VII. PERÍODO DEL PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS

Dada la fecha en que entró en vigor la ley de 1934, puede considerarse que su vigencia efectiva se inició en el período cardenista, en virtud de que el cambio de poderes se efectuó el 1º de diciembre de ese año. Durante este período sexenal la Procuraduría General de la República tuvo cuatro titulares: Silvestre Guerrero, Ignacio García Téllez, Antonio Villalobos y Genaro V. Vásquez.**
 

1. Principales funciones de la Procuraduría

Conviene recordar que las funciones más destacadas de la Procuraduría General de la República, en aquella época eran:

a) La facultad exclusiva de investigación y persecución de los delitos federales para determinar si procedía el ejercicio de la acción penal.

b) El Ministerio Público federal tenía bajo su autoridad y mando a la Policía Judicial Federal.

c) El Titular de la Procuraduría actuaba como Consejero Jurídico del Gobierno, facultad inspirada en el Attorney General de los Estados Unidos.65

d) El procurador debía intervenir personalmente en los negocios en que la federación fuese parte; o en los casos en que se suscitasen conflictos entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y la Federación, o entre los Poderes de un mismo Estado.

e) Intervenir como parte actora o demandada o como tercero opositor representando al órgano afectado, en los juicios que se susciten con motivo de la actividad de las autoridades federales, siempre que tales controversias no sean de las mencionadas en el artículo 103 constitucional; pues en éstas, la intervención del Ministerio Público sería la señalada en la Ley Reglamentaria correspondiente.

f) Defender ante los tribunales los intereses económicos de la Federación, a través del Ministerio Público.

g) Auxiliar a la administración de justicia y promover lo necesario para que fuera recta y pronta.


2. Asuntos agrarios

En materia agraria (mayo de 1935), la Procuraduría General de la República sostuvo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis de la constitucionalidad del Decreto No. 228 de Yucatán, relativo al arrendamiento forzoso de equipos para la desfibración de henequén.

Este decreto, que motivó amparos por parte de propietarios de fincas henequeneras, no constituyó una disposición arbitraria, sino atendió la necesidad urgente de llevar adelante la Reforma Agraria. El Presidente Cárdenas no había olvidado la situación agraria de Yucatán, y externaba: “La Revolución quiere que se cumplan firmemente los preceptos agraristas en todo el país...Digo a ustedes, en nombre de la Revolución, que las tierras deberán darse para que ustedes mismos sigan cultivando el henequén”.66 Es de hacerse notar que el problema de los equipos industriales desplazó a un segundo término el reparto de tierras en esa zona.67

La tesis sostenida por los hacendados se apoyaba en que ya se había concedido un amparo a la quejosa Mercedes Castellano Vda. de Zapata. El juez de Distrito lo fundó en la carencia de facultades de la legislatura del Estado de Yucatán para imponer modalidades a la propiedad privada. Además, los hacendados se escudaban en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, al determinar el alcance del artículo 27 constitucional se había sustentado invariablemente el criterio de que, siendo los Poderes de la Unión los órganos por medio de los cuales genuina y constitucionalmente actúa la Nación, ninguna legislatura local podía expedir leyes para imponer modalidades a la propiedad privada, facultad exclusiva del Congreso de la Unión.68

Rebatiendo la tesis de la sentencia del Juez de Distrito, la Procuraduría presentó los siguientes puntos de vista legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“PRIMERO.- El régimen de la propiedad privada, se dijo, ha sido tradicionalmente de la competencia de los Estados y esa tradición ha sido decididamente sancionada en el texto constitucional; 

SEGUNDO.- La propiedad ha sufrido toda clase de restricciones y modalidades por las leyes locales;
TERCERO.- A los Estados no les está prohibido legislar en materia de propiedad privada, materia de derecho civil, como se les prohíben expresamente en el artículo 117, determinadas facultades;

CUARTO.- La competencia no concedida expresamente a los funcionarios federales se entiende reservada a los Estados.”

Finalmente –concluía la Procuraduría-, la jurisprudencia de la Suprema Corte era contraria tanto a la estructura misma de régimen político constitucional, como a la interpretación textual del artículo 27; por tanto, carecía de fundamentos jurídicos, económicos y políticos para señalar que la atribución de los Estados, de imponer a la propiedad privada las modalidades del interés público, constituía una amenaza a la vida constitucional del país.
 

3. La expropiación petrolera

Otra caso de extrema importancia para la Procuraduría General de la República, fue el amparo interpuesto por varias compañías petroleras contra el laudo pronunciado  por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el conflicto económico que planteó a esas compañías el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

En 1936 y apoyados por el gobierno, todos los sindicatos privados se agruparon, constituyéndose el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Como consecuencia de esta alianza, se exigió un contrato colectivo que tuviera ventajas económicas y sociales. Don Jesús Silva Herzog dice al respecto: “las compañías estuvieron de acuerdo, en principio, en celebrar ese contrato con sus trabajadores, pero no lo estuvieron en cuanto al monto de las prestaciones económicas y a las demandas de otra índole que el proyecto inicial exigía”.69

Al verse presionadas, las compañías decidieron ofrecer catorce millones de pesos a los obreros para poner alto a los conflictos. Sin embargo, aquéllos decidieron continuar la huelga y plantear a la Junta Federal del Conciliación y Arbitraje un conflicto de orden económico, obligándola a designar peritos para analizar las condiciones financieras de las empresas afectadas y rendir un informe que aclarara si era factible o no acceder, parcial o totalmente, a lo solicitado. Asimismo requirieron un dictamen sobre la manera de resolver las dificultades existentes.70

En suma: el 7 de junio de 1937, el Sindicato hizo una demanda en vía de conflicto de orden económico, pidiendo implantación de nuevas condiciones de trabajo, aumento de salario, y el pago de salarios caídos durante la huelga. El 18 de diciembre del mismo año la Junta dictó un laudo admitiendo que existía un desequilibrio entre trabajadores y patrones, declarando que éstos se encontraban en posibilidad de aumentar los salarios a los trabajadores hasta por la suma de $26,372.756. Apuntó que también debían satisfacer los demás pedimentos de trabajo estipulados en la demanda.

Inconformes con el laudo dictado, las empresas petroleras recurrieron al amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que el Ministerio Público Federal interpuso su pedimento, solicitando se les negara.

Los fundamentos legales en que se basó la Procuraduría General de la República fueron:

Las empresas quejosas argumentaban que no se habían cumplido los trámites que señalaban los artículos 535,536 y 539 de la Ley del Trabajo, contra lo cual la Procuraduría sostenía que el concepto de violación era injustificado, pues estando sujeta la tramitación de los conflictos de orden económico, como el ventilado por la Junta, (instaurado por el Sindicato de Petróleos en contra de las empresas quejosas) a procedimiento especial (tal como lo establecían los artículos 570 y 583 de la Ley Federal del Trabajo), no tenían aplicación dentro del mismo las disposiciones que se decían inaplicadas, y que se referían al procedimiento ordinario al que aludía el Capítulo 4 Título IX de la misma Ley. Por tanto, las afirmaciones de las empresas quejosas en este amparo carecían de apoyo legal. No se les había causado agravio de ninguna especie ni existía la violación de garantías que reclamaban.71

Con motivo de la expropiación petrolera las consideraciones jurídicas expresadas por la Procuraduría en el juicio de amparo interpuesto por compañías petroleras, reclamando la Ley de Expropiación de 1936 y el Decreto de 18 de marzo de 1938, relativo a la expropiación por causa de utilidad pública de los bienes de su propiedad, fueron las siguientes: las compañías interpretaban el  contenido del artículo 27 Constitucional restringiendo su alcance a los bienes inmuebles, por lo que la Procuraduría señalaba que la interpretación era equivocada. Es decir: la expropiación no podía referirse exclusivamente a las tierras y a las aguas –o en términos genéricos a los inmuebles-, como tales, sino siempre que el interés público la reclamara, en todos los casos en que el titular de un derecho de propiedad ejercido sobre cualquier bien, hiciera mal uso de él, en perjuicio de la colectividad, procedía la expropiación. A tal facultad no existía ninguna limitación sin importar los bienes que fuesen objeto de ella, resultando antijurídico sostener puntos de vista contrarios.

Además, la Procuraduría argumentaba que era inexacto que el Decreto del 23 de noviembre de 1936 confundiera los casos de utilidad pública con el interés público, y que fueran violatorios de las garantías, ya que a la utilidad pública sólo correspondía la expropiación, mientras que al interés público quedaba reservado el imponer modalidades a la propiedad privada. Por cierto que, jurídicamente, no podía considerarse que los casos de utilidad pública fueran contrarios a los casos de interés público, toda vez que no existía limitación precisa que los separase.

En el procedimiento de expropiación de los bienes de las compañías petroleras, la actitud legal de la Procuraduría se debió a que las compañías entorpecieron la aplicación de las leyes correspondientes, así como a la interposición de obstáculos para que les fuera otorgado el pago de indemnización (previo avalúo de los bienes expropiados). De aquí que el Presidente Cárdenas girara instrucciones para que la Procuraduría General ejercitara ante los Tribunales competentes la acción conducente a que los bienes expropiados se valorizaran.72

4. Asuntos laborales

En cuanto a la aplicación de leyes de trabajo, la Procuraduría General sostuvo, entre otras, las siguientes tesis:

Primera.- La indemnización por riesgo profesional no caducaba con la muerte del trabajador. Tratándose de enfermedades profesionales catalogadas en la Ley del Trabajo, presumiblemente adquiridas por el obrero en el desempeño de su oficio, la indemnización a que tenía derecho debía favorecer a sus deudos con sólo demostrar que había efectuado en vida una declaración reconociendo la existencia de la enfermedad.

Segunda.- En cuanto a la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, la Procuraduría sostuvo que la revisión de los convenios celebrados sobre los riesgos profesionales sujetos a indemnización, no constituía obstáculo para que el trabajador reclamara el pago de la misma con posterioridad a la fecha del convenio, en virtud de que se trataba de derechos irrenunciables sobre los que no pueden transigir ni los propios trabajadores.

Tercera.- Sobre el salario mínimo la Procuraduría sostuvo como válida la fijación del salario mínimo según la clasificación de los trabajadores en diversas categorías, estimando que establecer un tipo de salario, único sancionaba una desigualdad.73

5. Modificaciones legislativas

En este período la Procuraduría contribuyó a la elaboración de importantes proyectos de ley, tales como:

a) La Ley de Responsabilidades los Funcionarios Públicos de fecha 30 de diciembre de 1939, publicada en el Diario Oficial el 21 de febrero de 1940. Esta es la primera ley reglamentaria en la materia de nuestra Constitución vigente.

b) Otra ley dictada en este período fue la de Amnistía para reos políticos. Esta ley fue preparada por la Procuraduría para tratar de liquidar todos los motivos de distanciamiento entre los miembros de la familia mexicana. Su motivo fundamental fue atraer al seno de la Patria a multitud de mexicanos que se encontraban prófugos, sufrían prisión, o estaban amenazados por las penas a que se habían hecho acreedores por la comisión de delitos de carácter político (Es de hacerse notar que en el año de 1922, existían en curso, 3,841 averiguaciones que comprendían a más de diez mil individuos).

c) Respecto a la libertad de ideas, el Presidente Cárdenas giró a la Procuraduría un acuerdo cuya finalidad era garantizar la libertad de pensamiento y prensa, relevando de responsabilidad a quienes hicieran críticas sobre el funcionamiento del régimen.


6. Actividades contra el narcotráfico

La Procuraduría emprendió la lucha contra el mas social de tráfico de enervantes, tratando de impedir tanto la siembra como las importaciones de drogas. Además inició pláticas con los Jueces de Distrito en el Distrito Federal con el objeto de que, en determinados casos y según la responsabilidad del presunto responsable, se consideraran las consecuencias del delito, a fin de que no se concediera al culpable la libertad caucional. Ello, fundándose en lo dispuesto en el artículo 399, del Código Federal de Procedimientos Penales.

La obra que desarrolló la Procuraduría General de la República siempre se circunscribió a los lineamientos generales del Plan Sexenal del general Lázaro Cárdenas, en enlace con lo determinado en la Constitución Política del país, en la Ley Orgánica, en sus reglamentos y circulares que fueron dictadas.