XII. PERÍODO DEL PRESIDENTE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ

El Presidente licenciado Gustavo Díaz Ordaz, nombró Procurador General de la República al licenciado Antonio Rocha, primer subprocurador al licenciado Fausto Acosta, y al Licenciado David Franco Rodríguez segundo subprocurador.

Al frente de la Dirección General de Averiguaciones Previas quedó el licenciado Manuel Rosales Miranda, y como Jefe de la Policía Judicial federal el Gral. Ramón Jiménez Delgado.

Más tarde, por medio de un acuerdo fechado el 17 de febrero de 1967, el Presidente designó como subprocurador Primer Substituto al licenciado Julio Sánchez Vargas, carácter con el cual se encargó del despacho de la institución, en virtud de que el licenciado Antonio Rocha Cordero fue nominado candidato a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí.

El 21 de febrero de 1968, por acuerdo presidencial, el licenciado Julio Sánchez Vargas fue nombrado Procurador General de la República. Asimismo los licenciados David Franco Rodríguez y Manuel Rosales Miranda fueron investidos con los cargos de primero y segundo Subprocuradores, respectivamente, y al licenciado Fernando Narváez Angulo se le designó Director General de Averiguaciones Previas y Jefe de la Oficina Central de Interpol, a partir del 2 de mayo de 1968.

1. Asuntos agrarios

Una de las primera medidas tomadas por esta administración para protección de los trabajadores del campo, fue la creación de una oficina, dependiente de la Dirección General de Averiguaciones Previas, integrada por agentes del Ministerio Público Federal especializados en materia agraria, con objeto de atender sus problemas jurídicos.

La creación de esta oficina se originó en la preocupación del ejecutivo para evitar que los conflictos del campo repercutieran en la producción rural.

La actividad prioritaria de este organismo consistió en requerir a las autoridades que intervienen en la aplicación de la Ley Agraria, para que atendiesen con la debida prontitud los asuntos agrarios y forestales.

Sólo en casos excepcionales se procedió mediante el ejercicio de la acción penal. En la mayoría de los casos se trató de acudir al convenio, y a la asesoría de los interesados para la resolución de sus problemas. En esta forma se resolvieron las invasiones de pequeñas propiedades por ejidatarios, la invasión de ejidos por particulares, el despojo de parcelas por parte de los comisariados ejidales, la invasión de terrenos ejidales por ejidatarios y el “paracaidismo”.

Desde los días iniciales de organización de la Oficina de Asuntos Agrarios y del establecimiento de las primeras Agencias Federales especializadas en la materia, el Procurador General de la República advirtió que: “conforme al postulado agrarista del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, dentro de las atribuciones de la institución en estudio, se precisa atender en forma honesta y eficaz las quejas y denuncias que presenten los productores rurales”. A tal efecto se crearon agencias especiales en las principales regiones donde ocurren conflictos agrarios. Previamente a esta transformación administrativa, se procedió a formular una estadística judicial prestando la debida atención a datos proporcionados por la Suprema Corte de Justicia, Agencias del Ministerio Público Federal, y Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.

2. Campaña contra la deforestación

Durante el sexenio 1964-1970 se puso particular énfasis en la campaña contra la explotación ilegal de los bosques, realizándose diversas acciones para combatir la destrucción de la riqueza forestal del país.101

3. Protección del patrimonio histórico y artístico

La protección del patrimonio histórico y artístico del país ha sido una tarea importante de la Procuraduría General de la República. En distintas administraciones se observa el interés por mantener acciones efectivas en contra de actos delictuosos que pudieran afectar este patrimonio, particularmente en lo relativo a piezas o monumentos arqueológicos. En el año de 1965, el 7 de agosto, se expidió una circular en la que se instruía al Ministerio Público sobre las averiguaciones previas en esta materia.102

4 Conflicto médico

La Procuraduría General de la República no intervino directamente en el conflicto médico que se suscitó a principios de 1965. Sin embargo, en boletín de 15 de enero del mismo año, el Procurador se refirió a este conflicto invitando a las partes —médicos y autoridades— a que, renunciando a toda medida coactiva, realizaran un esfuerzo que permitiera un acuerdo satisfactorio y demostrara la buena voluntad y el patriotismo de quienes estaban involucrados en este asunto.103

5. Caso “Los hijos de Sánchez”

El 11 de febrero de 1965, la junta directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, presentó una denuncia acusando al escritor norteamericano Oscar Lewis de haber escrito un libro obsceno y denigrante para nuestro país, intitulado “Los Hijos de Sánchez”, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el mes de agosto de 1964. Se tachó al autor de emplear un lenguaje soez y obsceno, describir escenas impúdicas, y emitir opiniones calumniosas, difamatorias y denigrantes contra el pueblo y el gobierno de México. La Procuraduría General de la República estudió el caso, y en un dictamen formulado por el Procurador General, dentro de la averiguación previa No. 331/965 que se abrió con motivo de la denuncia indicada, se resolvió confirmar la resolución dictada el 29 de marzo de ese mismo año por el Director General de Averiguaciones Previas, en que declaraba no haber delito que perseguir. El Ministerio Público se abstuvo en definitiva de ejercitar acción penal en dicha averiguación previa.104

6. Caso Merino

 En relación al caso del ingeniero Jaime J. Merino que atrajo considerablemente el interés de la opinión pública, la Procuraduría General de la República dio a conocer el 24 de marzo de 1965 un comunicado en el que refería que la solicitud de extradición, formulada el 2 de marzo de 1960 por la Procuraduría General de la República a las autoridades judiciales federales de Estados Unidos, fue denegada. Estimaban éstas que la petición mexicana estaba legalmente fundada, pero dado que la decisión final en estos casos no correspondía a los tribunales sino al Poder Ejecutivo, la apreciación del Secretario de Estado norteamericano para negar la extradición, resultaba definitiva105 el narcotráfico

Durante muchos años y ocupando un lugar destacado en las labores de la Procuraduría General de la República se han realizado acciones en contra del narcotráfico. En 1965 México presentó un amplio informe ante la Comisión Internacional de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en cumplimiento de los tratados internacionales en dicha materia. En él se observan las diferentes acciones y medidas tomadas por nuestro país en contra de la producción y tráfico de estupefacientes.106

7.1 Ratificación de la Convención Única sobre Estupefacientes

El Gobierno de México participó en la conferencia convocada por la ONU a principios del año de 1961 para la aprobación de una convención internacional que, tomando en cuenta los progresos de la ciencia y los adelantos sociales, codificara en un solo instrumento las disposiciones de los tratados anteriores. Después de tres meses de sesiones se adoptó la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.

Aprobada la Cámara de Senadores, el Ejecutivo Federal ratificó esta convención el 17 de marzo de 1967 y entró en vigor el 19 de mayo de 1967. El texto se publicó en el Diario Oficial de 31 de mayo de 1967.107 

7.2 Reformas al Código Penal en materia de estupefacientes

Durante el período ordinario de sesiones del Congreso de la unión correspondiente a 1967, se aprobaron diversas reformas y adiciones a los artículos 85, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 199 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales y se modificó el nombre del capítulo que contiene tales disposiciones. Las reformas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1968. La reforma elevó la penalidad de estos ilícitos. El entonces procurador, licenciado Julio Sánchez Vargas, sustentó una conferencia al respecto en la Universidad de Guadalajara, el 8 de febrero de 1969, misma que reproducimos en el anexo documental.

7.3 Pláticas informales entre México y Estados Unidos de América

En 1965 se efectuaron las segundas pláticas informales entre representantes de los gobiernos de México y los Estados Unidos de América, con objeto de mejorar la cooperación entre ambos gobiernos para el combate de la producción y tráfico de estupefacientes. Estas pláticas se realizaron del 8 al 10 de junio de 1965.

Del 9 al 11 de junio de 1969, se sostuvieron en esta capital las cuartas pláticas informales bilaterales México-Estados Unidos de América, en materia de estupefacientes y otras drogas peligrosas. A nombre del gobierno de México, las pláticas fueron inauguradas por el licenciado Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República. En la crónica de este acontecimiento se manifestó preocupación por el aumento notable de la producción clandestina de estupefacientes. Los participantes intercambiaron información detallada sobre los problemas relacionados con este tema en ambos países. Se llegó al acuerdo de que las autoridades competentes de cada gobierno recomendarían un aumento en la vigilancia a lo largo de la frontera, y ambas delegaciones expresaron su satisfacción con el examen íntegro de las medidas de fiscalización.108

7.4 La operación Interceptación

En el año de 1969, el 20 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos implantó rigurosas medidas de inspección a lo largo de la frontera con México mediante la llamada Operación Interceptación. A ella se refirió el Presidente Díaz Ordaz en su informe del 1º de septiembre de 1970, en los siguientes términos:

“Las rigurosas medidas de inspección implantadas el 20 de septiembre de año anterior por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a lo largo de la frontera con México mediante la llamada «Operación Interceptación», interrumpieron bruscamente la cooperación espontánea y amistosa desarrollada entre los dos países desde el año de 1949, para combatir el contrabando de estupefacientes.

 “La Operación no sólo provocó trastornos, demoras e irritaciones en la frontera, por el carácter excesivo y, en ocasiones ofensivo para nuestros nacionales, de algunas medidas tomadas, sino que ensombreció, con la mayor amenaza de los últimos años, las relaciones de amistad y comprensión entre los dos países.

 “Con firme ecuanimidad afrontamos el problema, y el Gobierno de Estados Unidos de América, tras los primeros días de proceder unilateralmente, también se esforzó, como nosotros, para llegar a la firma del convenio administrativo del 10 de octubre de 1969, mediante el que sustituimos la «Operación Interceptación» y acordamos continuar, en interés de ambos, la lucha contra la producción, tráfico y consumo ilícito de estupefacientes. El Gobierno del vecino país se comprometió a modificar sus procedimientos de inspección y México confirmó su propósito de intensificar su propio programa contra esas criminales actividades que tanto daño ocasionan a la humanidad y, en los últimos tiempo, principalmente a la juventud.”

7.5 Reuniones intergubernamentales México-Estados unidos de América

Entre el 9 y 11 de marzo de 1970 se reunieron delegaciones de los gobiernos de México y los Estados Unidos de América, para celebrar pláticas bilaterales sobre el control del tráfico ilícito de estupefacientes como mariguana y drogas peligrosas.

En esas reuniones las delegaciones consideraron los informes del grupo conjunto de trabajo México-Estados Unidos que se estableció de común acuerdo durante las pláticas sostenidas en octubre de 1969. El informe de este grupo conjunto estaba fechado a 12 de diciembre de 1969, y en él se expresaban diversas recomendaciones para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes.

En agosto de 1970 se entrevistaron los presidentes Díaz Ordaz de México y Nixon de Estados Unidos, y en el comunicado conjunto que se emitió se refirieron a la determinación de suprimir el tráfico internacional ilegítimo de mariguana, estupefacientes y drogas peligrosas, nocivo para el bienestar de ambos países. Con motivo de esta reunión también se produjo una declaración conjunta de los Procuradores Generales de cada una de las dos naciones.109

7.6 Campaña contra la siembra y el tráfico

La acción en contra de la producción y tráfico ilícitos de estupefacientes abarcaba, además de las acciones de destrucción de plantíos, detección y destrucción de laboratorios, las relativas a las medidas legislativas para combatir estos delitos. En la Memoria de la Procuraduría General de la República de 1969-70 se hace referencia a la evolución legislativa mexicana en materia de delitos contra la salud, hasta ese año:

"En la pugna constante para el mejoramiento de nuestra raza, son concurrentes todas las actividades intelectuales y sociales; una de las más importantes es la lucha permanente contra el consumo de estupefacientes y otras drogas peligrosas, la cual en la temporalidad de diversos regímenes se ha desarrollado en el país con la preocupación latente de perfeccionamiento paralela siempre a la presencia de instrumentos legislativos acordes a tratados internacionales de los que somos parte, para basar en seguridad legal la tarea de las instituciones a las cuales se ha confiado la delicada comisión de campaña y medidas represivas continuas en la lucha contra el tráfico ilícito, el cultivo y las demás modalidades del delitos contra la salud.

“El proceso legislativo al respecto tiene su primer antecedente en el Código Penal de 1871, reglamentación que por jerarquía cronológica inspiró la Ley Penal de 1929, que con modificativas provenientes del adelanto en la investigación en bien de la salud y la influencia de nuevas técnicas, plasma en el Código Penal de 1931 un capítulo que consigna medidas punitivas drásticas para los infractores en esta especie delictiva, considerando ya en su contenido como conducta ilícita el comercio, la elaboración, la posesión, la compra, la ministración gratuita y, en general, los actos de adquisición suministro o tráfico de drogas enervantes fuera de los casos autorizados por el Código Sanitario; este dispositivo legal contenía penas de seis meses a siete años y de seis a diez años de prisión, considerando fundamentalmente para tal simetría punitiva, la calidad del sujeto activo del delito, imponiendo las más severas a los que lo cometiesen valiéndose de su condición de comerciantes, farmacéuticos, boticarios y médicos.

“En el decurso posterior, hay otra reforma publicada en el mes de diciembre de 1947; pero la que en forma definitiva viene a dar a nuestra codificación la fisonomía técnico-jurídica, idónea al objetivo actual de combatir con todos los medios a nuestro alcance el delito contra la salud, es la publicada el día 8 de marzo de 1968, con una serie de innovaciones legislativas que reflejan la inquietud constante de alejar el peligro social que significan estos ilícitos, actualizando el uso de la terminología aprobada internacionalmente al respecto y dedicando especial atención a la identificación de cada una de las modalidades del delito para, mediante la cuantificación adecuada de las penas, hacer más eficaz la función represiva.

“Debemos considerar como antecedente importante de esta medida legislativa, entre otros factores, la intención permanente de no interrumpir la conducta de tratados internacionales de los que somos parte, principalmente la Convención Única de Estupefacientes de 1961, así como los convenios bilaterales celebrados o por celebrarse con países que comparten fronteras con el nuestro; es necesario destacar que México siempre ha dispensado particular importancia al aspecto de participación internacional en esta materia; con esa sistemática ha sido parte en la mayoría de tratados celebrados al respecto, entre otros la Convención Internacional del Opio suscrita en La Haya el 23 de enero de 1912, el Acuerdo Internacional respecto al comercio interno y al uso del opio preparado, firmado en Ginebra el 11 de febrero de 1922, las Convenciones del 13 de enero de 1931 y 26 de junio de 1936 también en Ginebra y relacionadas con la fabricación y distribución de enervantes, el protocolo de Lake Success, el 11 de diciembre de 1946; el de París el 19 de noviembre de 1948, y otras subsecuentes en orden temporal ya abrogadas en su mayoría, hasta llegar a formar parte de la precitada Convención Única de Estupefacientes, adoptada en la ciudad de Nueva York, el día 30 del mes de marzo de 1961, que hasta la fecha sirve de base a los sistemas legislativos de la mayoría de países que como el nuestro confrontan el problema de la lucha contra los estupefacientes.

“Es inobjetable que el esquema de trabajo legislativo coordinado con el resultado de acuerdos internacionales y el cumplimiento de las obligaciones contraídas en esos tratados, no solamente fomenta el esfuerzo común para la erradicación de los estupefacientes y otras drogas peligrosas, sino además incrementa la investigación que en nuestro medio es fundamental para la constante evolución de sistemas y métodos adecuados que arrojen resultados positivos en la campaña permanente; por esta razón la oportuna revisión de nuestras leyes punitivas es tarea que canaliza los ideales y el esfuerzo a un mismo fin, bajo clima de constitucionalidad, desde luego siempre que la innovación legislativa sea con estudios racionales de la materia, del medio, de las condiciones actuales de comisión delictiva en la especie y tomando en cuenta calidad, preparación y antecedentes del sujeto activo del delito; es evidente que esta situación se observa con claridad en la reforma del Código Penal.

“También podemos establecer como factor de la modificativa legal el estímulo y las experiencias del resultado de las campañas contra el cultivo, tráfico y uso ilícito de drogas en nuestro país, que han arrojado desde hace más de seis años a la fecha, cifras halagadoras en cuanto a destrucción de plantíos y decomisos, sin contar las autoridades represivas con todos los recursos indispensables para una tarea de esta naturaleza.

“Los aspectos importantes de esta última innovación legislativa penal son, como ya señalé, la introducción de terminología jurídica concordante, no solamente con nuestra legislación sanitaria en vigor sino también con las convenciones internacionales; por ejemplo, la reforma excluye la expresión “en materia de enervantes” cambiándola por la de “en materia de estupefacientes”; al respecto cabe notar que hasta fines de la cuarta década de este siglo, era común la nomenclatura legal de enervantes, drogas heroicas y otras denominaciones, no solamente en las leyes locales y sanitarias, sino también en las convenciones internacionales; el término de estupefacientes aparece por primera vez en nuestro medio legal en el Código Sanitario de 31 de diciembre de 1946, y su inclusión, por la aceptación internacional y por la relación concurrente que debe existir entre nuestras legislaciones penal y sanitaria, era inaplazable.

“También destaca en la reforma la separación de algunas modalidades del delito contra la salud, con la finalidad inmediata de cuantificar la penalidad en forma racional respecto de cada una de ellas; por ejemplo excluye de la fracción II del artículo 194, la siembra, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis resinosa, especificando en cuanto a estos actos una sanción menos drástica que las señaladas para otros actos con estupefacientes, es decir, conserva proporcionalmente para aquellos las penas vigentes en el Código a revisión, tal vez tomando en cuenta el legislador que esos actos generalmente son realizados en los medios rurales y por gente engañada por traficantes que aprovechan sus condiciones de ignorancia.

“El término cannabis resinosa, también nuevo en el Código, se emplea para diferenciar esta especie de otros vegetales, que aun perteneciendo al género de cannabis no son conceptuados como estupefacientes por carecer de resinas; esto desde luego es acorde al contenido del artículo Primero de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961.

“Es interesante observar también que la reforma al artículo 195 del Código Penal en general aumenta las sanciones corporales y económicas y subsana una omisión en la ley cuando penaliza específicamente el transporte de substancias clasificadas como estupefacientes y la cosecha de la planta de la misma naturaleza, modalidad que no fue considerada por el Código de 1931.

“Esta ausencia legal había sido suplida en la práctica por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia al artículo 194 del Código Penal, sustentando el criterio de que el delito contra la salud en su modalidad de tráfico de enervantes abarca tanto el comercio y el transporte de la droga, como en general todos los movimientos por los que se hace pasar el estupefaciente al realizar el ilícito.

“La inclusión de estas modalidades era indispensable, en primer lugar, porque ya están consideradas como delictivas en nuestras leyes sanitarias y en los tratados internacionales y, en segundo, para no dejar su tipificación sujeta a las modificaciones que pudiera sufrir una tesis de jurisprudencia.

“Otra situación notoria es la adición de un párrafo al artículo 197 del Código Penal que equipara penas señaladas para los sujetos activos del delito contra la salud, a la conducta del funcionario o empleado aduanal que permita la introducción o la salida del país de estupefacientes sin los requisitos legales, imponiendo una penalidad corporal de seis a quince años de sanción pecuniaria consistente en multas de tres mil a treinta mil pesos.

“Con excepción de la consideración a la clase rural utilizada muchas veces por su ignorancia para el cultivo de estupefacientes, en general el legislador aumentó el monto de las penas, como la última que cito, siendo tangible que la intención al reglamentar esa modalidad considera la obligación fundamental de esas personas como autoridades para impedir la realización de tales actos, sabedores perfectamente de su ilegalidad; su intervención, tolerancia o complicidad en su comisión los coloca como responsables del delito contra la salud con penalidad más drástica que la señalada para el delito de contrabando.

“Es evidente por las consideraciones anteriores que nuestra Ley Penal actual, en su capítulo de delitos contra la salud, canaliza el pensamiento del legislador a la tarea permanente de combatir el uso y el tráfico de los estupefacientes; sin embargo, creemos que es incompleta, ya que no sólo en nuestro medio sino en el panorama internacional día a día se generaliza el consumo de substancias tóxicas diferentes a las que enumeran nuestras legislaciones sanitarias y punitivas; tales drogas peligrosas denominadas sicotrópicas exigen por su aceptación alarmante, principalmente dentro del medio juvenil, la reglamentación adicional respectiva, con sanciones equiparadas en drasticidad a las impuestas a los actos cometidos con estupefacientes”.110 

En 1970 el país se contrataba dividido en cinco zonas para efecto de la campaña contra el narcotráfico. La zona 1 comprendía los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango; la zona 2, Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Colima; la zona 3, Michoacán, la zona 4, Guerrero y Oaxaca; y la zona 5, Nuevo León. Se incrementaron las aeronaves disponibles para esta campaña, con la compra de tres helicópteros.

8. Acciones contra publicaciones obscenas

Durante este período se realizaron diversas actividades en contra de las publicaciones obscenas que configuraban el delito de ultrajes a la moral pública. Es interesante constatar que se dedicó a este tema una extensa circular, la número 7 de 1967. Contenía los fundamentos correspondientes desde la Constitución de Apatzingán, una amplia argumentación jurídica, apéndices que incluían los artículos constitucionales, la Ley de Imprenta, diversas disposiciones de carácter penal y reproducía por último la Convención Internacional para la Represión de la Circulación y el Tráfico de Publicaciones obscenas.111

9. 1968: hechos de Tlatelolco

La Memoria de la Procuraduría General de la República correspondiente al período septiembre de 1968 a agosto de 1969, da cuenta de las averiguaciones previas que se abrieron por los delitos de sedición, asociación delictuosa, incitación a la rebelión  y otros, con motivo de las denuncias formuladas por diversas policías del Distrito Federal, en relación con los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. El Ministerio Público Federal inició la investigación, consignando las averiguaciones previas correspondientes a ciento cinco personas detenidas, de las cuales cuarenta y cinco obtuvieron su libertad por desistimiento de la acción penal total o parcial. A la fecha de la Memoria (agosto de 1969), sesenta personas se encontraban bajo los efectos jurídicos del auto de formal prisión, dictado contra ellas con motivo de estos acontecimientos.112 En 1972, veintisiete personas que aún se encontraban en prisión por delitos relacionados con estos hechos fueron liberadas por desistimiento del Ministerio Público o en libertad bajo protesta.

10. Auxilio en inundaciones

Los servicios aéreos de la Procuraduría prestaron una eficaz colaboración durante el mes de septiembre de 1968, auxiliando a los damnificados de las graves inundaciones ocurridas en los estados de Coahuila y Durango. Las aeronaves  transportaron víveres, medicinas, médicos y enfermeras y trasladaron a los hospitales a gran número de damnificados:

En el mes de abril, en Hidalgo, durante un vuelo de la campaña contra la deforestación, fallecieron el jefe de los servicios aéreos de la Procuraduría, Capitán Primero F.A.P.A. Luis Young Orozco, así como el Procurador de Justicia del Estado de Hidalgo, licenciado Isaac Pérez y el Teniente Coronel, Jefe de Seguridad del Estado de Hidalgo, Carlos Castelán Canales.

En 1969 se registraron fuertes inundaciones en los Estados de Veracruz, Oaxaca y Colima. En el mes de octubre los servicios aéreos de la Procuraduría ayudaron a socorrer a la población de Veracruz, que sufrió los efectos de dichos fenómenos. En septiembre del mismo año los helicópteros de la Procuraduría ayudaron en el salvamento de pobladores de Oaxaca, también afectados por las inundaciones. Igualmente auxiliaron por las mismas fechas a la población del Estado de Coahuila.113

11. Interpol

Del 13 al 19 de octubre de 1969 se celebró en la sala de conferencias del Seguro Social de la capital de la República, la XXXVIII Reunión de la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol.

12. Desvíos de aviones comerciales

Durante el lapso  que analizamos, la Procuraduría General de la República intervino en las averiguaciones derivadas del desvío de aviones comerciales de su ruta, como los ocurridos el 26 de julio de 1969 en Minatitlán, Veracruz, el 24 de mayo de 1970, en Mérida y el 25 de julio de 1970, en Acapulco. Las ciudades mencionadas indican el lugar del que había despegado el avión desviado.

13. Política en materia de amparo

La preocupación de la Procuraduría General de la República por ejercer de manera adecuada las funciones que en materia de amparo se le atribuyen, ha estado presente a lo largo de muchos años. Prueba de ello es que el 25 de enero de 1965 el Subprocurador, licenciado Fausto Acosta Romo, emitió una circular en la que hacía notar a los agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados de Distrito, la importancia de sus pedimentos en los juicios de amparo. En la misma, daba lineamientos respecto a la manera de formularlos señalando, entre otras cosas, que cada pedimento debía entenderse y comprenderse sin necesidad de recurrir a los autos del juicio; que debía contener un planteamiento del problema a resolver con una argumentación razonada y fundada, proponiendo una iniciativa de solución. Asimismo, que pudiendo coincidir o no con los de las otras partes del juicio, el punto de vista del Ministerio Público se obligaba a contemplar prioritariamente el interés público, los derechos de la sociedad o las conveniencias del Estado, dentro del orden constitucional.