objetivos principales realizar investigaciones técnicas y científicas; llevar a cabo la selección y capacitación del personal administrativo, técnico y profesional; y estudios varios que determinara el Procurador. La creación del Instituto Técnico, que inició sus funciones en julio de 1974, permitió a la Procuraduría General de la República un mejor desenvolvimiento.

Se procuró mantener un alto rigor en los criterios de selección del personal. En ese período, de dos mil trescientas setenta y cuatro solicitudes presentadas por aspirantes a ingresar al cuerpo de la Policía Judicial federal, sólo se admitieron poco más de cuatrocientas. En cuanto a agentes del Ministerio Público Federal, sólo el veinte por ciento de los solicitantes aprobó los exámenes de admisión.

e) Otra innovación de la ley de 1974 fue la Oficina de Registro de Manifestaciones de bienes, que tuvo a su cargo realizar y registrar ordenadamente las manifestaciones de bienes que deben presentar determinados funcionarios y empleados públicos.

f) Dentro de las unidades administrativas podemos referirnos a la unidad de Relaciones Públicas, que efectuó en forma permanente una serie de ciclos de estudio jurídico, histórico, arte y cultura, con el fin de tratar de elevar los niveles de conocimiento de funcionarios y empleados de la institución.

2. Asuntos agrarios

Hasta antes del período que nos ocupa existía en la Procuraduría General de la República una Oficina de Asuntos Agrarios. No obstante, la reforma administrativa demostró que era más sencillo lograr los fines propuestos a través de los agentes del Ministerio Público Federal que actuaban en otras materias. En consecuencia, en marzo de 1976, se cerró la oficina especializada y los asuntos agrarios y forestales se integraron a las tareas regulares de los agentes.

3. Creación de la Unidad Técnica en Materia de Amparo

Hasta 1975, las atribuciones de la Procuraduría General de la República en materia de amparo se habían desahogado a través de un sector del Departamento de Control de Procesos. El 23 de abril de ese año, a fin de disponer de un sistema más eficaz que no sólo facilitara el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público Federal ante la Suprema Corte de Justicia o ante los Tribunales Colegiados, sino que sirviera como mecanismo de orientación, análisis y estudio de todos los criterios sustentados por la Institución, se creó la Unidad Técnica en Materia de Amparo.

El mismo año, entre el 15 y 16 de agosto, se organizó la primera Reunión Nacional Plenaria de Agentes del Ministerio Público Federal en Materia de Amparo en la ciudad de México, con el objeto de determinar un criterio unitario de la Institución ante los órganos judiciales.114
 

4. Modificaciones legislativas

Durante el período 1970-1976, se realizó una intensa actividad legislativa en la que participo la Procuraduría General de la República. Se sugirieron quince reformas a nuestra Constitución Política, que implicaron modificaciones o adiciones a cuarenta artículos. También se trabajó en ciento diecinueve reformas legales, setenta y seis reglamentarias y cuatrocientos sesenta y seis nuevos decretos.

A estos ha de añadirse la elaboración de numerosos reglamentos, entre los cuales destacan los reglamentos interiores de las diferentes Secretarías de Estado.

4.1. Legislación en materia de contaminación ambiental

La Procuraduría General de la República participó en los trabajos tendientes a legislar en materia de contaminación ambiental. El resultado fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1971. En el mes de mayo del mismo año el Presidente de la República encargó al Procurador General de la República integrar una comisión jurídica para estudiar los proyectos de reglamento derivados de dicha ley.

4.2 Reforma a la Ley de Nacionalización de Bienes

En 1974 se promovió, por parte de la Procuraduría General de la República, la reforma de la Ley de Nacionalización de Bienes reglamentaria de la fracción II del artículo 27 constitucional. Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1974. Tenía por objeto darle más agilidad al trámite de los procedimientos judiciales de la nación y destinados al culto público.

4.3 Comité Técnico Consultivo de Normas Jurídicas

Durante el período estudiado se procuró avanzar en la consecución de un sistema jurídico coherente y armónico con los requerimientos del país. Para tal fin se creó un mecanismo de coordinación entre las dependencias centrales del Poder Ejecutivo Federal denominado Comité Técnico Consultivo de Normas Jurídicas, al que se integraron los directores jurídicos de las Secretarías, Departamentos de Estado, Procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal. Presidía el Comité el Procurador General de la República y en su ausencia, el Director Jurídico y Consultivo de la Procuraduría General de la República.

Uno de los resultados importantes de este comité fue la publicación, en varios volúmenes de las “Leyes, Reglamentos, Decretos y Acuerdos del Gobierno Federal: 1970-1976”. A esta publicación se añadieron diversas guías técnicas, entre las que destacó la edición del prontuario de disposiciones jurídicas de las Secretarías y Departamentos de Estado.

En este mismo lapso se reformó el Título VII del Código Penal Federal dedicado a tipificar y sancionar los delitos contra la salud. La reforma modificó los artículos 193 a 199 de dicho ordenamiento; estableció penas severas para los narcotraficantes a fin de evitar que pudieran gozar del beneficio de la libertad bajo fianza. Con más depurada técnica legislativa, reunió bajo un solo ordenamiento aquellos delitos contemplados por el Código Sanitario y, reconociendo  que hay por desgracia muchos jóvenes que sin ser adictos al consumo de drogas ni estar habituados a su empleo, se dejan llevar por una malsana curiosidad, estableció medidas preventivas con sanciones reducidas, aplicables cuando se les descubriera una sola vez en posesión de cantidades para su propio consumo.

5. Campaña contra el narcotráfico

5.1. Reuniones internacionales de procuradores

En el mes de marzo de 1971 y a raíz de varias conversaciones informales entre los Procuradores Generales de México y los Estados Unidos, se celebraron varias reuniones entre los miembros de una y otra instituciones. Estas juntas de trabajo, efectuadas  primero en la ciudad de México y después en la de Washington, tenían por objeto lograr una mejor coordinación de las tareas que se llevaban a cabo en ambos países para combatir el narcotráfico.

Los resultados condujeron a una reunión tripartita celebrada el 27 de marzo de 1972,  en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Participaron los Procuradores Generales y delegaciones de las Procuradurías de México, Canadá y Estados Unidos.

El intercambio de información y de experiencias permitió establecer políticas comunes en la lucha contra tales delitos en la totalidad del territorio norte de nuestro continente. Se establecieron medios más rápidos de comunicación.

En enero de 1973 se reunieron los Subprocuradores de los tres países mencionados en la capital canadiense.115
 

5.2. Incremento del aseguramiento de estupefacientes

Las cifras registradas por la Procuraduría durante estos años dan cuenta de un considerable incremento en los aseguramientos de estupefacientes entre 1971 y 1976, lo que también indica la intensificación del tráfico. La diferencia entre el primero y el último de estos años señala que, en el último, se aseguraron cantidades casi dos veces mayores de cocaína; ocho de marihuana; veintiuna de heroína; setenta de semillas de marihuana; diecisiete de semillas de adormidera y doscientas de opio.116 

6. Defensa del patrimonio histórico y artístico

A través de una intensa campaña, prosiguió la defensa de las joyas de nuestro pasado precolombino y colonial.

El presidente de la República envió al Congreso de la Unión el proyecto de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para evitar la destrucción y el saqueo. Este ordenamiento fue promulgado el 6 de mayo de 1972.

Durante el lapso comprendido entre 1972 y 1976, la Procuraduría General de la República, con motivo de la citada campaña, pudo recuperar y reintegrar a nuestros museos poco más de cuarenta mil joyas de destacado mérito arqueológico, histórico o artístico. Solamente para dar una idea de la importancia del patrimonio recobrado se señala que el valor comercial estimado en 1976 superaba los ciento setenta y cinco millones de pesos. Se aclara que tal cifra es sólo un indicador, pues lo que importa al país no es su precio de mercado.117

La Procuraduría General de la República, el Instituto de Investigación y Defensa Social de las Naciones Unidas y el Instituto de Antropología e Historia, patrocinaron en agosto de 1976 una reunión a la que acudieron representantes de doce países en relación con la defensa de importantes bienes arqueológicos, históricos y artísticos, cuya protección se intensificó durante el período de noviembre de 1971 a 1976. En la mencionada reunión se declaró que la defensa del patrimonio arqueológico tiende a conservar nuestra identidad cultural y nuestra genuina personalidad histórica. En el documento final, conocido como Carta de México, se exaltó la defensa del patrimonio cultural como reencuentro con la solidaridad social y la unidad nacional.
 

7. Congreso sobre el Régimen Jurídico del Menor

Del 15 al 18 de agosto de 1973 se celebró el Congreso sobre el Régimen Jurídico del Menor promovido por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Procuraduría General de la República. Sus trabajos fueron tomados en cuenta para la creación del Consejo Tutelar para Menores, que sustituyó al Tribunal de la materia, fundado casi cincuenta años antes.118

La ley respectiva fue preparada por una comisión constituida por la Secretaría de Gobernación.

8. Actividades internacionales

La Procuraduría patrocinó en marzo de 1975 la realización de un Congreso Internacional de Criminología, celebrado en la ciudad de Querétaro.119 

En el mismo año, declarado Año Internacional de la Mujer, el Jefe del Ejecutivo Federal designó al Procurador General de la República coordinador del Programa de México. Los esfuerzos realizados por nuestro país para alentar la plena igualdad jurídica del hombre y de la mujer, así como la igualdad de oportunidades educativas y laborales, merecieron el aplauso y el reconocimiento de las delegaciones asistentes a la conferencia Mundial, que se celebró en la ciudad de México en el mes de julio. El Procurador General de la República fungió como Presidente de dicha Conferencia.

9. Mejoras materiales

Durante este sexenio fueron remodelados y adaptados todos los pisos del edificio principal de la Procuraduría General de la República, ubicado en San Juan de Letrán No. 9. También se acondicionaron veinte pisos del edifico que el Gobierno Federal proporcionó a la Institución en el Conjunto Pino Suárez  (este edificio sufrió severos daños con el terremoto de 1985 y fue desalojado).

En el aeropuerto de la ciudad de México, se construyeron hangares especiales para la Unidad de Comunicaciones, Transportes e Informática de la Procuraduría con oficinas, talleres mecánicos, laboratorios, almacenes, bodegas y plataformas de estacionamiento. También se realizaron construcciones similares en el aeropuerto de la ciudad de Culiacán.

Se acondicionaron tres pisos y dos terrazas para el Centro Infantil de Desarrollo, a fin de dar un servicio más adecuado.