XVII. PERÍODO DEL PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN


  El primero de diciembre de 1994 tomó posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y nombró como Procurador General de la República al licenciado Fernando Antonio Lozano Gracia, quien estuvo en el cargo hasta el 1o. de diciembre de 1996 y fue sustituido por el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar.

 

I N T R O D U C C I Ó N

El México de nuestros tiempos requiere inaplazablemente de un acelerado desarrollo de sus instituciones públicas, primordialmente de su sistema de justicia, el cual ha sido objeto desde diversos ámbitos, de constantes reclamos para adecuarlo a la hora en que se vive y, sobre todo, para abatir la impunidad, corrupción e ineficacia, que afectan la armonía social en los que el país se encontraba inmerso.

Desde el inicio de su administración, el Ejecutivo Federal pugnó por satisfacer el reclamo de justicia que demanda la sociedad. Por ello, fue propuesta y posteriormente aprobada la reforma constitucional que se propone transformar profundamente al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Federación. Esta reconcepción de las dos más importantes instituciones públicas de nuestro sistema de justicia, tiende a garantizar que todos, sin distingo alguno, accedan fácilmente a la impartición de justicia digna, expedita y honesta que requieren, para impedir actos de impunidad y corrupción que tanto alarman y lastiman a la conciencia social, pero sobre todo, para que el imperio de la ley sea el que establezca las directrices de la vida nacional.

La procuración de justicia es una función primaria e indelegable del Estado; su eficiente cumplimiento otorga a la ciudadanía garantías plenas y propicia la convivencia armónica y el progreso social; su ausencia o deficiente desarrollo da como resultado la creación de un clima de inestabilidad social y la consecuente inseguridad pública.

Fue así como el Ejecutivo Federal, atendiendo a los principios sociales y democráticos del Estado de Derecho, procedió a dar vida a las constantes y sentidas peticiones que se manifestaron por los distintos sectores sociales.

El Presidente de la República, en estricta observancia de lo dispuesto en los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 12, 16, 20 y 22 de la Ley de Planeación, encomendó a la Procuraduría General de la República la coordinación y verificación de los Foros de Consulta Popular sobre Procuración y Administración de Justicia, a nivel nacional.

Se verificaron nueve foros de consulta popular, atendiendo a un criterio de regionalización, que permitiera el fácil acceso a estos al mayor número de participantes.

Se contó con una asistencia aproximada de 2,515 personas, en donde fueron expuestas 339 ponencias relativas a la temática previamente señalada. Se recibieron importantes aportaciones e inquietudes sobre el quehacer Institucional y el ámbito de la Administración de Justicia, de entre las que destacan: el fortalecimiento del Estado de Derecho; el combate a la impunidad y al crimen organizado, referido preponderantemente al fenómeno del narcotráfico; la moralización de los servidores públicos encargados de estas áreas, con el claro interés de terminar con actos de corrupción; una adecuada profesionalización con la finalidad de establecer el servicio civil de carrera; una mayor eficiencia en el servicio público prestado; una reforma penal integral que permita contar a la Nación con leyes que garanticen un irrestricto respeto a los derechos humanos; procedimientos más ágiles en la administración de justicia; también se enfatizó sobre la crisis de confiabilidad en la que actualmente se encuentran los órganos comprometidos en procurar y administrar justicia.

Dichos foros de consulta popular dieron como resultado el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, mismo que en lo futuro regirá el destino de la República, al establecer un proyecto de Nación, basado en el expedito acceso a la justicia, el vivir en plenitud en un país de leyes, pero sobre todo llegar a la comprensión de que el Estado de Derecho tiene como premisa mayor, el concebir al hombre como un fin en sí mismo y que la procuración y administración de justicia debe realizarse para beneficio de los hombres y mujeres mexicanas.

Las actividades desarrolladas durante el período que se informa, son abordadas atendiendo a los compromisos establecidos en el apartado 2 del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, denominado "Por un Estado de Derecho y un país de leyes", en lo relacionado con la esfera competencial de la Procuraduría General de la República.

Este informe da cuenta de las acciones que la Procuraduría General de la República ha llevado a cabo, a fin de que cumpla con las obligaciones impuestas por la ley y esté a la altura de los reclamos actuales de la sociedad.

 

1. REFORMA JURÍDICA

1.1 Introducción

Preocupación fundamental de la presente Administración es fortalecer el Estado de Derecho, a fin de garantizar la vigencia y cumplimiento de la norma y restablecer la credibilidad en las instituciones, como base de una convivencia social civilizada, armónica y pacífica de los mexicanos. Frente a tal reto, en diciembre pasado se emprendieron reformas constitucionales, que ponen en marcha una profunda transformación de nuestro sistema de Impartición de Justicia, del Ministerio Público Federal y que establecen las bases para el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el marco de la atención integral al fenómeno de la delincuencia.

1.2 Reformas Constitucionales

En materia de reforma jurídica, fueron modificados 26 artículos constitucionales; los nuevos textos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en el mes de diciembre de 1994, dando inicio al proceso de reestructuración del Sistema Nacional de Justicia.

Destacan por su importancia, las reformas a los artículos 21 y 73, que disponen de la coordinación y vinculación de todas las instancias que intervienen en la prevención y combate a la delincuencia.

En el artículo 21 de la Norma Suprema se dispuso a la letra que "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez."

Se dispuso también que "La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública."

Asimismo, el reformado artículo 73 de la propia Constitución determinó la facultad del Congreso de la Unión "Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, la selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal."

En lo que a procuración de justicia se refiere, con la reforma se consolidó la función de la Procuraduría General de la República como protectora de los interese de la Federación, se fortaleció su carácter de representante de la sociedad y su capacidad para perseguir los delitos. Se modificó el sistema de designación del Procurador General de la República, haciéndose necesaria la ratificación del Senado. La reforma previó, también, la creación de un recurso ante las autoridades jurisdiccionales para controlar la legalidad de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal.

En cuanto a la seguridad pública, el nuevo texto constitucional sentó las bases de un Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios deberán garantizar una política coherente en la materia. Entre otros elementos, se prevé la integración de un sistema nacional de información sobre delincuentes y cuerpos policiales; la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en la prevención y el combate a la delincuencia; la profesionalización creciente de estas corporaciones y su vinculación de manera renovada con la sociedad para recuperar su prestigio y credibilidad a través del cumplimiento cabal y respetuoso de su deber.

En dicha reforma se establece que la actuación de las policías, en todos los niveles, se deberá regir por los principios de legalidad, honestidad, eficiencia y profesionalismo.

La Reforma, por otra parte, otorga una nueva dimensión a la Procuraduría General de la república y en concreto al Ministerio Público Federal.

El Ministerio Público debe ser un órgano apegado a criterios estrictamente técnicos, para que en consecuencia de una labor profesional, la sociedad pueda confiar plenamente en él. La previsión en la reforma, de legislar un procedimiento de impugnación de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, va precisamente en este sentido.

Por otro lado, el nombramiento de Procurador General de la República que el Presidente haga, al ser ratificado por el Senado, contribuye, sin duda, no sólo al fortalecimiento de nuestro nuevo federalismo, sino también a la independencia de quien encabeza el Ministerio Público.

1.3 Control Constitucional y de Legalidad

En el replanteamiento del modelo jurídico para acceder al pleno Estado de Derecho, el Procurador General de la República ha sido conceptualizado como un promotor de la constitucionalidad. Si bien es cierto que la Constitución desde hace tiempo consignaba como facultad del Procurador General de la República su intervención en el juicio de amparo y en la solicitud de aclaración que contempla el artículo 107 fracción XIII de la Constitución, referido a la facultad de denunciar las tesis contradictorias que se den entre los Tribunales Colegiados o entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a partir de la reforma publicada en diciembre pasado que se le da mayor claridad a la función de promoción y vigilancia de la constitucionalidad que compete al Procurador General de la República al otorgarle la acción de inconstitucionalidad.

Con esa nueva atribución se confiere en forma personal al titular del Ministerio Público de la Federación, la posición de garante ante la sociedad de que todas aquellas leyes que van a integrarse al universo jurídico nacional, incluyendo los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, observen en forma irrestricta los imperativos constitucionales; nueva misión que se orienta a reforzar y materializar en actos concretos la vigencia del Nuevo Federalismo, así como lograr el país de leyes que los mexicanos reclamamos como única forma de convivencia social.

El nuevo diseño de la Procuraduría prevé una función más atractiva en la promoción de la constitucionalidad. A partir de la reforma Constitucional del 31 de diciembre pasado, se dio un primer paso importantísimo para la reestructuración jurídica del Sistema Penal y de Seguridad Pública de nuestro país. En primer lugar convirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero Tribunal de constitucionalidad, de conformidad con el modelo predominante en el mundo; así, la Suprema Corte de Justicia, en su carácter de tribunal constitucional, podrá hoy determinar la inconstitucionalidad de leyes con efectos generales, lo que significa que toda ley que se expida debe ineludiblemente estar ajustada a la Constitución. Al mismo tiempo, se elimina de la Suprema Corte de Justicia la función de administración del Poder Judicial Federal, estableciendo un Consejo de la Judicatura Federal y fortaleciendo la carrera judicial.

El procedimiento correspondiente quedó incorporado en el nuevo artículo 105 fracción II de la Constitución, que amplía las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la acción de inconstitucionalidad de normas generales, la cual puede se solicitada por el 33% de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, de las Legislaturas Locales o de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes emanadas de dichos órganos, así como de tratados internacionales en caso del Senado.

En cambio, el Procurador General de la República cuenta con un ámbito de acción mayor, y como parte de la misión constitucional de garantizar la supremacía de la Carta Magna en todos los ámbitos de competencia, puede ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, federal, del Distrito Federal o de tratados y convenios internacionales. El Procurador General de la República será así un promotor de la constitucionalidad en todos los niveles. La intervención de este, en los términos del artículo 102 constitucional apartado A, a diferencia del juicio de amparo, no requiere la iniciativa previa de persona u órgano de gobierno, pues debe ser su dictamen técnico el que motive dicha acción, la cual deberá ejercitar personalmente.

Es necesario advertir que el Procurador General de la República tendrá la más alta responsabilidad de coadyuvar en la consolidación de la justicia constitucional. En su carácter de representante social y de los intereses de la Federación fortalecerá así su tarea de velar por la irrestricta aplicación de la Constitución.

En el ejercicio de esta función deberá actuar de manera técnica, dejando a un lado cualquier consideración política. En consecuencia, cuando así sea el caso, ejercitará la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra aquellas normas generales emanadas de los poderes legislativos que las hayan emitido, Federal o locales. La Ley Reglamentaria del artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Federal se publicó el 11 de mayo de 1995 y entró en vigencia 30 días después, es decir el 10 de junio de dicho año.

Las argumentaciones del Procurador estarán basadas en estudios profundos de los problemas de constitucionalidad presentados por las normas jurídicas que sean atacadas de inconstitucionales. En consecuencia, la Procuraduría General de la República contará con una unidad de apoyo en esta materia. Cabe hacer notar que el Procurador, como los otros titulares de la acción de inconstitucionalidad, cuenta con treinta días naturales para ejercer la acción de inconstitucionalidad a partir del momento de la publicación de la norma general.

Por otra parte, de conformidad con la fracción I del mismo numeral 105 de la Ley fundamental, el Procurador General de la República tiene la obligación de intervenir en los juicios que sobre controversias constitucionales, con excepción de las que se refieran a materia electoral, conozca la Suprema Corte de Justicia y que se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; la Federación y un Municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión o cualquiera de las Cámaras o la Comisión Permanente; un Estado y otro o el Distrito Federal; el Distrito Federal y un Municipio; dos Municipios; entre dos Poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; entre un Estado y uno de sus Municipios; entre un Estado y un Municipio de otro Estado, o entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal. La materia de la controversia constitucional, cuando verse sobre normas generales, podrá implicar la derogación de una norma por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que se dé una mayoría de ocho votos.

La importancia de la intervención de la Procuraduría General de la República en una controversia constitucional, deriva también de su carácter de representante social y de los intereses de la Federación; se pueden aplicar, en consecuencia, las argumentaciones que hemos sostenido para el caso de la acción de inconstitucionalidad.

Por otro lado, el artículo 107 fracción XIII, faculta al Procurador General de la República para denunciar la contradicción de los Tribunales Colegiados de Circuito o de las Salas de la Corte, para que la Suprema Corte de Justicia decida la tesis que debe quedar subsistente como jurisprudencia. Se trata de una facultad, hasta ahora no ejercida frecuentemente, a la que habrá de otorgársele la mayor atención para fortalecer la función de la Procuraduría General de la República como promotora de la legalidad.

Las reformas a la Constitución publicadas el 31 de diciembre pasado modifican también la naturaleza jurídica de la Institución, ya que el Procurador General de la República, de conformidad con el artículo 102 apartado A, ha dejado de ser el Consejero Jurídico del Gobierno. Dicha función pasará a la dependencia del Ejecutivo Federal que para tal efecto establezca la ley; la función de la Consejería Jurídica del gobierno en manos del Procurador había sido ampliamente criticada por la doctrina jurídica, ya que contraponía o, cuando menos, podía contraponer al interés de la sociedad, el interés de la consejería jurídica del gobierno y de la representación del Ejecutivo Federal en juicio.

1.4 Reforma Legal

El orden jurídico requiere actualizarse constantemente para responder a las cambiantes necesidades sociales. Los sistemas jurídicos contienen mecanismos que permiten el cambio normativo denominado por la teoría del derecho como reglas secundarias de cambio. Significa que toda modificación debe realizarse por los cauces que la propia norma fundamental establece; sólo entonces la comunidad reconocerá tal norma como obligatoria para el grupo.

El cambio constitucional en materia de procuración e impartición de justicia, contenido en el Decreto que reforma a los artículos 21, 73, 102 apartado A y 105 de la Constitución, tendrá como consecuencia, modificaciones a diversas leyes federales. La Institución ha participado en comentarios de diversos proyectos de ley, entre los que están la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución y la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

Por otra parte, ha intervenido en la redacción de diversos anteproyectos de ley, entre los que se encuentran el de Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y el de Reformas a la Ley de Amparo. Al momento, se están estudiando diversas alternativas de regulación al procedimiento mediante el cual se impugnará, por vía jurisdiccional, la resolución de no ejercicio de la acción penal o sobreseimiento de las decisiones del Ministerio Público, mientras que se han celebrado reuniones de trabajo para la elaboración de un Anteproyecto de Ley General de Seguridad Pública, que prevé y desarrolla el Sistema Nacional de Seguridad Pública donde se ubicará la regulación federal de policías, en los términos del artículo 73 fracción XXIII de la Constitución.

El proyecto de reforma que también se encuentra en estudio es el relativo al crimen organizado; se plantea, por una parte, la creación de una Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y, por otra, deberán proponerse nuevas figuras delictivas en el Código Penal Federal, como son las relativas al lavado de dinero, al tráfico de precursores químicos, entre otras, así como reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, con la finalidad de modernizar los métodos de investigación del delito organizado; igualmente reformas a la legislación de ejecución de sanciones e inclusive en otras materias. La reforma en materia de crimen organizado reviste particular importancia, principalmente en cuanto a figuras procesales, porque busca la modernización y agilización en la investigación de los delitos de esta materia, que no sólo es prioridad nacional, sino también internacional.

El universo de estas leyes tendrá que apoyar y transformar, de conformidad con la nueva filosofía de la Procuraduría General de la República las acciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial federales. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República deberá sufrir adecuaciones en términos de la nueva misión constitucional que a la Procuraduría y a su titular asigna la Carta Magna. Debe destacarse que el Procurador General de la República determinará el procedimiento mediante el cual ejercerá la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105 de la Constitución.

1.5 Regulación Institucional

En cuanto a la actualización del marco normativo que regula la actuación de la Institución, se adicionó el artículo 5o. Bis al Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República, como resultado del compromiso del Ejecutivo con la sociedad para esclarecer totalmente los homicidios de los señores Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y Juan Jesús Posadas Ocampo, así como para atender aquellos asuntos que por su relevancia e impacto social le sean asignados a la Subprocuraduría Especial de la Dependencia.

De igual forma, durante el mes de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el convenio de coordinación que signaron para la creación de la Coordinación Metropolitana de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Gobierno del Estado de México y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El espíritu de colaboración entre las procuradurías para hacer frente al crimen organizado, se puso de manifiesto mediante la publicación de las "Bases de Colaboración" entre la PGR y la PGJDF en el Diario Oficial de la Federación en el mes de abril.

En cuanto a normatividad interna, se expidieron seis acuerdos, cinco circulares y un instructivo.

2. REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL

2.1 Antecedentes

El reclamo de hacer eficiente la Institución Ministerial reflejó la obligación de contar con una estructura orgánica y funcional que le permita dar respuesta a las necesidades sociales.

De ahí que resulte urgente reestructurar el funcionamiento y organización de la Institución; proceso que debe concebirse en atención a directrices tales como honestidad, profesionalización, y mayor eficiencia y contundencia en su actuación.

Por ello, la Procuraduría General de la República ha iniciado una reestructuración completa, consciente de que es imposible aspirar a un Estado de Derecho real si no se cuenta con instituciones modernas y dignas, que estén en capacidad de combatir el delito y recuperar la confianza de la ciudadanía y el reconocimiento social.

2.2 Programa de desarrollo Organizacional

A raíz de las directrices relativas a lograr la moralización, modernización y profesionalización de la Dependencia, se determinó llevar a cabo un Programa de Desarrollo Organizacional que coadyuvara, entre otras cosas, a la definición de la misión de la Institución, de sus objetivos estratégicos, de las acciones para alcanzar dichos objetivos, así como a la determinación de las políticas generales y de los problemas estructurales que padece la Procuraduría.

  • Nueva Misión de la Procuraduría General de la República

"La Procuraduría General de la República, dentro de la cual está integrada la institución del Ministerio Público, es órgano esencial del sistema federal de justicia y, en representación de los individuos, de la sociedad, y del Estado, promueve y vigila el cumplimiento del orden constitucional, y procura justicia en el ámbito de su competencia. Asimismo, participa en acciones de prevención del delito para garantizar la seguridad pública.

Esta misión debe realizarse con estricto apego a los principios constitucionales y a las leyes que la rigen, así como con plena observancia de los derechos humanos, requisitos indispensables para la vigencia del Estado de Derecho.

La actuación del Ministerio Público Federal y de sus auxiliares, se orientará y regirá, además, por los criterios de honestidad, profesionalismo, imparcialidad, lealtad y eficiencia, siempre de buena fe y con sentido humano".

  • Objetivos

Lograr una procuración de justicia pronta, expedita y eficaz;

Hacer vigente el principio constitucional de que la Policía Judicial Federal esté subordinada al Ministerio
  Público Federal;

Profesionalizar a los funcionarios y servidores públicos de la Procuraduría General de la República;

Modernizar a la Institución;

Combatir frontalmente al narcotráfico y crimen organizado;

Combatir permanentemente la corrupción;

Establecer firmemente una cultura institucional sustentada en valores éticos;

Humanizar a la Institución;

Disminuir el índice delictivo;

Abatir la impunidad;

Lograr la aceptación y vinculación de la sociedad, y

Optimizar la coordinación con instituciones nacionales e internacionales.

  • Estrategias y Acciones

* Abatir rezagos; *eliminar burocratismos; *ajustarse a los plazos y términos constitucionales y legales en la investigación (averiguación previa) y en los procesos; *unificar y modernizar criterios que deben regir la función del Ministerio Público Federal; *establecer y mejorar la coordinación de las áreas centrales con las Delegaciones Estatales de la PGR; *reestructuración orgánica de la Institución; *profesionalización y servicio civil de carrera; *optimizar recursos humanos y materiales; *unidad y coordinación entre las diferentes áreas; *adecuada coordinación con el resto del sistema de justicia penal y de seguridad pública, *actualización del marco jurídico;

*Fortalecer al Ministerio Público Federal como líder de la investigación de delitos; *capacitar a la Policía Judicial Federal en su función como auxiliar del Ministerio Público Federal; *reorganizar a la Policía Judicial Federal, estableciendo su subordinación al Ministerio Público Federal; *retabular percepciones del Ministerio Público Federal y de la Policía Judicial Federal, y *capacitar al Ministerio Público Federal en su labor de investigación;

*Cumplimiento estricto de los requisitos legales y reglamentarios, para incorporación y permanencia; *adecuado proceso administrativo del personal (reclutamiento, selección, inducción, capacitación, ascensos y separación); *servicio civil de carrera; *cursos de formación inicial, capacitación, actualización, perfeccionamiento y especialización, revisión y actualización de los mismos; *adecuado sistema de reconocimientos y estímulos, y de sanciones; *movilidad dentro de la Institución (horizontal y vertical);

*Reestructuración orgánica y funcional; *utilización de tecnología de punta; *mejores equipos en todos aspectos; *adecuación del marco jurídico en el ámbito de la investigación científica, y en materia de Ley Orgánica y Reglamento, *actitudes positivas por parte del personal;

*Promover un marco jurídico adecuado; *redefinir y fortalecer la estructura orgánica y funcional del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas; *establecer un riguroso sistema de selección, especialización, control y evaluación del personal de dicho Instituto; *establecer y fortalecer mecanismos de coordinación con otras áreas de la Institución y organismos internacionales; *proveer de equipos y sistemas modernos;

*Aplicar los sistemas de información, control y evaluación del desarrollo de la función; *fortalecimiento de los sistemas de recepción de quejas y denuncias con la participación de la sociedad; *seguridad jurídica a los servidores públicos que actúan conforme a derecho; *salario digno y condiciones de trabajo adecuadas; *inculcar y acrecentar valores institucionales; *aplicación estricta de sanciones;

*Definir y difundir los valores y reglas de actuación; *premiar la conducta adecuada y sancionar las irregularidades; *predicar con el ejemplo; *incluir en los programas de formación de recursos humanos la referencia a los valores;

*Respeto al personal y a sus derechos fundamentales; *trato justo en las relaciones laborales (remuneraciones, prestaciones, reconocimientos, vacaciones, jornadas, horarios, etcétera); *ambiente de trabajo adecuado; *hacer participar al personal en la toma de decisiones que lo afectan;

*Política criminológica integral; *métodos científicos de investigación (inteligencia); *mejores instrumentos de trabajo; *personal mejor capacitado; *mejor coordinación interinstitucional; *acciones de prevención y detección de estados peligrosos y factores criminógenos; *reformas legislativas: prevención, Código Penal y de Procedimientos Penales, ejecución de penas, sistemas penitenciarios y leyes orgánicas y reglamentarias;

*Voluntad política; *combate a la corrupción; *aplicación estricta de la ley, bajo el principio de igualdad jurídica para todos; *abatimiento de rezago de mandamientos judiciales y ministeriales; *coordinación interprocuradurías; *mejorar el marco legal y la colaboración en el ámbito internacional en materia de extradición, información, intercambio de presos, y *controles internos y seguimientos de conductas de funcionarios;

*Adecuado manejo de comunicación social; *dar resultados; *difusión de logros y avances; *diseño de imagen a proyectar; *relaciones adecuadas con los diferentes sectores de la sociedad (incorporar a la sociedad en programas de prevención, etcétera); *sensibilización de la opinión pública, en el marco del derecho; *mejorar la atención al público, y *congruencia en las acciones;

*Revisar y actualizar convenios de cooperación (nacionales e internacionales); *involucrar como responsables a las otras dependencias del Ejecutivo Federal y Estatal, en acciones conjuntas, delimitando sus funciones, y *establecer mecanismos de comunicación interinstitucionales, nacionales o extranjeras.

  • Valores Institucionales

El ahora reconcebido Ministerio Público de la Federación debe ceñir su actitud a un claro marco de conducta y generar en cada uno de sus miembros una sembrada mística institucional, con la firme convicción de que el grave encargo republicano que le fue encomendado, le exige un comportamiento ejemplar, como principales promotores, dentro y fuera del servicio, de la observancia de la ley; respeto a los Derechos Humanos y de honestidad.

Bajo esa convicción, la institución ha puesto en marcha un ambicioso programa de concientización y sensibilización de todas aquellas personas que la integran, con la finalidad de lograr que retornen a abrevar en los valores más preciados por nuestra sociedad y así obtener la comprensión de que, sólo a través de la observancia y una conducta ética adecuada y respetuosa de la ley, contribuirán, en gran medida, al engrandecimiento de nuestra Nación, y que ese actuar sea reflejo de una enaltecida mística institucional.

En ese afán y como parte del programa antes referido, en solemne ceremonia presidida por el Procurador General de la República fue entregado a todos los servidores públicos que laboran en la Institución, el "Código de Conducta y Mística Institucional", documento conformado por 20 artículos que regulan su actuación bajo los lineamientos siguientes:

  • Legalidad y respeto

  • Lealtad, honestidad y honor;

  • Conciencia de Estado, patriotismo y valor;

  • Compromiso y la responsabilidad;

  • Principio de autoridad, disciplina y discreción;

  • Solidaridad de grupo y sensibilidad;

  • Justicia, imparcialidad y neutralidad;

  • Profesionalismo y actuación con mesura y pulcritud;

  • Confianza y uso de la fuerza; y

  • Uso de los instrumentos de trabajo.

Como puede apreciarse, los rubros antes acotados regulan y definen la conducta que la sociedad exige por parte de los miembros de la Institución, sentir social que fue receptado en los Foros de Consulta Popular que sobre Procuración de Justicia se llevaron a cabo, y que ahora se ve formalmente materializado.

  • Políticas

La vida institucional requiere, forzosamente, del diseño de políticas claras, valientes y sobre todo reales, que la orienten como si se tratara de un solo hombre; tal exigencia ha sido comprendida, y es así que se han generado las siguientes directrices:

  • Esforzase en dar resultados;

  • Mantener congruencia en las acciones;

  • Predicar con el ejemplo;

  • Desarrollar sensibilidad ante la opinión pública, en el marco del derecho;

  • Respeto al personal y a sus derechos fundamentales;

  • Propiciar la participación del personal en la toma de las decisiones que lo afectan;

  • Observar estrictamente los requisitos legales y reglamentarios para el ingreso y permanencia de personal;

  • Aplicación estricta de sanciones;

  • Dar un mayor sentido humano a las funciones desarrolladas;

  • Promover la unidad y sentimiento de pertenencia;

  • Incluir la referencia a los valores en los programas de formación de los recursos humanos.


  2.3 Reestructuración Orgánica y Funcional de la Procuraduría General de la República

De conformidad con los lineamientos emitidos por el Presidente de la República y el Procurador General de la República, así como de las estrategias fijadas, en el documento de planeación estratégica, en las que señalan los objetivos y la mística institucional, se estableció una Subcomisión de Reestructuración Administrativa que realizó entrevistas a la casi totalidad de mandos superiores de la Institución, visitando también las Delegaciones Estatales a efecto de analizar los posibles problemas estructurales, las duplicidades de funciones, y en general, la problemática que enfrenta la Procuraduría.

Teniendo en cuenta el diagnóstico, se presentaron al Procurador General de la República y a los subprocuradores las siguientes primeras propuestas:

    a) Creación del Sistema Integral de Información de la Procuraduría General de la República, que
   comprenda registros únicos del estado que guardan los asuntos de la Institución.

    b) Desarrollo de la infraestructura tecnológica, criminalística y criminológica que contemple, entre otras
    acciones:

  b.1 La reconversión de los servicios periciales de la Institución a servicios criminalísticos, entendiendo
         por estos no sólo la realización de acciones propias para el Ministerio Público sino para toda acción
   de investigación policial;

  b.2 Desarrollo de los bancos de datos criminalísticos y criminológicas que funcionen a nivel nacional,
   con el apoyo de las procuradurías estatales, destacando los siguientes:

    • dactilares

    • antropométricos

    • de indiciados, procesados y sentenciados

    • de estadísticas policiales y crimen organizado

    • de balística

    • de bienes robados

    • de personas buscadas, etcétera.

  b.3 Fortalecimiento de la informática, estableciendo un órgano coordinador;

  b.4 Desarrollo de las técnicas caninas.

    c)  Desarrollo de diversos mecanismos de control y seguimiento, implantando guías y manuales de
     operación de la Procuraduría.

    d)  Creación de comisiones permanentes de coordinación, las que mediante reuniones periódicas
     desarrollen acciones en las áreas de:

  • Bienes asegurados;

  • Prefesionalización de los Agentes del Ministerio Público;

  • Profesionalización de la Policía Judicial y de servicios criminalísticos;

  • Evaluación de las actividades institucionales

  • Información, y

  • Planeación.

    e)  Separación de las funciones operativas de las administrativas de la Policía Judicial Federal.

    f)  La operación de la Policía Judicial Federal se deberá acercar más al Ministerio Público.

    g)  Establecer una unidad que se dedique al estudio y prospectiva de la procuración de justicia y de
     planeación de las acciones de la Institución.

    h) Teniendo en cuenta las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que las instituciones policiales se regirán por los principios de legalidad, profesionalismo, eficiencia y honradez, deberán generarse las condiciones que propicien la formación profesional de Ministerio Público, Policía Judicial y los servicios periciales.

Como consecuencia de lo anterior, se presentaron tres modelos de reestructuración que fueron sometidos a los mandos de la Institución, para su análisis y observaciones correspondientes.

Posteriormente, con las observaciones y comentarios de los miembros del primer nivel, la Subcomisión de Reestructuración Administrativa se abocó a la integración de un cuarto modelo y, en el mes de junio, presentó a los mandos superiores de la Institución la estructura orgánica sugerida, la justificación del modelo propuesto y las funciones generales de las áreas.

Dicho modelo pretende reestructurar a la Institución con un esquema que mejore radicalmente la eficiencia de la misma; con ella, sin duda alguna, se logrará como primer objetivo rescatarla del caótico estado administrativo en que se encontraba; en segundo lugar se podrán subsanar los problemas de duplicidad de funciones, falta de responsabilidad directa, desatención a las áreas foráneas, desvinculación formal y material de las delegaciones estatales con las unidades centrales, falta de cabal conocimiento y control sobre los asuntos de su responsabilidad, desequilibrio en las cargas de trabajo, dispersión por desarrollo de diversas actividades no encomendadas originalmente, falta de contundencia en la actuación, y aplicación irracional de los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución.

Mediante la creación de áreas con funciones claramente definidas en relación con la persecución del delito, funciones sustantivas no penales, control técnico penal, control administrativo y las de apoyos técnicos y administrativos, el modelo en torno al cual se ha venido conformando la nueva estructura de la Procuraduría General de la República, garantizará una actuación institucional más acorde a las necesidades del servicio.

En el aspecto específico del manejo de información se está reconceptualizando el Centro de Planeación para el Control del Drogas (CENDRO), como un organismo de planeación en la lucha contra la delincuencia organizada en todas sus fases. Se tratará de una unidad de inteligencia tendiente a recabar y sistematizar la información en torno a estas actividades ilícitas.

El proyecto de reestructuración orgánica y funcional fue aprobado en su oportunidad, encontrándose el mismo en su fase de implementación; contemplando las siguientes unidades administrativas, en sus primeros niveles:

  • Subprocuraduría de Procedimientos Penales Regionalizadas A, B y C;

  • Direcciones Generales de Control de Procedimientos Penales Regionalizadas A, B y C;

  • Direcciones Generales de Fiscalías Especializadas A, B y C;

  • Unidades Coordinadoras Regionalizadas de Servicios Policiales A, B, y C;

  • Unidades Coordinadoras Regionalizadas de Servicios Criminalísticos A, B y C;

  • Delegaciones Estatales adscritas conforme a la Región de que se trate;

  • Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales;

  • Dirección General de Amparo;

  • Dirección General de Asuntos Legales Internacionales;

  • Dirección General de lo Contencioso y Consultivo;

  • Dirección General de Constitucionalidad;

  • Dirección General de Normatividad Técnico Penal;

  • Agregadurías;

  • Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo Tecnológico;

  • Dirección General de Coordinación de Servicios Criminalísticos;

  • Dirección General de Planeación y Desarrollo Tecnológico;

  • Dirección General de Coordinación Interinstitucional;

  • Dirección General de Coordinación de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal;

  • Dirección General de Organización y Promoción de Seguimiento Ministerial y Policial;

  • Instituto de Capacitación;

  • Subprocuraduría Especial;

  • Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales;

  • Instituto Nacional para el Combate a las Drogas;

  • CENDRO;

  • Visitaduría General;

  • Dirección General de la Visitaduría;

  • Dirección General de Inspección Interna;

  • Oficialía Mayor;

  • Contraloría Interna;

  • Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad;

  • Dirección General de Comunicación Social.

2.4 Creación de dos nuevas Agencias del Ministerio Público Federal en la Delegación Estatal de Jalisco y de la Agencia del Ministerio Público Federal Especial para la Atención de Personas con Discapacidad Mental.

Con el propósito firme y decidido de lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de los fines de esta Dependencia, así como para continuar fortaleciendo el proceso de desconcentración territorial, en junio de 1995 se crearon dos nuevas Agencias del Ministerio Público Federal, en el Estado de Jalisco.

Adicionalmente tomando en consideración que el Ejecutivo Federal instruyó la creación del "Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas Discapacitadas", y para cumplir con el compromiso de brindar atención oportuna y de calidad a los grupos vulnerables, en especial el de los discapacitados, en junio de 1995 se creó la Agencia del Ministerio Público Federal Especializada en la Atención a Personas con Discapacidad Mental, quedando adscrita a la Agencia del Ministerio Público Federal Conciliador.

El destinar personal Ministerial, Policial y Pericial altamente especializado en la atención a los grupos vulnerables, da como resultado una actuación calificada y eficiente, así como adecuada a las necesidades de dichos grupos; a la vez de que se matiza el esfuerzo institucional para darles oportuna respuesta y atención; y con ello lograr incorporarlos a un esquema de respeto a sus derechos.

La competencia de esta Agencia es lo referente a la atención de todos aquellos asuntos en donde se encuentre involucrado, en cualquier calidad, una persona con discapacidad mental.

 

2.5 Modernización Administrativa

Como resultado del Programa para Superar la Situación de Emergencia Económica, establecidos por el titular del Ejecutivo Federal, los lineamientos de gasto se ajustaron a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En razón de los anterior, dicha Secretaría reestructuró el presupuesto de la Institución, al pasar de 1,303 millones de nuevos pesos a 1,003 millones de nuevos pesos. Sin embargo, este nuevo presupuesto no contempla los recursos indispensables para algunas áreas y acciones de la dependencia; situación que se hizo del conocimiento de la S.H.C.P. para que se analice la posibilidad de incrementar el presupuesto otorgado.

En virtud de que la Institución considera que la aplicación de sus recursos financieros asignados debe realizarse con eficiencia, eficacia y honradez, cumpliendo estrictamente con lo dispuesto por el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación, en junio de 1995 se creó el Comité Interno de Gasto-Financiamiento, como un órgano técnico de asesoría del Procurador General de la República en materia de financiamiento, ejercicio, control y evaluación del Gasto Público.

Como un ejemplo de disciplina presupuestal, destaca el establecimiento de controles para el suministro de gasolina y uso de las unidades, lográndose con esta medida un ahorro del orden del 18% en los primeros seis meses de la administración.

En cuanto a los servicios aéreos que se proporcionan en la Institución, se cuenta con una flota de 154 aeronaves (60 aviones y 94 helicópteros), presentándose al mes de agosto de 1995 un 86.5% de disponibilidad de aeronaves para el servicio, porcentaje superior al 80% que se considera óptimo de acuerdo con los estándares internacionales.

 

2.6 Desarrollo Tecnológico

En materia de desarrollo tecnológico, la Procuraduría General de la República ha seguido un esquema de modernización basado en cuatro vertientes principales: equipamiento tecnológico, comunicación de voz y datos, desarrollo de sistemas y capacitación.

En lo correspondiente a equipamiento, de diciembre de 1994 a junio de 1995 se instalaron 64 equipos de cómputo, con lo que se llegó a un total de 1,545 equipos de operación, lo cual permitió alcanzar la primera etapa de la conformación de una plataforma tecnológica en la Institución y contar al menos con una computadora por cada diez servidores públicos.

Por lo que hace a la comunicación de datos, en el período que se informa se instalaron 6,543 metros de cableado de red de área local con 169 nuevas estaciones; con ello suman ya 27,551 metros de línea instalada para red de cómputo en la Dependencia, con 712 enlaces operables. Se ha diseñado una red nacional de comunicación de voz y datos por vía satelital que permita tener el mejor nivel de enlace con cada una de las delegaciones estatales de la Procuraduría. En tanto las condiciones presupuestales permitan la implantación de la red satelital, se han venido instalando enlaces de comunicación de datos con las delegaciones estatales a través de la red telefónica, además de conmutadores digitales y equipos de radiocomunicación.

En cuanto a desarrollo e implantación de sistemas, se elaboraron doce nuevas aplicaciones diseñadas para necesidades específicas de la Procuraduría. Entre ellas cabe destacar el sistema de averiguación previa automatizada en materia federal, que facilita y orienta el trabajo del agente del Ministerio Público Federal, permitiendo al mismo tiempo contar con registros confiables de las averiguaciones previas iniciadas y su estado de avance. Este sistema se encuentra en proceso de implantación en las diferentes áreas de la Institución. También es importante mencionar el sistema de registro contable de recursos provenientes de bienes asegurados.

Igualmente y derivado de la estrategia global, se estableció un programa de instalación de servicios informáticos en delegaciones estatales de la Institución, en el cual se realiza la adecuación de instalaciones eléctricas, la puesta en marcha de sistemas de energía ininterrumpible, la instalación de red de cómputo, la puesta en operación de 15 sistemas automatizados y la capacitación de servidores públicos en cuanto a su uso. Este programa abarcó en el período de que se informa a 11 delegaciones estatales.

Por otra parte, la labor estadística ha sido reforzada y ampliada, ya que el conocer el desempeño de las diferentes áreas es importante para la planeación de las estrategias de mejoramiento global de la actuación de la Procuraduría. Igualmente, contar con indicadores estadísticos confiables permite identificar mejor el fenómeno delictivo y definir líneas de acción para su combate.

Por último, considerando que para lograr la optimización de los recursos informáticos y de telecomunicaciones en apoyo a la procuración de justicia, es pertinente la instrumentación de mecanismos de coordinación que coadyuven a la consolidación de proyectos en la materia, logrando con ello un manejo ágil y oportuno de la información requerida, en junio de 1995 se creó el Comité de Informática y Telecomunicaciones como un órgano técnico-administrativo de la Procuraduría General de la República.


3. PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

3.1 Conceptualización

Como resultado del diagnóstico llevado a cabo, se detectó con alta preocupación que a pesar de los múltiples esfuerzos de la Institución que antecedieron para lograr elevar el nivel técnico y profesional de sus servidores públicos, estos no dieron los resultados deseados, circunstancia que necesariamente incide en el eficiente y adecuado desarrollo de las funciones sustantivas de la Procuraduría.

Ante este panorama y dada la urgencia de solucionar dicha problemática, se ha otorgado una atención prioritaria a los rubros de profesionalización y capacitación, concibiendo a estos dos ejes como una eficaz herramienta para hacer más efectivo y contundente el actuar de los servidores públicos que laboran en la Institución, al tiempo en que así se lograría garantizar el contar con elementos capacitados para el combate a la delincuencia organizada.

Con la firme convicción del cambio, que signifique por una parte optimizar la función de procurar justicia y por la otra lograr la aceptación y vinculación con la sociedad, la Procuraduría General de la República ha venido instrumentando una serie de acciones en materia de capacitación y profesionalización que le permitan a sus servidores públicos incrementar sus conocimientos, así como el desarrollo de habilidades que conlleven a un cambio de actitud y a su superación personal, basado en la observancia irrestricta de la ley y los valores institucionales.

En acatamiento a lo dispuesto en los artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 16, 20 y 22 de la Ley de Planeación y 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se efectuó la Consulta Popular sobre Procuración y Administración de Justicia que se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000; consulta que resalta la propuesta de profesionalizar y capacitar a los servidores públicos, lo que generó la necesidad de reactivar un Centro de Profesionalización Nacional que se encargue de la formación de nuevos servidores públicos y actualizar a los que están en servicio; centro que evoca la idea y creación que dio forma al Instituto Nacional de Ciencias Penales.

 

3.2 Profesionalización

En la actualidad en el esfuerzo institucional de profesionalización participan de manera directa el Instituto de Capacitación, al Dirección General de servicios Aéreos, la Dirección General de Sistemas de Información y Estadística, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Servicios Periciales.

En este rubro se ha fomentado el intercambio académico nacional e internacional, mediante trabajos de colaboración en materia de capacitación con diversas Instituciones del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Asimismo, se estructuró el proceso de reclutamiento para el CENDRO, en coordinación con personal de esa área y se llevaron a cabo cursos de Actualización para Personal de la Contraloría Interna, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

En el ámbito internacional, se han llevado a cabo cursos de Actualización para Agentes de la Policía Judicial Federal, en coordinación con la DEA y con la Policía Francesa. De igual forma, se realizaron reuniones de trabajo con personal del Instituto de Justicia de la Columbia Británica, con objeto de analizar los parámetros de capacitación a personal de seguridad. También fueron propuestos servidores públicos de la Procuraduría General de la República, que cubrieron el perfil de ingreso al VIII Seminario Regional sobre medidas efectivas para combatir delitos de drogas y mejorar la administración de justicia, celebrado en San José, Costa Rica, en la sede del Instituto Latinoamericano sobre Control de Drogas, conjuntamente con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.

 

3.3 Instituto de Capacitación

El Instituto de Capacitación está estructurando el Programa General de Capacitación, documento rector y normativo para el diseño y ejecución de los programas de capacitación del personal sustantivo de la Procuraduría General de la República y los perfiles de ingreso y profesionales de este personal.

En el marco de la Profesionalización de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, el Instituto de Capacitación desarrolla actualmente la propuesta de la Investigación Titulada, posibilidad que se traduce en elevar la Carrera Policial a nivel técnico y/o licenciatura. Al mes de agosto los trabajos realizados han sido los correspondientes a la definición de los objetivos, estructuración del proyecto de investigación, realización de la introducción, recopilación de bibliografía y en cuanto al desarrollo del capitulado se tiene un avance aproximado del 40%.

A través de esta propuesta, se busca la elevación, académica de la profesión policial, mediante la implementación de programas de estudio que cubran créditos establecidos para tales niveles. Este proyecto concluirá en el mes de noviembre y contemplará los perfiles requeridos para el desempeño de policías técnicos y/o profesionistas.

Asimismo, se diseñó el perfil profesional del Agente de la Policía Judicial Federal, considerando los aspectos técnico profesionales, cívicos, éticos y físico mentales, requeridos durante el desempeño de sus funciones y se estructuró el Programa de Formación Inicial para Agentes de la Policía Judicial Federal Generación 1995-1, con un total de 1,830 horas de clase distribuidas en tres fases. La primera, con duración de cuatro meses conformada por sesiones teóricas y de dinamismos creativos, llevando a cabo el desarrollo del curso propedéutico y de las áreas jurídica, ético policial, de criminología, criminalística, técnico policial y de organización y sistemas; la segunda, con una duración de dos meses, consiste en la impartición del área de adiestramiento policial mediante sesiones teórico prácticas, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la ciudad de Durango, Dgo. y, la tercera, consistente en un programa de 650 horas de prácticas (enseñanza tutorial), en las áreas operativas de la Dirección General de la Policía Judicial Federal e Instituto Nacional para el Combate a las Drogas durante 3 meses. Con esta última fase se pretende lograr una rápida adaptación del egresado al ambiente laboral, con una definición más precisa de su perfil profesional.

También se inició el curso de Formación Inicial para Agentes de la Policía Judicial Federal Generación 1995-2, el cual concluye el 30 de abril del año próximo, habiéndose impartido 250 horas de clase a los 333 alumnos que la conforman.

Adicionalmente se suma a este esfuerzo institucional la estrategia de proporcionar a la totalidad de los Agentes del Ministerio Público Federal en activo, la actualización en sus conocimientos mediante el sistema de capacitación a distancia, que tiene por objeto homogeneizar a los elementos de conformidad con los criterios institucionales, fomentando los valores de la Procuraduría General de la República y la mística de servicio. Este sistema evita innecesario desplazamiento físico de los agentes de su plaza de adscripción hacia el área central y, por tanto, el debilitamiento de la organización ministerial en las plazas de adscripción con un costo mínimo para la Procuraduría. Las evaluaciones se realizarán regionalmente y los resultados se darán a conocer en los próximos meses de octubre y noviembre. Para este sistema fue necesaria la elaboración del material utilizado en la autoinstrucción y los mecanismos de evaluación.

Para los Agentes en activo del Ministerio Público Federal, se impartió el curso de Especialización en Materia de Atención a Personas con Discapacidad Mental. Este curso se impartió del 22 al 26 de junio, con un total de 40 horas de clase y 42 alumnos egresados.

El día 2 de mayo dio inicio el Diplomado Crimen Organizado, Aspectos, Efectos y Proyecciones, dirigido a personal de la Procuraduría y al público interesado en estos tópicos. El total de horas es de 200 y al 31 de agosto tiene un avance del 71%, con 176 alumnos. La fecha de su conclusión es el 19 de octubre del presente año.

En cuanto a la especialización para personal en activo de la Policía Judicial Federal, se ha capacitado a 154 alumnos. Dichos cursos son: Intercepción de Drogas en Aeropuertos Internacionales, impartido por instructores de la D.E.A. del 9 al 11 de enero con 49 alumnos; Análisis Básico de Inteligencia, también impartido por la D.E.A. del 14 al 16 de marzo con 35 alumnos, y durante el mes de agosto impartido por personal de este Instituto con 50 alumnos; y por último, Crimen Organizado, impartido por la Delegación de la Policía Francesa en México, del 8 al 18 de mayo con 20 alumnos.

Para agentes en activo de la Policía Judicial Federa, se lleva a cabo el curso de Actualización, con fines de homogeneizar la capacitación de los agentes egresados de generaciones anteriores respecto del programa actual de formación inicial.

Durante el mes de agosto continúa el período de autoinstrucción y las evaluaciones correspondientes se realizarán en los meses de octubre y noviembre.

Por otra parte, del 31 de mayo al 19 de junio se impartió el Curso para Mandos Medios de la Policía Judicial Federal.

Con los cursos de capacitación se ha observado una menor incidencia en las quejas presentadas ante la CNDH contra servidores públicos de la Institución, lo que denota que de proseguir con estas acciones se fortalecerá la imagen institucional producto de cambio de actitudes y profesionalización del servicio.

 

3.4 Instituto Nacional de Ciencias Penales

De conformidad con sus atribuciones, el Instituto de Capacitación no tiene comprometidos programas de posgrado en las ciencias penales. Sin embargo, como resultado de la supresión del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), quedó pendiente la conclusión de algunos cursos de posgrado y actualmente se han realizado los exámenes que acreditan los niveles de especialidad, maestría y doctorado en ciencias penales (derecho penal, criminología y criminalística) de los alumnos del INACIPE.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales creado por decreto presidencial en 1976, desde sus inicios se convirtió en rica fuente formadora de cuadros especializados en las ciencias penales y del desarrollo de investigaciones científicas en los ámbitos del derecho penal, criminología y criminalística, así como precursor de la elevación del nivel académico de los servidores públicos en las diversas áreas del sistema de justicia penal en todo el país; alta función que desarrollo con eficiencia hasta su desaparición en el año de 1993.

Atento a la modernización jurídica, que como consecuencia de las últimas reformas constitucionales se ha generado, resulta inaplazable la necesidad de que aquélla se base en sólidas elaboraciones teóricas de las ciencias penales y de la política criminal, para lo cual se requiere contar con un centro de investigación científica y de formación de alto nivel académico, en el que se apliquen modernas técnicas de enseñanza, a fin de formar recursos humanos realmente capaces para aplicar correctamente las normas y promover su adecuación a las necesidades cambiantes de la sociedad.

En el reciente desarrollo del Foro de Consulta Popular sobre Procuración y Administración de Justicia, la ciudadanía demandó de manera reiterada la instauración del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dados los resultados positivos y el reconocimiento nacional e internacional que dicha Institución alcanzó en beneficio de aquéllas altas funciones estatales. Asimismo, en la V Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia del País, celebrada el pasado mes de mayo, se acordó en forma unánime la reinstauración del INACIPE como una de las alternativas viables para contribuir a elevar el nivel de los servidores públicos en procuración y administración de justicia en un corto plazo.

En ese sentido, es conveniente destacar que el Presidente de la República ha acordado reinstaurar al INACIPE, con el fin de realizar la capacitación y especialización del Ministerio Público Federal, así como la especialización de los servicios periciales, además de reiniciar los cursos de posgrado en las áreas de las ciencias penales y los programas de investigación científica en las mismas.

3.5 Capacitación Pericial

La capacidad de respuesta de los servicios periciales se ha visto reforzada en sus objetivos de eficiencia, mediante una mayor coordinación con la Dirección General de Averiguaciones Previas, la Delegación Metropolitana y el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, a través de la realización de diversas reuniones de coordinación entre el Ministerio Público Federal y los Servicios Periciales, en las cuales participaron 200 Agentes del Ministerio Público Federal, en la exposición de especialidades como medicina forense, grafoscopía, contabilidad, valuación, propiedad intelectual, química forense, identificación, fotografía, balística y criminalística.

El compromiso contraído por los participantes, así como la unificación de criterios en la solicitud de respuesta pericial, conllevan a una mejor integración de las averiguaciones previas en las etapas de investigación y perfeccionamiento.

Es conveniente destacar la asistencia de servidores públicos durante el mes de mayo al primer Coloquio Internacional sobre Huellas Dactilares y Normas en Materia de Dactilóscopia, en la Ciudad de Lyon, Francia.

Asimismo, se llevó a cabo el curso de actualización para peritos en medicina forense en coordinación con el Instituto de Capacitación, con la participación de ponentes nacionales y extranjeros y una asistencia de 120 perítos médico forenses.

 

3.6 Capacitación Especializada

Bajo la misma filosofía de elevar los niveles de profesionalización de los servidores públicos de la Institución, pero primordialmente con la finalidad de desarrollar métodos de investigación científica en la función persecutoria de los delitos, el esfuerzo institucional se encamina preponderantemente al área de los servicios periciales, con la clara convicción de que el desarrollo de estos relegará prácticas indebidas en las investigaciones policiales y ministeriales, redundando en el fortalecimiento de los derechos humanos.

En este rubro se han reforzado los programas de capacitación y adiestramiento, tanto de pilotos y técnicos de mantenimiento como del personal administrativo; incrementando con esto los índices de seguridad y por consiguiente la reducción de accidentes en la operación de aeronaves.

A este respecto, se impartieron un total de 292 cursos para el beneficio de 1,004 alumnos del 1 de diciembre de 1994 al último día de junio de 1995.

Los cursos más importantes que se impartieron en la Dirección General de Servicios Aéreos durante el período que se informa fueron los siguientes:

Personal de vuelo:

  • Actualización en los equipos: Bell 206, Bell 206L-3, Bell 212, UH-1H, Cessna 206/210, Twin Otter Conquest, Caravan, Turbo Commander, Sabreliner, Cessna Citation II y III, Grumman I y II, King Air, Lear Jet.

  • Iniciales en fumigación:

      En Bell 206 y Bell 212

  • Iniciales nuevo ingreso:

      Bell 206, uso de visores nocturnos. Grumman I y II, Conquest 441, King Air, Caravan, Twin Otter

Personal de mantenimiento:

  • Uso y manejo de manuales.

  • Control de producción.

  • Mantenimiento de Campo Bell 206.

  • Mantenimiento de Campo Bell 212.

  • Mantenimiento de campo de motores helicóptero

Con el propósito de fortalecer la capacitación a los pilotos, la Procuraduría General de la República está realizando pláticas con PEMEX para que éste done a la Institución un simulador de vuelo para helicópteros Bell 206 y 212.

 

3.7 Capacitación Tecnológica

Otra de las vertientes dentro del esquema de modernización de la Procuraduría General de la República, lo constituye la capacitación tecnológica. En este sentido se ha venido desarrollando en la Institución un programa permanente en materia de informática para los servidores públicos de la Institución, dentro del cual, de diciembre de 1994 a junio de 1995, se impartieron 72 cursos a 1,398 asistentes, en comparación con el período de diciembre de 1993 a junio de 1994 en que los cursos fueron 94 con asistencia de 977 personas.

Se considera que para lograr la modernización de la Procuraduría General de la República, es fundamental la generación de una cultura tecnológica.

Complementariamente el Instituto de Capacitación ha desarrollado el Programa de Actualización y Especialización en Materia de Informática. A la fecha, se han impartido 36 cursos que tienen por objeto capacitar inicialmente al personal de las distintas unidades administrativas de la Procuraduría, con un total de 328 alumnos.

 

3.8 Capacitación Administrativa

Con objeto de atender las necesidades de capacitación en el ámbito de la administración y desarrollo del personal, la Procuraduría General de la República, con independencia de las responsabilidades que para tal efecto tienen asignadas el Instituto de Capacitación,, llevó a cabo a través del área de Recursos Humanos 26 cursos de esta índole en la que participaron en el período que se informa 649 servidores públicos de la Institución.

Los temas sobre los que versaron los diferentes tipos de cursos fueron, entre otros, los siguientes:

  • Relaciones Humanas

  • Ortografía

  • Redacción Oficial

  • Archivo y Correspondencia

  • Administración Pública

  • Inglés Básico

  • Primeros Auxilios

  • Manejo del Stress


4. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

4.1 Actuación del Ministerio Público Federal

La Procuraduría General de la República y la Institución del Ministerio Público a ella integrada han sido reconceptualizadas constitucionalmente; sus nuevas facultades y obligaciones actualizan en ellas un perfil innovador, tendiente a mejorar su desempeño de manera integrada y a coadyuvar más activamente en la procuración de la constitucionalidad y de la legalidad.

Asimismo, en su función de persecutor de los ilícitos del orden federal, el Ministerio Público desarrolla dos clases de actividades procedimentales, la investigadora y la del ejercicio de la acción penal. Para ello, se cuenta con la participación de las agencias del Ministerio Público Federal en el interior de la República y seis Fiscalías Especializadas: en delitos contra la salud; patrimoniales, fiscales y de banca; ecológicos y de carreteras; contra la propiedad intelectual e industrial; de servidores públicos y leyes especiales; y de dictaminación y seguimiento.

Esta administración ha dado singular importancia a la función del Ministerio Público dentro del proceso penal, a fin de evitar la impunidad y hacer preservar el Estado de Derecho. Destacan por su importancia, el seguimiento de casos relevantes sobre delitos vinculados al narcotráfico, de la banca y los cobardes homicidios que atentaron contra las normas de convivencia social durante 1994.

 

4.2 Averiguaciones Previas

Una de las áreas sustantivas de la Procuraduría resulta ser la encargada de instrumentar la averiguación previa, entendida ésta como una de las funciones primarias de la Institución encaminada a la investigación de todas aquellas conductas que se hagan de su conocimiento y sean de su competencia, que pudieren llegar a cosiderarse como delictivas. Esta área resulta de vital importancia, dado que es el primer contacto que la Institución tiene con la sociedad, además de que ceñír su actuación a la ley, combate la impunidad y facilita el expedito acceso a la justicia.

En el desarrollo de la averiguación previa se promueve su automatización, así como el intercambio de información criminal con las Procuradurías Estatales para facilitar su conformación; y el reforzamiento de la cooperación Interprocuradurías, como es el caso del convenio signado con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que promueve la agilización en la integración de los expedientes. En la consecución de estos objetivos destaca también el hecho de que las Agencias del Ministerio Público Federal del país están ubicadas en las regiones geográficas de mayor incidencia delictiva y se hace presente el fenómeno del narcotráfico, con lo que se pretende una mejor procuración de justicia.

Así, en materia de averiguaciones previas, cabe resaltar que durante el período de diciembre de 1994 a junio de 1995, se iniciaron 35,016 averiguaciones previas, que sumadas a las 6,981 pendientes de despachar al inicio de esta administración, arrojan un total de 41,997, de las cuales se resolvieron 33,482.

 

4.3 Control de Procesos

Corresponde a esta área el sostener ante los órganos jurisdiccionales correspondientes la acción penal que en su momento fue ejercida por el área de averiguaciones previas; su actuación resulta ser la de actor en los procesos penales federales, solicitando el libramiento de las correspondientes órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia; ofrecer y desahogar todas aquellas probanzas que resulten idóneas para acreditar los elementos del tipo y la responsabilidad penal de aquéllos que hubiesen incurrido en conductas ilícitas, asimismo solicitar ante el órgano jurisdiccional respectivo la aplicación de las sanciones que, en su caso, sean consecuencia de dichas conductas. En esa actividad, el Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de rectificar en todos aquellos juicios en que se hubiese demostrado la inexistencia de algún delito o la ausencia de responsabilidad penal en el mismo de algún sujeto, actuando siempre bajo la premisa de que sólo debe ser castigado el culpable y liberado el inocente.

Referente a control de procesos, es conveniente señalar que, al inicio de la presente administración, se encontraban en trámite 9,813 procesos penales en primera instancia y 3,392 en segunda instancia. En el período que comprende este informe se iniciaron 14,055 procesos penales y 14,754 tocas penales, lográndose a la fecha obtener resolución judicial en 13,842 en primera instancia y 14,946 en segunda instancia.

En el marco del Control de Procesos se otorga un seguimiento especial a 179 asuntos relevantes y 73 asuntos especiales, que destacan por su trascendencia política, económica y social.

Asimismo, a partir de la segunda quincena de febrero, se conformó un grupo de cinco Agentes del Ministerio Público Federal para dar seguimiento a siete causas penales que se instruyen a varias personas del EZLN en diversos juzgados de Distrito en Materia Penal en los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas, Estado de México y el Distrito Federal.

 

4.4 Amparos

La intervención del Ministerio Público Federal como parte permanente en el juicio de amparo con la representación del Procurador General de la República, ha reportado una actuación del 1o. de diciembre de 1994 al 31 de junio de 1995, de 48,645 pedimentos, 15% en el área Metropolitana y 85% en la Foránea. Lo que genera las siguientes cantidades por materia: 31,807 en materia Penal, 7,608 en materia Administrativa, 6,445 en materia Civil y 2,785 en materia Laboral.

Por lo que respecta a la supervisión de la calidad jurídica de intervención de los Agentes del Ministerio Público Federal en la Materia adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, en el período mencionado se generaron 1,884 dictámenes, que han repercutido en el mejoramiento de la calidad sustantiva de las opiniones ministeriales en esos juicios.

También se efectuaron 5 supervisiones ordinarias en la materia en las sedes delegacionales, logrando orientar y unificar criterios de actuación, propiciando la elevación cuantitativa y cualitativa de la intervención y estableciendo una mejor coordinación de las acciones. Para fortalecer estos conceptos se han emitido 4 lineamientos normativos que regulan estas acciones y las relativas a la actividad constante del Ministerio Público Federal en el juicio de amparo, velando porque ningún expediente se archive sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se hubiere concedido la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para su ejecución, así como que ningún juicio quede paralizado.

Por otra parte, en lo que se refiere a la detección, análisis y formulación de denuncias y opiniones jurídicas sobre Tesis Contradictorias, así como en solicitudes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza sus facultades atrayentes, en este semestre se ha denunciado una Tesis Contradictoria, formulando opinión en esas contradicciones en 41 ocasiones y se han realizado 48 solicitudes de atracción. Todo lo anterior, con el objeto de que se uniformen los criterios de los órganos de Administración de Justicia, para que su impartición sea más oportuna, congruente, expedita y evitando los problemas que puede generar la diversidad de la interpretación judicial en la aplicación de la Ley.

 

4.5 Asuntos Jurídicos

Respecto al desempeño de la Institución en la defensa litigiosa de los intereses de la Federación, actualmente se brinda atención y se interviene directamente en 657 juicios federales en los que figuran como actoras o demandadas algunas dependencias federales y otros organismos públicos descentralizados. De ahí que se mantenga una estrecha coordinación con las respectivas áreas jurídicas de las dependencias involucradas con la finalidad de obtener resoluciones judiciales favorables a los intereses de la Federación.

Así, también se ventilan actualmente 88 demandas, ante el Órgano Jurisdiccional en Materia Laboral se instruyen 61 juicios, y ante el Tribunal Fiscal de la Federación se interviene en 240 juicios de nulidad, los que se originan por las reclamaciones de los actores por considerar que se han violado sus derechos en materia laboral o administrativa.

Por lo que se refiere al apoyo en controversias a entidades paraestatales, a la fecha han sido diligenciadas 12 consultas, referentes a modificaciones a diversos ordenamientos legales y criterios de jurisprudencia. Lo anterior, para efecto de dilucidar cuestiones técnicas y de interpretación de la norma jurídica vigente contenida en diversos ordenamientos.

En relación a Consultas Técnico Jurídicas, en lo que se refiere a averiguaciones previas se resolvieron 60 consultas, en materia laboral 150 y en lo relativo a los contratos comerciales 45.

Atendiendo a la naturaleza de la querella y la denuncia, en donde se actúa en representación de la Procuraduría General de la República, procurando la afectación mínima del patrimonio de ésta, se formularon 138 consultas interviniéndose activamente en la integración de dichas indagatorias.

 

ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
FEDERAL 1994-1995

Concepto

1994

1995

Variación
%

 

 

 

 

Vigilante de la
Cosntitucionalidad y la Legalidad

 

 

 

Pedimentos de Amparo

39,698

48,645

22.5

Orientación Legal (persona)

1,711

2,188

27.9

 

 

 

 

Representante
de la Federación

 

 

 

Juicios Federales iniciados

690

657

-4.8

 

 

 

 

Autoridad

 

 

 

Averiguaciones Previas

 

 

 

  • Existencia al mes anterior

6,848

6,981

1.9

  • Iniciadas

30,759

35,016

13.8

  • Despachadas

26,633

33,482

25.7

  • En trámite

8,296

7,571

-8.7

 

 

 

 

Dictamen del No Ejercicio
de la Acción Penal

7,286

12,812

75.8

 

 

 

 

Parte en juicios Penales

 

 

 

Iniciados

10,977

14,055

28.0

Concluidos

13,615

13,943

2.4

1994 Comprende el período, diciembre 1993 a junio 1994
        1995 Comprende el período, diciembre 1994 a junio 1995

De igual forma, durante 1995 se han elaborado 12,812 dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal y 5,942 de Reserva, en donde para efectos de mejor control y desempeño de la función encomendada, se cuenta con oficinas descentralizadas en 20 Delegaciones Estatales y una Área Central con sede en la Ciudad de México.

 

4.6 Agencia Especializada Antinarcóticos

En este orden de ideas, la Agencia Especializada del Ministerio Público Federal adscrita al Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, ha reforzado la lucha contra el narcotráfico, atendiendo asuntos complejos e importantes de la actividad de las diversas áreas operativas, como son la erradicación de cultivos ilícitos y la intercepción aérea, marítima y terrestre, así como de la Policía Judicial Antidrogas, habiéndose integrado de diciembre de 1994 a junio de 1995, un total de 399 averiguaciones previas, que en comparación con el mismo período del año anterior, representa un aumento del 29%, incluyendo lo realizado a nivel del área central y de las dos delegaciones regionales con sede en Mazatlán, Sinaloa, y Tapachula, Chiapas.

INCIDENCIA DELICTIVA FEDERAL
1994-1995

Concepto

1994

1995

Variación
%

 

 

 

 

Averiguaciones previas

307,559

35,016

13.8

 

 

 

 

Posibles delitos registrados

 

 

 

Contra la Salud

12,389

14,476

16.8

Delitos Diversos

18,370

20,540

11.8

1994 Comprende el período, diciembre 1993 a junio 1994
        1995 Comprende el período, diciembre 1994 a junio 1995

 

4.7 Subprocuraduría Especial

  • Antecedentes

Por otra parte, en virtud de la radicación de las averiguaciones previas correspondientes a las investigaciones de los homicidios del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1994, el decreto por el que se adiciona el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que legaliza las actuaciones de la Subprocuraduría Especial para intervenir en todas las fases de los procedimientos penales relacionados con los homicidios de los señores Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, así como los demás asuntos que le sean asignados por el Procurador, por su relevancia e impacto social.

a) Caso Colosio

En cuanto a la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, ha sido compromiso del Presidente de la República, desde el inicio de su gestión, llegar al conocimiento de la verdad y, consecuentemente, procurar y administrar la justicia en los términos que legalmente corresponde. Con ese propósito, instruyó al Procurador General de la República para que, sin ninguna limitación y con toda libertad, proceda a las investigaciones del caso y llegue hasta las últimas consecuencias.

Por razón de lo anterior, la Procuraduría General de la República ha procedido desde diciembre de 1994 a realizar una revisión minuciosa y absoluta del asunto, sobre todo por lo que hace a las conclusiones a las que hasta entonces se habían llegado. Se realizaron reconstrucciones en la escena de los hechos, se recabaron diversas declaraciones de testigos de los hechos, así como elementos científicos, que en su conjunto tuvieron como consecuencia desvirtuar la teoría del asesino solitario, apareciendo una segunda persona que realizó el segundo disparo; motivo por el que surgió la hipótesis de que el homicidio de Luis Donaldo Colosio fue producto de una acción concertada y no de un homicida solitario. Por ello, se procedió a investigar la identidad del segundo tirador y el 24 de febrero del año en curso se ejercitó acción penal ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, en contra de Othón Cortés Vázquez, como presunto responsable del delito de homicidio calificado en agravio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta; instaurándose el proceso penal 28/95, el cual a la fecha se encuentra aún en la etapa de desahogo de pruebas.

Por lo que se refiere a la causa penal 28/95, instruida en contra de Othón Cortés Vázquez, se presentaron 34 elementos de prueba, destacando 20 ampliaciones de declaración de siete elementos del Estado Mayor Presidencial. Se encuentran igualmente por desahogarse diversas pruebas presentadas por la Fiscalía ante el Juez Instructor, dejando triplicado abierto para la probable participación de otras personas. A la fecha se sigue abundando sobre distintas líneas de investigación que lleven al total esclarecimiento de los hechos.

De igual forma se ejercitó acción penal en la misma causa en contra de Mario Alberto Carrillo Cuevas por el mismo delito, obsequiándose la orden de aprehensión respectiva, que está pendiente de cumplimentar, en virtud de que el inculpado se encuentra prófugo. En su oportunidad se ejercitó acción penal en contra de Fernando de la Sota Rodalleguez y Alejandro García Hinojosa, por el delito de falsedad de declaraciones; radicándose el proceso penal 28/95, en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, encontrándose en la etapa de desahogo de pruebas.

En cuanto al estado procesal que guarda la causa penal 44/94 que se ventila en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, se dictó sentencia absolutoria a favor de Tranquilino Sánchez Venegas, contra la cual se presentó recurso de apelación, confirmándose dicha sentencia por el Primer Tribunal Unitario del Estado de México el 4 de agosto de 1995. En la misma causa penal 44/94, instaurada en contra de Vicente Mayoral Valenzuela y Rodolfo Mayoral Esquer, también por el delito de Homicidio Calificado, con fecha 7 de julio del año en curso se dictó por el juez de la causa sentencia absolutoria; presentándose por parte de esta Representación Social Federal el recurso de apelación con la expresión de agravios correspondientes, programándose la audiencia de vista para el 14 de agosto.

La Procuraduría General de la República continúa ahondando en sus líneas de investigación, para llegar, como se ha afirmado, hasta el total esclarecimiento de los hechos.

b) Caso Francisco Ruiz Massieu

El mismo compromiso presidencial se ha expresado por lo que hace al caso Francisco Ruiz Massieu, por lo que la Procuraduría General de la República igualmente tiene el deber de profundizar en la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias.

Con relación al caso del homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, al inicio del mes de diciembre se encontraban sujetos a proceso las siguientes personas; Daniel Aguilar Treviño, Carlos Ángel Cantú Narváez, Fernando Rodríguez González, María Eugenia Ramírez Arauz, Jorge Rodríguez González, Marco Antonio Rodríguez González, Martín Ramírez Arauz, Roberto Ramírez Arauz, Irving Antony Dorrego Cirerol, Jesús Sánchez, Abraham Rubio Canales, Claudia Carola Santos Cruz, Carmelo Herrera Gómez y José Pascual Álvarez. Actualmente se encuentra pendiente de cumplimentar la orden de aprehensión obsequiada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, en contra de Manuel Muñoz Rocha, como presunto autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.

La Subprocuraduría Especial, a través de una exhaustiva investigación de diversas declaraciones ministeriales y con base en diversos elementos de convicción, ejercitó acción penal, el 24 de febrero del año en curso, en contra de Raúl Salinas de Gortari, como autor intelectual y probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de José Francisco Ruiz Massieu, ante el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, obsequiándose la orden de aprehensión el día 25 de febrero, que fue cumplimentada el 28 del mismo mes, quedando a disposición de la autoridad mencionada en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, a la fecha se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas.

De igual forma, se abrió un triplicado para el seguimiento de delitos conexos, motivo por el que se citó con carácter de indiciado al señor Mario Ruiz Massieu. El 5 de marzo del presente año, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, obsequió la orden de aprehensión en contra de Mario Ruiz Massieu, como probable responsable de los delitos de intimidación, delito cometido contra la administración de justicia y encubrimiento, misma que se encuentra pendiente de cumplimentar hasta que se obtenga su extradición. Por otra parte, ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito se interpuso juicio de amparo por Mario Ruiz Massieu en contra de la orden de aprehensión, extradición y aseguramiento de bienes, otorgándose la protección de la justicia federal al quejoso únicamente por los delitos de intimidación y encubrimiento, resolución contra la cual se interpuso el recurso de revisión por la Representación Social Federal, estando aún pendiente de resolver.

Asimismo, el día 20 de marzo de 1995, se dictó sentencia condenatoria dentro de la causa penal acumulada 78/94 y 90/94, radicada en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, en contra de Daniel Aguilar Treviño, Fernando Rodríguez González y Carlos Ángel Cantú Narváez, por la comisión de los delitos de homicidio calificado y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, imponiéndoles una pena de 50 años de prisión y se les condena al pago de la reparación del daño. A Jorge Rodríguez González se le condena a 50 años de prisión y a la reparación del daño, por la comisión del delito de homicidio calificado. A María Eugenia Ramírez Arauz, Roberto Ángel Ramírez Arauz y Jesús Sánchez, se les impone la pena de prisión de 37 años, 6 meses y se les condena al pago de la reparación del daño por la comisión del delito de homicidio calificado. A José Pascual Álvarez, se le condena a tres años de prisión y 15 días de multa, por la comisión del delito de portación de arma de fuego reservada para el ejército, armada y fuerza aérea nacionales.

Los sentenciados Carlos Cantú Narváez, Daniel Aguilar Treviño, Jorge Rodríguez González, José Pascual Álvarez, Jesús Sánchez, Roberto Ángel Ramírez Arauz y María Eugenia Ramírez Arauz, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria que se les dictó, celebrándose el día 9 de junio del año en curso la audiencia de vista en el Cuarto Tribunal Unitario del Primer Circuito en el Distrito Federal, estando en espera de la resolución definitiva por parte de ese tribunal de alzada.

En relación a la situación procesal de Jaime Federico de la Mora Gómez, a la fecha se encuentra pendiente el ofrecimiento de pruebas por parte de esta Fiscalía Especial. Y por lo que se refiere al inculpado Abraham Rubio Canales, la Representación Social Federal promovió incidente de sobreseimiento, por demostrarse durante el proceso que no tuvo participación en el homicidio perpetrado en agravio de José Francisco Ruiz Massieu, decretándose el sobreseimiento el 15 de marzo de 1995.

Finalmente, con motivo del triplicado abierto para el seguimiento de delitos conexos, con fecha 19 de junio del año en curso se ejercitó acción penal en contra de Mario Salvador Ruiz Massieu, Jorge Anastasio Stergios Gómez, Adrián Carrera Fuentes, Carlos Jaime Pratt Straffon, Arturo Deloya Fonseca, Joaquín Jesús Pérez Serrano, Fausto Destenave Kuri, José Alejandro Sánchez Torres, Francisco Javier Herrera González, Humberto Torices Morales, Alejandro Pizarro Moreno, Dana María Samaniego Montes, Bertha Romero Corona y Flora Angélica Olguín Pérez, por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio público y tortura; radicándose la causa penal 81/95-1, ante el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, dictándose auto de formal prisión a los inculpados. Actualmente se están estudiando por parte de la Subprocuraduría Especial los medios probatorios correspondientes, para ofrecerlos en el momento procesal oportuno.

c) Caso Cardenal Posadas Ocampo

Por cuanto al caso Posadas Ocampo se refiere, al retomarlo la Procuraduría General de la República se procedió primeramente a una reconstrucción de la investigación que se llevó a cabo con anterioridad, se interrogó a 167 personas que no habían sido llamadas antes, y se reorientó la investigación concretamente hacia dos puntos probados: uno, la razón por la cual el cardenal estuvo en el aeropuerto, y otro, el conflicto entre dos bandas de narcotraficantes, para esclarecer si el cardenal fue víctima de una confusión, o de un accidente debido a un fuego cruzado en el enfrentamiento de dichas bandas, es decir, de una coincidencia desafortunada de encontrarse en el lugar y el momento inadecuados o bien si hubo otra razón por la cual alguien quisiera eliminarlo y, por tanto, que su muerte haya sido planeada previamente. En torno a dicha cuestión toral se centró la investigación de la Procuraduría, y después de haber recopilado una serie muy importante de pruebas, como es la declaración ministerial de 167 personas, ampliación de fe ministerial de 170 armas y 57 aparatos de radiocomunicación y teléfonos celulares, entre otras muchas, la Fiscalía Especial se acerca cada vez más a la determinación de quiénes fueron los que dispararon e contra del Cardenal, así como la conclusión definitiva respecto de cúal de las hipótesis iniciales es la correcta.

Debe aclararse que la Subprocuraduría Especial, en el área de procesos, únicamente coadyuva con los Ministerios Públicos adscritos a los juzgados, en la elaboración de promociones diversas en los juicios que se ventilan en contra de aquéllos que son señalados como participantes en el homicidio del Cardenal Posadas Ocampo.

4.8 Especialización del Ministerio Público Federal

  • FEPADE

En su ámbito de competencia, durante el mes de marzo se publicó en el Diario Oficial el nuevo manual de procedimientos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, a efecto de facilitar su función especializada, ajustar los procedimientos a un desarrollo ágil con pleno respeto de las garantías constitucionales para inculpados y ofendidos y establecer un sistema de revisiones sucesivas de las resoluciones de mayor trascendencia procesal.

En el desarrollo de sus actividades la FEPADE resolvió del 1o. de diciembre a la fecha 236 averiguaciones previas, de las cuales en 186 se dictaminó el no ejercicio de la acción penal, en 24 la consignación ante la autoridad jurisdiccional, en 23 se declaró incompetente, en 1 se aprobó la reserva y en 2 se resolvió la acumulación.

  • Asuntos Indígenas

Por lo que a la Fiscalía para la Atención de Asuntos Indígenas corresponde, ésta ha conocido los casos de los indígenas privados de libertad por delitos del orden federal, para que se resuelvan con profundo sentido humanitario y dar cauce eficaz a esta alta prioridad social, Dicha Fiscalía atendió en forma integral aquellos asuntos en que han estado involucrados en averiguaciones previas, procesos o amparos los miembros de pueblos o comunidades indígenas.

La práctica oportuna de los estudios socioantropológicos a los indígenas permitió al juzgador ser más justo en el momento de fijar las penas y medidas de seguridad. Asimismo se gestionaron beneficios para indígenas procesados en diferentes Estados de la República y se promovió el sobreseimiento en dos casos; e igualmente se promovió ante la Defensoría de Oficio Federal la interposición de 54 Juicios de Garantías en favor de indígenas internos en los Centros de Readaptación Social de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Campeche, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua, Hidalgo, Sinaloa, Durango, Querétaro, Yucatán y Tabasco.

  • Atención a Discapacitados Mentales

En junio de 1995 se creó la Agencia del Ministerio Público Federal Especial para la atención de personas con discapacidad mental. Su competencia es la referente a la atención de todos aquellos asuntos en donde se encuentre involucrado en cualquier calidad una persona con discapacidad mental, siendo obligación de todo Agente del Ministerio Público Federal que conozca de asuntos de esta naturaleza informar a la agencia especializada, en un término no mayor de 24 horas, la que determinará la línea de acción a seguir, pudiendo en su caso conocer del asunto por inhibitoria de quien inicialmente conoció o bien determinar la acción de supervisión que corresponda.

  • Delitos en el Extranjero

Por su parte la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en el Extranjero le permite la dirección, ejecución, coordinación y seguimiento de todos los asuntos que son planteados por los gobiernos extranjeros con base en el artículo 4o. del Código Penal Federal.

En este sentido se recibieron 21 denuncias de los Estados Unidos de América, integrándose las averiguaciones previas, y elaborándose el respectivo pliego de consignación. Se detectó la existencia de 75 mandamientos judiciales pendientes de ejecutarse; se cumplimentaron 20 órdenes de aprehensión, en su mayoría por el delito de homicidio calificado, sentenciándose a 25 personas conforme al artículo 4o. del Código Penal Federal.

 

 

5. ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

5.1 Conceptualización

Son de capital importancia para la Procuración de Justicia las funciones que cotidianamente desarrollan los integrantes de los órganos auxiliares del Ministerio Público Federal, representados por los Servicios Periciales y la Policía Judicial Federal.

Ambos llevan a cabo la investigación científica y operativa de los ilícitos con base en la constante actualización de técnicas y procedimientos, que les permita integrar oportunamente los requerimientos que se consideren necesarios como elementos de prueba del delito.

 

5.2 Servicios Periciales

En su carácter de auxiliar directo del Ministerio Público, los Servicios Periciales requieren de una estructura adecuada para desempeñar sus funciones, por lo que son metas de la actual administración la modernización de los laboratorios criminalísticos; la desconcentración de los Servicios Periciales en todas las Delegaciones Estatales a efecto de mejorar la calidad y oportunidad en la emisión de los dictámenes; y la capacitación permanente de los peritos a fin de contar con elementos altamente especializados en las diversas materias.

Actualmente el área de Servicios Periciales cuenta con once laboratorios químicos desconcentrados, los cuales cubren estratégicamente los estados de mayor actividad en materia de delitos contra la salud, a cargo de Peritos Químicos ampliamente capacitados en la identificación de narcóticos.

Asimismo, en Medicina Forense se tienen cuarenta y cinco Médicos Legistas Foráneos, adscritos a las Delegaciones Estatales de todo el país, en su mayoría con consultorios médicos debidamente equipados.

Durante la presente administración la capacidad de respuesta en las áreas desconcentradas en materia de Química y Medicina Forense, se ha reforzado mediante una mayor coordinación con las Delegaciones Estatales y bajo la supervisión técnica de las áreas centrales.

Cabe resaltar la reciente inauguración del laboratorio de Química Forense en la Delegación Estatal de Durango, en el cual se desarrollan técnicas instrumentales como: espectrofotometría de la luz ultravioleta, espectrofotometría de luz infrarroja y espectrometría "Emit" (análisis antidrogas), lo que permite en las dos primeras, una respuesta inmediata al Ministerio Público en cuanto a la identificación de drogas y en el "Emit" la detección inminente del abuso o uso de cualquier tipo de droga.

En el laboratorio central de la Ciudad de México, en materia de identificación dactiloscópica, se desarrollo el sistema automatizado del casillero de identificación nominal, en el cual se obtienen de manera inmediata los datos generales, ingresos, reingresos, así como la fotografía de frente y de perfil de las personas existentes en el archivo.

De diciembre de 1994 a junio de 1995, se recibieron 51,232 solicitudes periciales; dictaminándose 51,190 de las mismas y detectándose un incremento del 8% con respecto al período de diciembre de 1993 a junio de 1994.

Las solicitudes remitidas por el Ministerio Público Federal y por el Poder Judicial fueron atendidas con una gran capacidad de respuesta, lo que permitió que la intervención pericial contara con una eficiencia casi del 100% en la emisión de dictámenes.

Es conveniente destacar dos casos relevantes que se presentaron en este período. En junio de 1995 se obtuvo uno de los decomisos más importantes a nivel mundial, al asegurarse en la ciudad de Manzanillo, Colima, 13,460 kgs. de hashis, así como 11,978 muestras de estupefacientes, en donde fue notoria la participación de Servicios Periciales en las especialidades de Química y Fotografía.

El segundo caso requirió la intervención de peritos especialistas en Química, Medicina Forense, Criminalística y Fotografía, a raíz del impacto ocasionado por las muertes y enfermedades originados por la adulteración de mezcal con metanol en el estado de Morelos.

5.3 Policía Judicial Federal

La Procuraduría General de la República está comprometida, desde la entrada en vigor de la reforma al artículo 21 constitucional, por contar con una corporación policial que se rija por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Ha procurado para ello que la Policía Judicial Federal se someta al mando directo e inmediato del Ministerio Público, que no se extralimite y que en consecuencia respete verdaderamente los derechos humanos.

En el período del informe se llevó a cabo la reorganización interna de la Policía Judicial Federal, siendo creada la Dirección de Aprehensiones a fin de organizar, instruir y supervisar el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación, arresto, cateo, traslado, localización y demás que procedan conforme a la ley. Se estableció un control de las órdenes y mandamientos judiciales y ministeriales, un control técnico del archivo de todos los agentes y de las comparecencias de los agentes a los juzgados que lo requieran.

Con la finalidad de tener un mejor control de los Agentes de la Policía Judicial Federal, se estableció un programa de rotación, generándose 2,288 cambios de adscripción.

De conformidad con las atribuciones del Ministerio Público Federal y con énfasis en el abatimiento del rezago de mandamientos judiciales, de diciembre de 1994 a junio de 1995 se giraron 5,249 órdenes de aprehensión habiéndose cumplido 2,803, lo que representa el 53%.

Adicionalmente, y en el mimo período se cumplieron 1,117 reaprehensiones, 12,090 investigaciones, 3,382 presentaciones y localizaciones, además de 1568 comparecencias, cifras que muestran mayor dedicación por parte de los servidores públicos responsables.

En relación a la reubicación de reos, la Policía Judicial Federal apoyó a la Secretaría de Gobernación en el traslado de 351 reos de una entidad federativa a otra, de 673 a Ceferesos y Ceresos, y de 355 procesados penales.

Cabe mencionar, también, que en mayo de 1995 se destruyeron más de dos millones de audiocassettes y un millón y medio de videocassettes, como resultado de una campaña emprendida por la Procuraduría General de la República, decidida a erradicar la piratería que tanto daña a nuestra sociedad, al mermar al legítimo propietario de sus derechos y al poner en circulación fonogramas y videogramas de mala calidad, que a la larga afectan al consumidor en su economía.

Por otro lado, con el fin de evitar el tráfico de drogas y armas, así como prevenir secuestros en carreteras nacionales, se ha mantenido hasta ahora en operación el programa de puntos de Revisión Carreteros, sin dejar de atender las objeciones que sobre el particular se han hecho valer por diversos sectores de la población para su desaparición, por lo que se ha acordado su supresión.

ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES
DEL MINISTERIO PÚBLICO
FEDERAL 1994-1995

Concepto

1994

1995

Variación
%

 

 

 

 

Policía Judicial

 

 

 

Mandamientos judiciales abatidos

 

 

 

  • Aprehensiones

2,387

2,803

17.4

  • Reaprehensiones

816

1,117

36.9

  • Comparecencia

2,458

1,568

-36.2

  • Investigación

6,828

12,090

77.1

  • Localización y Presentación

2,582

3,382

31.0

 

 

 

 

Servicios Periciales

 

 

 

Dictámenes emitidos

47,411

51,190

8.0

1994 Comprende el período, diciembre 1993 a junio 1994
        1995 Comprende el período, diciembre 1994 a junio 1995

 

6. LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

6.1 Introducción

Uno de los grandes problemas sociales a los que se enfrenta actualmente el Gobierno de México, es el crimen organizado, cuya expresión más importante se da en el narcotráfico, sin que pueda dejar de tomarse en cuenta que abarca otras situaciones o delitos conexos como son: el lavado de dinero, el tráfico de armas, secuestros y homicidios.

México, al igual que muchos países del orbe, ha visto amenazada la salud de sus habitantes ante los embates de un fenómeno de gran magnitud y complejidad como es el consumo y tráfico de drogas ilícitas que ponen en riesgo la seguridad nacional.

Los indicadores disponibles apuntan hacia una cada vez mayor diversificación; a la transnacionalización del narcotráfico se suman ahora los intentos de sus organizaciones para incrementar los mercados consumidores, incorporando como tales a los países productores y de tránsito. Al mismo tiempo las organizaciones delictivas tratan de extender las zonas de cultivo en los países de consumo, modificando las formas y rutas de tránsito para evadir los controles de las autoridades.

Los narcotraficantes han variado tanto sus rutas como sus formas de operación hacia Norteamérica; tratando de evadir los controles establecidos utilizan las islas del Caribe, el sur de México, Centroamérica y el Pacífico. Otra vía de tráfico se inicia en Bolivia pasando por Paraguay y Argentina, utilizando embarcaciones que se dirigen a los Estados Unidos.

Consciente de la gravedad del problema, el Presidente de la República al definir la política de su gobierno, en el mensaje a la nación del 1o. de diciembre de 1994, aseveró que "es intolerable la impunidad al narcotráfico, ya que ésta es la mayor amenaza a la seguridad nacional, el más grave riesgo para la salud social y la más cruenta fuente de violencia".

Por tanto, la Procuraduría General de la República ha integrado el Proyecto Nacional para el Control de Drogas 1995-2000, en el que de manera integral y coordinada participan todas las Secretarías de Estado que por su ámbito de competencia incidan en la prevención, detención y combate al problema del narcotráfico.

 

6.2 Estrategias Institucionales

En el marco general del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se implementaron cinco estrategias prioritarias, las cuales son el resumen de la práctica cotidiana y de las experiencias suministradas por otros países en las reuniones o foros multinacionales donde se ha participado activamente.

Atención integral: ya que la farmacodependencia y los delitos contra la salud forman parte de un mismo problema, el fenómeno de las drogas no puede ser atendido de forma fragmentada; en tal virtud se ha requerido establecer acciones que concurrentemente promuevan la prevención de la farmacodependencia, corresponsabilizando a todas las dependencias del gobierno federal, bajo un programa de coordinación y con el pleno involucramiento de la sociedad, así como acciones que abatan la comisión de delitos.

Fortalecimiento de la Prevención: se busca atender el problema en su origen analizando las causas que lo generan e impulsan, sus formas de desarrollo y proliferación, así como su interrelación con otros factores con el fin de contener y revertir su crecimiento.

Modernización de las Estructuras del Estado: esta adaptación que es orgánica y funcional se hace efectiva por medio de nuevas leyes y la modificación de otras. La modernización permanente en los métodos de trabajo y el fomento de la investigación científica ha permitido un gran conocimiento del fenómeno y ha dado mayor eficiencia a las acciones de erradicación, y a la profesionalización de los servidores públicos que atienden los delitos contra la salud.

Coordinación Nacional: en razón a que las acciones a realizar trascienden al ámbito del quehacer público, se ha promovido que la sociedad en pleno se identifique como partícipe del problema. En la lucha contra estos delitos participan las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Educación, Salud, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y esta responsabilidad abarca igualmente a los gobiernos de los estados.

Cooperación Internacional: en virtud a que el fenómeno se caracteriza por tener formas de expresión internacional, esta cooperación se ha establecido incrementado la concertación universal y regional, mediante la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales con gobiernos extranjeros y organismos internacionales especializados, a través de las instancias correspondientes. Los principios básicos de la política exterior del Gobierno de México, han sido celosamente observados y son estos los que han normado la participación de nuestro país en los ámbitos multilateral y bilateral en materia de control de drogas.

 

6.3 Lucha contra el Narcotráfico

Dado que el crecimiento y sofisticación del crimen organizado es constante, la Procuraduría General de la República también mejora la calidad de sus servicios y realiza mayores esfuerzos contra el narcotráfico.

Por ello ha sido muy importante recopilar expedientes relativos a las principales organizaciones de narcotraficantes como son los correspondientes a Juan García Abrego, Amado Carrillo Fuentes, Joaquín Loera Guzmán (a) "El Chapo", Jesús Héctor Palma Salazar (a) "El Güero Palma", y los hermanos Arellano Félix, con el fin de determinar de manera clara quienes son los integrantes de cada organización o cártel, su modus operandi, y todos aquellos datos que permitan un correcto manejo de la información recopilada, estableciendo un verdadero centro de inteligencia con otras autoridades mediante el empleo de tecnología avanzada.

A fin de aprovechar al máximo la información y los recursos disponibles, se han mantenido permanentemente eficientes enlaces y coordinación, a través del Centro Nacional para el Control de Drogas (CENDRO), con 12 dependencias del Poder Ejecutivo Federal y con las autoridades de las Entidades Federativas del país.

 

ATENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD
1994-1995

Concepto

1994

1995

Variación
%

 

 

 

 

Erradicación de estupefacientes

 

 

 

Plantíos

31,448

35,154

11.8

Hectáreas

2,663

3,505

31.6

 

 

 

 

  • Marihuana

 

 

 

Plantíos

10,136

12,129

19.7

Hectáreas

929

1,253

34.9

 

 

 

 

  • Amapola

 

 

 

Plantíos

21,312

23,025

8.0

Hectáreas

1,734

2,252

29.9

 

 

 

 

Aseguramientos

 

 

 

Semilla de marihuana (1)

150

267

78.6

Semilla de amapola (1)

43

27

100.0

Marihuana (1)

233,577

178,796

-23.5

Goma de opio (1)

88

120

36.1

Morfina (1)

0

3

100.0

Heroína (1)

259

91

-64.9

Cocaína (1)

10,234

9,065

-11.4

Psicotrópicos (2)

20,639

262,111

1170.0

Vehículos terrestres (2)

1,068

667

-37.5

Aeronaves (2)

10

9

-10.0

Embarcaciones (2)

2

12

500.0

Armas (4)

286

229

-19.9

Laboratorios clandestinos

6

7

16.7

 

 

 

 

Detenidos

 

 

 

Nacionales

3,270

2,343

-28.3

Extranjeros

81

59

-27.2

1994 Comprende el período, diciembre 1993 a junio 1994
        1995 Comprende el período, diciembre 1994 a junio 1995
Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas. P.G.R.

 

En el período que se informa destaca la detención de Jesús Héctor Palma Salazar (a) "El Güero Palma" jefe del denominado "Cartel de Sinaloa", en compañía de Artemio Álvarez Bojorquez, Jesús Manuel Barajas Grijalva, Manuel González González, Roberto Antonio Navarro, Francisco Javier Benítez Monzón, Bogar Pérez Padilla, Pablo Ruiz Puga y Apolinar Pintor Aguilar. Adicionalmente el 8 de junio fue aprehendido en Mazatlán, Sinaloa, José de Jesús López Amparan (a) "El Manos Pintas", lugarteniente de Jesús Héctor Palma Salazar "El Güero Palma"".

También se afecto al "Cártel del Golfo" que dirige Juan García Abrego al cumplir, el 1o. de enero de 1995, en las inmediaciones de ciudad Reynosa, Tamps., la orden de aprehensión librada en contra de José Luis Ferrel Aguilar, y el 25 de mayo, en la ciudad de México, la orden de aprehensión en contra de José Luis Sosa Mayorga, (a) "El Cabezón Sosa".

En cuanto al aseguramiento de drogas, es conveniente resaltar el esfuerzo de las dependencias involucradas en el combate al narcotráfico, pues se tuvo un incremento en el aseguramiento de marihuana, alcanzando de diciembre de 1994 a junio de 1995 un total de 335,197 kgs.

Por su importancia, se describen las siguientes acciones relevantes:

El 3 de febrero en la ciudad de Chetumal, Q. Roo, se aseguraron 1,200 kgs. de cocaína.

El 27 de febrero en el Aeropuerto de Tijuana, B.C., se aseguraron 17 kgs. de goma de opio.

El 23 de marzo en la carretera México-Puebla se interceptó un trailer que transportaba 20 toneladas de chiles jalapeños, encontrándose en su interior 805 kgs. de cocaína.

El 28 de marzo en Altamira, Tamaulipas se logró un aseguramiento de 13 toneladas de marihuana localizada en diversos toneles de piña congelada, los cuales eran transportados por el barco denominado "Penélope II", con bandera panameña que provenía de Colombia.

El 4 de abril en el Puerto de Mazatlán, Sin., se aseguraron 10,307 kgs. de planta seca y empaquetada de marihuana, estupefaciente que se encontraba oculto en la caja posterior de 2 camiones de carga, de la línea denominada "Julián de Obregón", S.A. de C.V.

El 7 de abril en Laguna Camaronera, Ver., se aseguraron 909 kgs. de cocaína.

El 11 de abril en la localidad de Majahual, Chetumal se aseguraron 871 kgs. de cocaína.

El 17 de abril, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cajas que contenían aparatos de aire acondicionado se detectaron 5,988,293 dólares americanos.

El 14 de junio en Chetumal, Q. Roo, se aseguraron 1,377 kgs. de cocaína.

Durante el período comprendido del 16 al 26 de junio de 1995, se implementó el operativo denominado "Triángulo", en cuyas acciones participaron, México, Guatemala y Belice, en las zonas en que inciden los límites territoriales de dichos países, en el entendido de que el territorio nacional se aseguraron 1,507 kgs. de clorhidrato de cocaína, 36 kgs. de goma de opio; un vehículo terrestre, una embarcación y 13 armas de fuego, además de la detención de 22 personas que participaron en la comisión de delitos contra la salud, en materia de narcóticos, e intercepción de 169 indocumentados, que fueron puestos a disposición de la autoridad migratoria.

El 21 de junio en el Puerto de Manzanillo, Col., se aseguraron 13,460 kgs. de hashis (resina de la marihuana), estupefaciente que se encontraba almacenado en dos contenedores, procedentes de la República de Pakistán.

Por otro lado, de diciembre de 1994 a junio de 1995, el ingreso de numerario asegurado asciende a 8,595,887 dólares americanos y a N$ 1,685,864 en moneda nacional.

6.4 Intercepción

El lo referente a intercepción, se cuenta con un sistema integral, a través del cual se suman a la fuerza de reacción las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Comunicaciones y Transportes, para aprovechar al máximo los recursos de que dispone el Gobierno Federal.

En las 4 bases de intercepción aéreas localizadas en Puerto Vallarta, Jal., Mérida, Yuc., Villahermosa, Tab., y Tapachula, Chis., se realizaron las operaciones que a continuación se describen: 93 intercepciones aéreas en alerta, 83 seguimientos aéreos, 12 con desenlace en tierra, 42 designadas por el CENDRO, 504 revisiones complementarias y 15 operativos en apoyo al Ejército Mexicano.

Cabe destacar que para la localización y destrucción de plantíos de estupefacientes, así como para la intercepción de aeronaves utilizadas en el transporte de narcóticos, la Procuraduría General de la República cuenta con una flota de 154 aeronaves, las cuales operan con alta seguridad, eficiencia y oportunidad.

En buena medida la intercepción terrestre se efectuó por medio de los Puntos de Revisión Carreteros (PRECOS) y de los puntos de Revisión y Control en Aeropuertos (PRECOAS), la cual se fortaleció con la operación de 32 binomios sensores (manejador-perro) en 26 puntos de revisión. Se revisaron 137,537 vehículos, 19,876 aeronaves, 30,016 paquetes en bodega fiscal a empresas nacionales e internacionales que ofrecen este servicio y 7 revisiones complementarias.

Para disuadir la actividad ilícita por vía marítima, se tiene presencia en los puertos de altura con mayor probabilidad de recibir contenedores con estupefacientes o psicotrópicos, para lo cual se cuenta con 5 bases de intercepción marítima, las cuales se apoyan con 6 lanchas rápidas, en los puertos de Veracruz, Ver., Chetumal, Q. Roo, Lázaro Cárdenas, Mich., Mazatlán, Sin. y Tampico, Tamps.; en éstas se revisaron 220 embarcaciones, 393 aeronaves, 3,426 vehículos inspeccionados en transbordadores, en el recinto fiscal 9,957 contenedores, 2,149 palletes, 11,314 atados y se efectuaron 452 revisiones complementarias.

 

6.5 Erradicación

Dentro del Programa Nacional de Erradicación de Cultivos Ilícitos para 1995, se concluyeron dos investigaciones sobre métodos de destrucción de cultivos ilícitos, la primera acerca de la "determinación de la efectividad desecante del herbicida utilizado en la destrucción de plantíos ilícitos" y la segunda sobre la "evaluación del impacto ambiental del Paraquat prueba de germinación en un cultivo lícito". Adicionalmente se elaboraron documentos sobre la "determinación de la aplicación de las normas establecidas para el uso, almacenamiento y manejo de agroquímicos en los almacenes", "posibles efectos del Paraquat en aeronaves y equipos", e "informe sobre el estudio de medios de dispersión de una enfermedad en amapola".

En forma permanente se llevó el registro de información de vuelos de reconocimiento, aspersión y destrucción, así como la estadística mensual de los operativos de erradicación. Se signaron 24 acuerdos de coordinación de las actividades de erradicación con autoridades militares en Guerrero, Oaxaca, Durango, Sinaloa y Chihuahua.

El esfuerzo desplegado por la Procuraduría General de la República para erradicación de estupefacientes permitió que de diciembre de 1994 a junio de 1995, se destruyeran 2,252 has. de amapola y 1,253 has. de marihuana, lo cual comparado con los datos del período anterior representa un incremento del 30% y 35% respectivamente. Se destaca por su importancia la destrucción de un plantío de marihuana con una superficie de 30 hectáreas, al noroeste del poblado de Monte Largo, municipio de Navolato, Sin.

Adicionalmente, se han implementado un total de 15 programas especiales para la erradicación de cultivos ilícitos, según la temporada de siembra y cosecha en las zonas más críticas o reincidentes.

Dichos programas se desarrollaron en los Estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.

 

 

7. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

7.1 Introducción

Considerando la gran importancia que tiene para la sociedad nacional el comportamiento y actuación de la Procuraduría General de la República, así como de sus servidores públicos, a partir del 1o. de diciembre de 1994 se está llevando a cabo la renovación de principios, valores y redefinición de los compromisos institucionales.

Para dar cumplimiento a estos y otras acciones más, y en atención a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Contraloría Interna de la Dependencia esta realizando auditorías a las áreas adjetivas y revisando los procesos de las áreas sustantivas, que aseguren la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros, y el estricto apego a la normatividad establecida.

La Contraloría Interna replanteó el esquema de organización administrativa para adecuarlo a la nueva concepción del control interno en la Institución, hacia una auditoría integral y de mayor cobertura, con controles de calidad mediante el seguimiento de observaciones y recomendaciones, con aplicación de sanciones oportunas, con seguimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se instrumentaron los sistemas de evaluación de la gestión institucional y del desempeño individualizado de los servidores públicos. Con ello, el control interno tiene como objetivo ser más preventivo que correctivo y más propositivo que sancionador.

7.2 Control Administrativo

Con el propósito de proteger los más altos valores de la sociedad mexicana, en el marco de los derechos establecidos en nuestra Constitución Política, los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, deben desarrollar su actuación apegados a derecho y con la mística propia de una institución profesional.

Durante el mes de febrero de 1995, se llevó a cabo el seminario sobre Valores Institucionales y Mística de Servicio, en el que participaron aproximadamente 230 personas, entre agentes del Ministerio Público y Policía Judicial Federal, así como otros servidores públicos, para discutir con representantes de la sociedad diversos tópicos que quedaron plasmados en las memorias y videocintas, como procedimiento para continuar con la formación de un mayor número de servidores públicos.

De esta manera, se desarrolló y difundió el nuevo instrumento normativo sobre el comportamiento de los integrantes de la Institución, denominado Código de Conducta y Mística Institucional, que contiene un conjunto de valores éticos y de comportamiento de observancia obligatoria en el servicio, para que éste sea transparente, eficiente y honesto.

Igualmente, se editaron el Compendio de Normas sobre Responsabilidad Profesional de la Procuraduría General de la República y la Guía del Delegado Estatal, documentos de consulta obligatoria, cuya utilidad reside en dar a conocer el marco legal de actuación de los servidores públicos, y fomentar así un cambio de actitud en el servicio, fundado en un mayor apego y cumplimiento de la norma.

Por otra parte, se puso en operación el Sistema de Evaluación del Desempeño, sustentado en la valoración que el jefe inmediato realiza a sus colaboradores. Con él se constituyó una base de información sobre aspectos personales del evaluado, disciplina, comportamiento, respeto, eficiencia, capacitación y desempeño cotidiano, aptitudes, preferencias, inclinaciones y condiciones de trabajo; así como sanciones, suspenciones, estímulos y reconocimientos. Todo ello a efecto de contar con un perfil de nuestros servidores públicos que coadyuve a encontrar la idoneidad en el cargo y promover su desarrollo profesional.

Durante los meses de mayo y junio se logró censar a 1,784 Ministerios Públicos Federales, 4,207 policías judiciales federales y 160 peritos profesionales adscritos en las 31 delegaciones estatales y área metropolitana, cubriendo con ello la totalidad de este tipo de servidores públicos. Simultáneamente, al total de la población se le aplicó el examen psicodiagnóstico y al 20% de esta población (1,141 muestras), se aplicó pruebas antidoping para la detección del consumo de psicotrópicos y estupefacientes, resultando positivos 46 casos. Cabe destacar que la Institución carecía de registro alguno respecto de sus servidores públicos, circunstancia que obligó a la implementación inmediata de las medidas antes señaladas.

Este programa por su impacto tiene ya carácter permanente, en virtud de que permite disponer de un sistema para consulta que revela las aptitudes del personal de la Institución. Se cuenta con un censo actualizado que permite desarrollar el programa para la autoevaluación pos área e individuo, realizar diagnósticos respecto de las necesidades de capacitación y actualización del personal, además de proporcionar apoyo psicológico al personal que lo requiera.

Con base en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de acuerdo con el Programa Anual de Control y Auditoría, durante el período se efectuaron 31 revisiones, cuatro corresponden al Programa Anual de Control de Auditoría de 1994 y las 27 restantes forman parte de las 51 programadas para este año. Se tienen en proceso 20.

De las revisiones concluidas se derivaron 116 observaciones relevantes, que tienen que ver con mejoras y un uso más eficiente en el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros.

Se realizaron seguimientos tendientes a verificar la implantación de las medidas correctivas establecidas en 160 observaciones relevantes, corroborando que se han cumplimentado 62 y se encuentran en proceso de solventación las 98 restantes. Estas acciones están orientadas a cumplir con las políticas y lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, emitidas por el Gobierno Federal y a nivel interno.

Recientemente se puso en operación el Programa de Austeridad y Uso Eficiente de los Recursos Públicos, mediante el cual cada una de las áreas, centrales y desconcentradas, informan periódicamente las acciones realizadas para cumplir con el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, del que se espera no sólo tener economías, sino también una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos.

7.3 Sistema de Responsabilidad

El sistema de responsabilidades en el servicio público tiene dos finalidades: prevenir conductas contrarias al buen servicio y sancionar a quienes en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, han incurrido en actos u omisiones que no sólo afectan la función pública sino que lesionan los intereses o derechos de los ciudadanos.

Durante el período diciembre de 1993 a agosto de 1994, se recibieron 2,144 quejas y denuncias en contra de servidores públicos, de las cuales 548 dieron lugar a la incoación del procedimiento administrativo, las 1,596 restantes se remitieron al archivo definitivo o acuerdo de improcedencia. Para el período diciembre de 1994 a agosto de 1995, se atendieron 1,180 quejas y denuncias, 734 dieron origen al inicio del procedimiento administrativo y 446 no fueron procedentes, lo que denota un incremento en el inicio de procedimientos disciplinarios, que representa una más expedita y oportuna atención de la demanda ciudadana.

De diciembre de 1993 a agosto de 1994, se dictaron 418 resoluciones consistentes en 95 inhabilitaciones, 71 destituciones, 9 destituciones e inhabilitaciones, 53 suspenciones, 97 amonestaciones, 2 apercibimientos, 234 no administrativamente responsables, 3 sin sanción y 77 improcedencias. En tanto que en el mismo período pero de 1994-1995 se dictó resolución en 498 procedimientos que se resolvieron de la siguiente forma: inhabilitaciones 45, destituciones 52, destituciones e inhabilitaciones 16, suspensiones 95, amonestaciones 85, apercibimientos 36, no administrativamente responsables 219, sin sanción 21 e improcedencias 92, lo que significa un avance del 19.14 por ciento en la agilización de los trámites y procedimientos, lo que evidencia una aplicación más estricta y puntual de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que se correlaciona a una voluntad decidida para combatir la impunidad.

7.4 Seguimiento de recomendaciones de la C.N.D.H.

La tramitación de las solicitudes de información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones de servidores públicos de la Procuraduría General de la República, se ha agilizado notablemente y en la mayoría de los casos se han cumplido los plazos establecidos, basta señalar que de 568 solicitudes recibidas en este período se enviaron 630 respuestas, quedando pendientes sólo 14 solicitudes.

Dentro del seguimiento realizado a las propuestas de conciliación que emitió la C.N.D.H., en las 28 brigadas de trabajo efectuadas en el período se formalizaron 86 y se aceptaron 82 amigables composiciones, concluyéndose totalmente 122.

De diciembre de 1994 a agosto de 1995 se recibieron sólo 7 recomendaciones, las que se aceptaron después de un riguroso y sistemático análisis. Se han cumplido totalmente 10 recomendaciones, que corresponden una a este período y 9 a años anteriores. Con ello 99 de las 136 recomendaciones emitidas para la Procuraduría General de la República desde su creación, están totalmente cumplidas.

En esta área se han consignado a 24 servidores públicos de la institución, como consecuencia de la investigación de los hechos denunciados por la C.N.D.H.; así mismo se integró un grupo especial de la Policía Judicial Federal, para ejecutar órdenes de aprehensión relacionadas con estos asuntos; a la fecha se han cumplido cinco de las 15 Recomendaciones parcialmente cumplidas.

En comparación con años anteriores, disminuyó considerablemente el número de recomendaciones emitidas por la C.N.D.H. en contra de la Procuraduría General de la República, lo que se traduce en un mayor impacto de las medidas adoptadas por la propia Institución dirigidas a corregir las conductas atípicas violatorias de derechos humanos de sus servidores públicos. En la actualidad son casi nulas las denuncias y delitos relacionados con la tortura y abuso de autoridad.

La conciliación o amigable composición ha sido una vía efectiva para dar solución a aquellos casos relacionados con faltas que no constituyen delito, en donde las partes concilian diferencias e intereses. Sus resultados han sido altamente satisfactorios.

Con referencia al Programa de Presuntos Desaparecidos y al Programa de Apoyo, ambos con la C.N.D.H., se atendieron 48 solicitudes, habiéndose concluido satisfactoriamente 46 de ellas.

Se tramitaron y cumplieron en los plazos establecidos, 45 solicitudes de información relacionadas con el caso Chiapas.

Se agilizaron los trámites que se realizan tanto para la información requerida por la C.N.D.H., como en el seguimiento e integración de los procedimientos administrativos y averiguaciones previas, deducidas de las recomendaciones y amigables composiciones; lo cual redunda en la pronta determinación por parte de la C.N.D.H. de la existencia o no de responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República.

Con el propósito de fomentar una nueva conciencia moral en los servidores públicos, que introduzca en sus prácticas cotidianas valores como la dignidad, la libertad y la vida, se instrumentó el Programa de Capacitación en Derechos Humanos para Agentes del Ministerio Público y Policía Judicial, impartiéndose 53 sesiones a 240 Ministerios Públicos Federales, 287 Policías Judiciales Federales y 214 administrativos. Adicionalmente se puso en marcha el Programa de Inspección a Separos y a Punto de Revisión Carreteros (PRECOS), de donde se detectó que parte del problema de respeto a los derechos humanos es responsabilidad del servidor público, pero otra es atribuible a elementos de carácter estructural de la Institución, como son las condiciones de trabajo, las líneas de acción y las carencias de recursos humanos y materiales.

7.5 Supervisión Técnico-Jurídica

Por otro lado, las funciones de supervisión técnico-jurídica que realiza la Visitaduría General, siguen siendo un elemento fundamental para mejorar la calidad y el servicio a la sociedad.

Para la Procuraduría General de la República continúa siendo de gran importancia el asegurar la calidad técnico-jurídica en las actuaciones de las áreas vinculadas directamente a la Procuración de Justicia.

Por tal razón , de diciembre de 1994 a agosto de 1995, se realizaron 57 visitas de control y evaluación técnico-jurídica a 26 Delegaciones Estatales y a la Delegación Metropolitana, de las cuales 28 fueron ordinarias, 15 de seguimiento y 14 especiales.

En estas visitas se evaluaron las condiciones en que se encontraban las averiguaciones previas, los procesos, los amparos y los libros de gobierno, emitiéndose 14,911 instrucciones a los titulares de las unidades supervisadas.

Cabe mencionar que se efectuó el 33% más de visitas que las de diciembre de 1993 a agosto de 1994.

 

8. PARTICIPACIÓN SOCIAL

8.1 Conceptualización

La Procuraduría General de la República, acorde a las estrategias de modernización, contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en especial en el programa sectorial de prevención y readaptación social, instrumentó una serie de acciones encaminadas a fortalecer la relación con la ciudadanía a través de un "Frente Común", imprimiendo un impulso renovador a la prevención del delito, la cual se da en una doble vertiente: por una parte se diseñaron e implantaron programas de prevención del delito y farmacodependencia, buscando incrementar una cultura jurídica en la población a manera de propiciar una conciencia social en materia de participación y prevención del delito y, por la otra, se establecieron acciones y programas de servicios a la comunidad que fortalecieron el vínculo de participación entre la Institución y los diversos sectores de la sociedad, a efecto de identificar una meta común cuyo alcance permita garantizar el respeto a los derechos humanos, incrementar la atención a las víctimas del delito y brindar un trato digno a quienes han incurrido en conductas delictivas.

Las anteriores estrategias tienden a desarrollar acciones de prevención bajo un esquema integral y congruente que comprenda la atención del menor infractor y las víctimas del delito; elaboración de un diagnóstico científico con base en un sistema nacional de información de estadística delictiva; desarrollo de políticas de comunicación social específica encaminadas en forma especial a los niños y jóvenes.

8.2 Prevención del delito

Mediante las Comparecencias del Ministerio Público Federal y de la Policía Judicial Federal en las Delegaciones Estatales, se da continuidad a los esfuerzos institucionales para mejorar el servicio de Procuración de Justicia Federal que la Dependencia está obligada a brindar a la comunidad. La importancia de esta medida, así como los resultados obtenidos, motivó que su práctica fuese elevada a la categoría de obligación legal para estos Servidores Públicos de la Institución. En este sentido, durante el período que se informa se llevaron a cabo 34 eventos de esta naturaleza con una asistencia de 3,956 personas.

Se están llevando a cabo reuniones de información sobre las actividades sustantivas de la Institución, que tienen como objetivo fortalecer el conocimiento de la ciudadanía respecto a las funciones y atribuciones de la Procuraduría General de la República, así como establecer comunicación con todos los sectores de la sociedad. Del mismo modo se informa y orienta a la ciudadanía sobre las tareas y programas sustantivos que desarrolla la Institución en cuanto a prevención del delito y servicios a la comunidad, buscándose que la ciudadanía paulatinamente recobre la confianza en la Institución.

Con esta labor se establecen mecanismos de información que permiten escuchar y atender adecuadamente las demandas de la comunidad. En este sentido, en 1995 se realizaron 1,247 eventos de este tipo con una asistencia de 91,208 personas, cantidades muy superiores a las del año pasado.

El año de 1993 marca el inicio de los foros de prevención del delito que, en coordinación con Instituciones de Educación Superior, se instituye con el propósito de alentar una conciencia jurídica en la comunidad universitaria. En estos, se expusieron las principales consecuencias tanto sociales como jurídicas que conlleva una conducta antisocial, orientando a los participantes en las formas en que se puede evitar ser víctima de un delito, y las penalidades a que pueden hacerse acreedores en caso de incurrir en algún delito.

Al respecto, en 1995 se llevaron a cabo 120 eventos de este tipo, con una asistencia de 11,383 personas.

Con base en el Programa de fomento a la cultura jurídica y prevención del delito federal, se identificó falta de conocimiento sobre las diversas conductas antisociales tipificadas en la Legislación Penal Federal, así como de los derechos y obligaciones que asisten a la ciudadanía. Por ello se continuaron los programas de difusión legislativa con diferentes temas de interés para la población, a través de la elaboración de carteles, trípticos, publicaciones periodísticas, manuales de prevención y spots de radio y televisión.

En el presente año, se reprodujeron 20 diferentes carteles alusivos a la prevención de diversos delitos federales, entre los que destacan aquéllos relacionados con los delitos forestales y fauna silvestre, la venta y consumo de sustancias inhalables, faltas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, los delitos contra la salud en sus diversas modalidades: producción, tráfico, comercio y consumo; los delitos relacionados con instituciones de crédito, a la portación de armas de fuego, al equilibrio ecológico y protección del medio ambiente; así como para prevenir la comercialización de aves silvestres, para prevenir el consumo de sustancias tóxicas y la farmacodependencia; sumando estos en su conjunto un total de 86,000 carteles. También se diseñaron y elaboraron 8 diferentes separadores de lectura con ilustraciones y frases preventivas sobre diversos delitos contra la salud, sumando en su conjunto un total de 23,000. Asimismo, se diseñaron y elaboraron 3 carteles y 1 tríptico relacionados con la prevención del delito y la farmacodependencia, sumando un total de 30,000. También se actualizaron y elaboraron 2,830 manuales de prevención a la farmacodependencia. Por otra parte, se realizó un spot de radio y uno de televisión para conmemorar el 26 de junio, el Día Internacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.

Además, en este año se implementó la Campaña Nacional de Prevención del Delito "Frente Común", a la que se sumaron 39 diferentes empresas de los sectores público, privado y social, a través del patrocinio de diversos materiales preventivos. Participaron en esta campaña los medios de comunicación, como son periódicos y revistas, a través de la publicación continua de carteles, artículos y frases alusivas a la prevención de los diversos delitos federales; fueron 13 periódicos los que participaron con un tiraje global de 215,000 ejemplares y 20 revistas con 399,000.

Los Convenios de Colaboración Interinstitucional han permitido mejorar la procuración e impartición de justicia, mediante la coordinación de acciones de prevención del delito con instituciones de educación superior, así como con organismos públicos, privados y sociales.

En este sentido destacan los convenios de colaboración celebrados con el Centro Cívico "Solidaridad" A.C. y la Unión de Padres de Familia en enero de 1995, y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en abril de 1995, firmados en el Distrito Federal; así como los 11 convenios realizados entre las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República con diversas instituciones locales, que a continuación se describen:

Yucatán.- febrero de 1995. Delegación Estatal y el Centro de Estudios Superiores CTM.

Durango.- febrero de 1995. Delegación Estatal y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Veracruz.- marzo de 1995. Delegación Estatal y la Unión de Padres de Familia.

Veracruz.- marzo de 1995. Delegación Estatal y la Universidad Veracruzana.

Zacatecas.- abril de 1995. Delegación Estatal y la Secretaría de Educación y Cultura.

Oaxaca.- mayo de 1995. Delegación Estatal y la Asociación Estatal de Padres de Familia.

Coahuila.- mayo de 1995. Delegación Estatal y Jóvenes en Solidaridad

Veracruz.- mayo de 1995. Delegación Estatal y el H. Ayuntamiento de Tecolutla.

Veracruz.- mayo de 1995. Delegación Estatal y el H. Ayuntamiento de Xalapa de Enríquez.

Tamaulipas.- junio de 1995. Delegación Estatal y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Veracruz.- junio de 1995. Delegación Estatal y el H. Ayuntamiento.

El Programa de prevención integral a la farmacodependencia tiene como estrategia el anticiparse a las conductas antisociales y que éstas no se constituyan en delitos. Su objeto es desalentar el uso de drogas con fines de intoxicación, coadyuvando así a la prevención del delito.

Durante el presente año, se realizaron las siguientes acciones específicas: 51 conferencias dirigidas a padres de familia y maestros en diferentes escuelas sobre el tema de la prevención a la farmacodependencia, con una asistencia de 5,118 personas; 15 cursos de capacitación y asesoramiento técnico a organizaciones comunitarias y profesionistas, con una asistencia de 1,207 personas. Con respecto a las charlas informativas relacionadas con la farmacodependencia dirigidas a niños y jóvenes en edad escolar, llevadas a cabo en centros educativos, se realizaron 28, con una participación de 1,502 asistentes; también se canalizaron 3,201 personas con problemas de adicción, a instituciones especializadas para su tratamiento y rehabilitación.

Adicionalmente se llevaron a cabo una serie de eventos que por su magnitud e impacto social tuvieron relevancia en la población sobre la prevención del delito, entre los que destacan:

Primera entrega de reconocimientos por parte del C. Procurador General de la República, a 19 empresas que patrocinaron carteles para la Campaña Nacional de Prevención del Delito "Frente Común", el día 31 de marzo de 1995.

En coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en México, se realizó la conferencia magisterial impartida por el Doctor Emilio Viano, denominada "Víctima, Victimización y Cambio Social", el día 5 de abril de 1995.

Del 7 al 16 de abril, se instaló un stand en la feria de la Ciudad de México, para informar y orientar al público sobre los programas de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad que desarrolla la Procuraduría General de la República.

Se asistió al noveno congreso de prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, convocado por la Organización de las Naciones Unidas, en el Cairo, Egipto, del 29 de abril al 8 de mayo de 1995.

En la Residencia Oficial de los Pinos, por primera vez la Procuraduría General de la República organizó, con la participación de las secretarías de Gobernación, de Salud, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la representación de las Naciones Unidas en México, la conmemoración del 26 de junio "Día Internacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas". También se realizó, en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, un Coloquio sobre Prevención a la Farmacodependencia y Conductas Delictivas Asociadas.

8.3 Servicios a la comunidad

Como parte de los servicios a la comunidad, opera el Programa de orientación legal, el cual tiene como objetivo proporcionar en forma gratuita y oportuna, de manera personal, vía telefónica o por correspondencia, el apoyo jurídico de orientación legal a la población sea ésta de tipo penal, civil, laboral, mercantil, agraria, o de alguna otra materia. Al respecto durante el período que se informa fueron proporcionadas 2,113 consultas.

Con objeto de que la ciudadanía esté en condiciones de proporcionar información sobre hechos probablemente constitutivos de delitos federales, se estableció un mecanismo confidencial de denuncia al cual pueda accederse, a través del medio telefónico o por escrito, con cobertura a nivel local o nacional, utilizando para ello el sistema lada 800. En el período que se informa se llevan registradas 611 denuncias por este medio.

Con base en el Programa de apoyo a la localización de personas extraviadas y de la difusión a nivel nacional de la fotografía y media filiación de la persona a localizar, la Procuraduría apoya a la localización de personas extraviadas o ausentes, habiéndose atendido durante el período citado un total de 129 solicitudes en este sentido.

Destaca el servicio directo de atención, orientación y asistencia jurídica a grupos o sectores de manifestantes que generalmente, como acto de protesta, acuden a la Procuraduría en grupos numerosos para presentar diversos tipos de inconformidades, habiéndose atendido durante el presente año 54 movilizaciones de esta naturaleza.

Durante el período que se informa, se distribuyeron 6,700 carteles con información sobre los Derechos de los Niños y sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente difundidos en instituciones públicas, organismos no gubernamentales y museos.

Se revisaron y redefinieron los convenios de colaboración existentes entre la Procuraduría General de la República y organismos no gubernamentales, que se dedican a la atención de grupos vulnerables, con el propósito de eficientar los apoyos institucionales a esta población.

De la misma manera se implementó como parte del programa de orientación legal, la atención psicológica para todas aquellas personas que acudieron a solicitar orientación jurídica y en los cuales se advirtieron la presencia de alteraciones psicológicas, brindándose atención a 316 peticiones en estas condiciones.

Con el Programa de información se auxilió al público en general sobre la ubicación y localización de los servidores públicos que laboran en la dependencia, así como de las áreas y unidades administrativas que integran la misma. En este rubro se atendió a 359,599 personas de diciembre de 1994 a agosto de 1995.

8.4 Programa de atención integral a detenidos adictos

Este servicio se proporciona a través de la Central de Atención a Detenidos por Delitos Federales y tiene como objetivo apoyar la observancia del respeto irrestricto a los derechos humanos de los detenidos nacionales y extranjeros, presuntos responsables de la comisión de delitos federales.

Para ello se supervisan permanentemente las condiciones de estancia, trato, comunicación y alimentación proporcionados al detenido, así como la atención requerida para los familiares de los sujetos involucrados.

El total de detenidos atendidos a nivel nacional durante el período fue de 28,053.

A través del acuerdo A/050/91 se instruyó al Agente del Ministerio Público Federal sobre el trato que debe brindar a los adictos o habituales a estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En este sentido, juegan un papel importante los trabajadores sociales y psicólogos adscritos al área de atención a detenidos creada con base en el acuerdo de referencia, lo que a su vez dio lugar a la Coordinación Interinstitucional para la Atención de Adictos, la cual ofrece alternativas de rehabilitación a los adictos consignados o liberados por el Ministerio Público, así como de aquellas personas que voluntariamente opten por una medida de tratamiento, resultando un total de 3,762 adictos liberados canalizados para su tratamiento durante el período que se informa.

 

9. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

9.1 Introducción

El Gobierno de México considera que la cooperación internacional es la clave para enfrentar la delincuencia organizada, en especial en materia de narcotráfico. Por esta razón se ha preparado una estrategia internacional para vigilar y apoyar los rubros de : Extradiciones, Asistencia Jurídica, Traslado de Reos, Apoyo a Extranjeros, Recuperación y Devolución de Vehículos así como Delitos Cometidos en el Extranjero. Mediante la cooperación internacional se podrán establecer los mecanismos de coordinación sobre control de drogas, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral, con organismos de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, entre otros.

9.2 Cooperación Internacional

Para contrarrestar el creciente desarrollo del crimen organizado internacional y en especial en la modalidad de narcotráfico, México ha preparado una estrategia internacional basada en mejorar en una primera instancia la cooperación con Belice, Estados Unidos de América y Guatemala por su situación fronteriza. A nivel regional, con los países productores, de tránsito (Centro América) y de consumo de drogas, cuyos efectos inciden en nuestro país. A nivel global, con países de Europa y Asia para enfrentar nuevas modalidades y manifestaciones de la criminalidad organizada.

En el plano multilateral para la lucha antidrogas, se hace especial énfasis en la búsqueda de soluciones en contra de la delincuencia organizada.

Por tal motivo se participó en la Cumbre de la Américas, que se llevó a cabo del 9 al 11 de diciembre de 1994 en Miami, Florida, en donde el Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, propuso la realización de una reunión mundial sobre drogas, además de señalar que los Estados deben afrontar el fenómeno del tráfico de drogas de una manera integral, es decir, atacando todas las etapas del ciclo comercial correspondiente.

En el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), se participó en la Reunión del Grupo de Expertos sobre el Control de Precursores y Sustancias Químicas, celebrada en la ciudad de Washington, D.C., del 13 al 15 de febrero de 1995, de la cual emanó el documento denominado "Bases para un Acuerdo sobre el Control de Precursores y Sustancias Químicas entre la Comunidad Europea y los Estados Miembros de la OEA".

Del 20 al 24 de febrero, México participó en el Segundo Período de Sesiones del grupo de trabajo de cooperación marítima, que se llevó a cabo en Viena, Austria.

En el XVII Período Ordinario de Sesiones de la CICAD, llevado a cabo del 7 al 10 de marzo en la República de Panamá, se constituyó un grupo de trabajo del cual México formó parte, para revisar el proyecto de informe anual preparado por la Secretaría Ejecutiva y considerar las implicaciones para la CICAD de los acuerdos emanados de la Cumbre de las Américas.

México firmó el 10 de marzo, en Panamá, Panamá, el "Acuerdo de Cooperación y Coordinación de Actividades en Materia de Información Estadística sobre Drogas", celebrado entre la Secretaría General de la OEA, el INCD de la PGR de los Estados Unidos Mexicanos y la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas de la Presidencia de la República Oriental de Uruguay.

Así también, el 8 de marzo de 1995, se firmó el "Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia" entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.

En el marco de la Cumbre de las Américas, México ha participado en las reuniones tendientes a considerar la viabilidad de elaborar una convención interamericana contra el lavado de dinero derivado de actividades ilícitas, con el fin de tipificar en forma autónoma este delito.

México fue sede de la "Primera Reunión Técnica para el Estudio de las Normas sobre las Estadísticas de la Demanda de Drogas" del 17 al 19 de abril, convocada por la CICAD, cuyo objetivo fue el de presentar y revisar los instrumentos y la metodología para la obtención de los datos estadísticos necesarios para el establecimiento del Sistema Estadístico Uniforme.

México, durante el XXXVIII Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, celebrado en Viena, Austria, del 14 al 23 de marzo, a través de su delegación, así como de su representante dentro del Grupo Asesor Especial Intergubernamental, ratificó la postura del Presidente doctor Ernesto Zedillo, para la realización de una conferencia mundial sobre drogas, propuesta acorde con la resolución (XXXVII) de la Comisión de Estupefacientes "Medidas para Fortalecer la Cooperación Internacional Contra la Producción, la Venta, la Demanda, el Tráfico y la Distribución Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Actividades Conexas".

México fue país sede de la V Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala celebrada del 22 al 24 de marzo del presente año, donde se analizó el problema del narcotráfico y la farmacodependencia.

Se participó en la XIII Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) llevada a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 25 al 27 de abril, con la finalidad de hacer un frente común en la lucha contra el narcotráfico. Por acuerdo unánime de los países participantes, México será sede de la XIV Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) en 1996.

En Ottawa, Canadá, se llevó a cabo, en el mes de mayo, la XI Reunión Ministerial México-Canadá, en la que se decidió renovar el Memorándum de Entendimiento para el Combate al Narcotráfico y la Farmacodependencia, que vence el 30 de noviembre de este año, con el fin de continuar y fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

En la XII Reunión Binacional México-Estados Unidos celebrada en Washington, D.C. el 16 de mayo del presente, se acordó intensificar la cooperación y el intercambio de información con el fin de combatir el narcotráfico, a través de grupos de trabajo fronterizos, con el irrestricto respeto a la integridad territorial de ambos países, así como incrementar la cooperación para la ubicación y aseguramiento de bienes de procedencia ilícita y destinar el producto de dichos decomisos a las tareas de combate al tráfico de drogas. Previamente se realizaron 3 reuniones preparatorias de alto nivel.

En el Cuarto Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Viena, Austria, del 30 de mayo al 9 de junio, se intervino en la revisión de los mecanismos de cooperación y coordinación de actividades relativas al Programa de la Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y se aprobaron algunas de las recomendaciones emanadas del IX Congreso sobre la materia.

Del 12 al 16 de junio se coordinó y participó en el Seminario sobre el Desvío y Control Internacional de Productos Químicos, en la Ciudad de México, con el propósito de capacitar a funcionarios encargados del control de drogas de los países centroamericanos y que estos a su vez funjan como instructores.

El 23 de junio de 1995 se terminó la negociación y se rubricó el Protocolo por el que se actualiza el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, signado entre México y el Reino de España en 1978.

En el marco de la Reunión Binacional México-Costa Rica que se llevó a cabo del 28 al 30 de junio, se celebró la III Reunión del Comité de Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia. En esa misma reunión se promovió la firma del Tratado de Ejecución de Sentencias Penales, acordándose que se revisaría por las autoridades de ambos países.

Se participó en el Séptimo Seminario-Taller Interamericano para el Control del Abuso de Drogas, de la CICAD-OEA y la Real Policía Montada del Canadá, que se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, del 11 al 21 de julio, cuyo objetivo fue el de proporcionar adiestramiento práctico y sistemático, realizar demostraciones de métodos que ayuden en el control de estupefacientes y facilitar la cooperación entre las organizaciones nacionales en la región interamericana.

El 24 y 25 de julio se llevó a cabo en San Diego, California una reunión de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos de América encargados de la Procuración de Justicia.

Se participó en el Octavo Seminario Regional "Medidas efectivas para Combatir Delitos de Drogas y mejorar la Administración de Justicia Penal" organizado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) en San José, Costa Rica, del 31 de julio al 11 de agosto.

Del 17 al 18 de agosto, se llevó a cabo la VII Reunión del Comité de Cooperación México-Guatemala para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, en el cual se acordó fortalecer los mecanismos de coordinación existentes en materia de control de drogas. Se abordaron temas de intercambio de información, intercepción, erradicación, así como lo relativo a la prevención, tratamiento y rehabilitación.

Cabe señalar que las reuniones bilaterales sostenidas con los países Centroamericanos tiene como finalidad el reforzar la estrategia regional denominada "Programa de Acción a Corto Plazo" para esa región, propiciado por México.

Del 7 al 9 de agosto se celebró la I Reunión Binacional México-Nicaragua, en la que se promovió la suscripción de cuatro acuerdos sobre cooperación bilateral en materia jurídica: Tratado para la Recuperación y Devolución de Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de Disposición Ilícita. Asistencia Jurídica Mutua, Ejecución de Sentencias Penales y Acuerdos para el Intercambio de Información Tributaria.

Se llevó a cabo la II Reunión Binacional México-Honduras, del 21 al 23 de agosto, incrementándose los lazos de cooperación en materia de control de drogas y asuntos jurídico-penales.

Se editó un libro sobre tratados y convenios internacionales firmados por México con otros países en materia penal, que servirá de consulta e información, difundiéndose tanto a nivel nacional como internacional.

9.3 Asistencia Jurídica

Los tratados internacionales en materia de asistencia jurídica internacional tiene por objeto que los Estados partes se presten apoyo legal en materia penal.

México tiene suscritos tratados en esta materia con los Estados Unidos de América, Australia, Canadá, Costa Rica, España, Inglaterra, Francia y Chile, cuya entrada en vigor en el caso de este último país se encuentra pendiente. También se ha suscrito un memorándum de entendimiento con Alemania.

De diciembre de 1994 al mes de agosto de 1995 se han atendido 218 solicitudes de asistencia jurídica, de las cuales se han formulado 111 peticiones a diversas autoridades extranjeras, en su gran mayoría de los Estados Unidos de América y Colombia. Se han atendido 103 solicitudes provenientes del extranjero, y se ha concluido aproximadamente el 40% del total de las solicitudes.

Una de las diligencias más importantes que se pueden ejecutar con el apoyo de estos tratados es el aseguramiento precautorio o decomiso de bienes producto del tráfico de drogas, a petición de autoridades competentes extranjeras.

 

9.4 Extradiciones

Durante los años de 1988 a 1994, México solicitó 245 pedimentos de extradición, formalizándose 90. Asimismo fueron requeridos al Gobierno mexicano 97 pedimentos de extradición y se formalizaron 42, deteniéndose en territorio mexicano a 26 reclamados.

En el período que comprende del 1o. de diciembre de 1994 al 31 de agosto del año en curso, el Gobierno de México, por los conductos diplomáticos, presentó a los diversos países que conforman la comunidad internacional, 82 pedimentos de extradición, formalizándose 16 de estas peticiones. Ahora bien, en el mismo período, se requirieron a México 23 solicitudes de extradición, de las cuales se formalizaron 17 y se detuvieron en México a 10 personas para sujetarlas al procedimiento de extradición.

En una óptica retrospectiva, el Gobierno de México ha reforzado y agilizado el trámite de la extradición internacional, como una medida legal para la entrega de fugitivos. Al respecto, cabe destacar que la Procuraduría General de la República se encuentra actualmente desarrollando un nuevo proyecto de tratado de extradición con los Estados Unidos de Norte América.

En 1995 se dio trámite, entre otros asuntos, a las extradiciones de Mario Ruiz Massieu, Jorge A. Stergios Gómez, Carlos Efraín de Jesús Cabal Peniche y Gerardo de Prévoisin Legorreta (Aeroméxico). Asimismo, se llevó a cabo la detención en nuestro país de Maurizio Raggio, requerido por el gobierno de la República de Italia. Igualmente han sido coordinados, con las Agregadurías de esta Institución en los Estados Unidos de América, 8 operativos de deportaciones de ciudadanos mexicanos que se encontraron en territorio estadounidense y que tienen pendientes, en nuestro país, órdenes de aprehensión vigentes para su cumplimentación.

 

9.5 Traslado Internacional de Reos

Los tratados sobre ejecución de sentencias penales son de carácter bilateral, cuya finalidad es facilitar la readaptación social de los reos sentenciados en un país distinto al suyo, pudiendo cumplir la condena impuesta en su país de origen.

Cabe mencionar que en este tipo de traslados, no necesariamente debe ser proporcional el número de sentenciados entregados al de los recibidos, pues el traslado del reo a su país de origen está sujeto a su voluntad.

Con los Estados Unidos de América, a la fecha, se han realizado 65 traslados en los que se incluyen 1,353 connacionales recibidos y 1,316 reos estadounidenses entregados.

9.6 Devolución de Vehículos y Aeronaves de Procedencia Extranjera

Uno de los problemas que normalmente son abordados en reuniones bilaterales entre México y los Estados Unidos de América es el de los vehículos y aeronaves robados en aquel país, y localizados en México, que por ley deben ser devueltos a sus propietarios.

Para atender este fenómeno, ambos países suscribieron en 1981 la Convención para la Recuperación y Devolución de Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de Disposición Ilícita.

Con base en este instrumento bilateral se desahogan la mayoría de las solicitudes de recuperación de vehículos y aeronaves. Sin embargo, ante la magnitud del problema, se han iniciado acciones de coordinación con los Estados fronterizos de ambos países a efecto de prevenir y evitar este tipo de actividades delictivas.

En este sentido, se ha integrado un Comité de Soluciones Fronterizas para prevenir el robo de vehículos, en el cual se analizan medidas y sistemas de prevención.

Cabe señalar que dicho Comité está integrado por representantes de los Estados de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y de la Procuraduría General de la República, por parte del Gobierno Mexicano y del Estado de Texas por lo que corresponde a los Estados Unidos de América.

La Procuraduría General de la República ha implementado mecanismos de simplificación administrativa internos, con el objeto de agilizar las devoluciones a los propietarios o bien a las aseguradoras que designe la Embajada de los Estados Unidos de América.

Para atender el problema, actualmente se promueve compatibilizar las bases de datos a efecto de propiciar un oportuno intercambio de información sobre estos vehículos robados, existiendo además en México operativos dirigidos a detectar este tipo de autos.

En anteriores reuniones sobre el tema, México ha buscado obtener un trato recíproco de las autoridades estadounidenses, habiéndose recibido un gran apoyo por parte de las autoridades de Texas para iniciar un programa de detección de vehículos mexicanos robados que se introducen en aquel país.

En el período diciembre de 1994 a agosto de 1995 se han recibido 42 solicitudes de devolución, se han entregado 100 vehículos dando trámite a los rezagos de años anteriores, incluyendo 15 unidades donadas a esta Institución.168

10.- Algunos Servidores de la Procuraduría en este Período.