XI. PERÍODO DEL PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS

Dentro de los nombramientos que hizo el licenciado Adolfo López Mateos al acceder a la Presidencia el 1º de diciembre de 1958, se encuentra el del licenciado Fernando López Arias como Procurador General de la República.

El Procurador expresó, acerca del desempeño de la Institución: “Inspirándose en la justicia social y con la convicción de que el poder público no debe patentizarse meramente como poder de dominación, sino como fuerza moral unificadora de la conciencia popular, en sus intervenciones ante los tribunales ha tenido a proteger y defender las garantías individuales y sociales vigilando el estricto cumplimiento de la legalidad por todas las autoridades país”.98

El Lic. Oscar Treviño Ríos fue designado primer Subprocurador y el Lic. Gilberto Suárez segundo Subprocurador. Entre junio de 1961 y noviembre de 1964 se encargó del Despacho el primero de ellos.

1. Conflicto ferrocarrilero

Entre los casos más importantes de que tuvo conocimiento la Procuraduría General de la República, destaca el conflicto de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales. La fecha de la primera denuncia, misma que dio lugar a la intervención del Ministerio Público Federal, fue el 15 de enero de 1955.99

Una extemporánea solicitud de revisión del contrato colectivo, por parte de los trabajadores del ferrocarril mexicano, de la Compañía Terminal de Veracruz y del Pacífico; las demandas a las empresas ante las autoridades, y las resoluciones que éstas emitieron al respecto, originaron actos de violencia entre los ferroviarios que produjeron paros generales en todo el sistema de Ferrocarriles Nacionales.

En esta caso, la Procuraduría General de la República acreditó la configuración de diversos delitos y ejercitó la correspondiente acción penal.100
 

2. Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo

Con motivo de la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, las compañías petroleras interpusieron amparos en contra de la misma. La Procuraduría alegó, con éxito, que se trataba de una ley de orden público y que debía prevalecer el interés social.

3. Nacionalización de bienes

La Procuraduría General de la República puso especial cuidado en los juicios reivindicatorios de terrenos nacionales, que en diversas partes del país fueron indebidamente detentados por particulares. En todos estos juicios se sostuvo que los bienes de la Nación son inalienables, e imprescriptibles, rescatándose así para el Patrimonio Nacional numerosas extensiones de terreno que le habían sido substraídas.

4. Conflicto en Guatemala

El 31 de diciembre de 1958 aeronaves de guerra guatemaltecas atacaron desde el aire a embarcaciones marítimas mexicanas. Murieron ametrallados varios marinos, tres navíos se internaron en aguas territoriales de Guatemala y otros tantos lograron regresar a Salina Cruz, Oaxaca. Tales hechos propiciaron el rompimiento de las relaciones diplomáticas.

La Procuraduría General de la República intervino para defender a los veintiséis marinos que había sido consignados por los delitos de atentado y hurto.

En la expresión de agravios presentada a través del consulado, se sostuvo la imposibilidad de la existencia de ambos delitos. En cuanto al de hurto, se expuso que las especies marinas que pueblan los mares son propiedad del primer ocupante por lo que no había apoderamiento de una “cosa propiedad de otro” sino de cosa sin propiedad y no procedía la acusación. En todo caso se trataba de una infracción a la Ley de Pesca que ordenaba la obtención de un permiso especial.

En el delito de atentado se expresó, conforme a las constancias del expediente, que las órdenes de alejarse de las playas y aguas territoriales habían sido dadas por medio de magnavoces y desde aviones de guerra en rápido movimiento, haciendo discutible que se hubiesen escuchado con claridad. Esto, independientemente de la ilegitimidad de tales mandatos, puesto que la autoridad competente para emitirlos no era la Secretaría de Guerra.

En lo tocante al comiso de las embarcaciones, con base en el Código Penal guatemalteco, se expuso que aquél debía dictarse invariablemente en sentencia y no a través de un auto; en todo caso, sólo procedía el aseguramiento de dichas naves.

5. Caso Merino

La empresa Petróleos Mexicanos denunció a la Procuraduría General de la República la malversación de fondos por parte del superintendente del distrito de Poza Rica, señor Jaime J. Merino, a cuyo cargo estaba esa unidad. Con la participación de otras personas había distraído de su objeto el numerario recibido en administración, configurándose el peculado.

Como resultado de las diligencias y peritajes practicados por agentes del Ministerio Público Federal, se llegó a la acreditación de los hechos y presunta responsabilidad de Jaime J. Merino y copartícipes.

El monto del peritaje contable ascendió a más de dos millones de pesos, y como se tuvo conocimiento de que dicha persona residía en Estados Unidos de América, se solicitó la extradición.

6. Asuntos agrarios

En materia agraria, gracias a la intervención conciliatoria del Ministerio Público, pudo darse solución a una antigua pugna entre los ejidatarios de Atencingo y anexas, e Izúcar de Matamoros, en el Estado de Puebla, motivada por la posesión de terrenos con superficie de 680,000 hectáreas que, de acuerdo con la resolución presidencial dotatoria que databa del 30 de marzo de 1939 y la complementaria de 23 de marzo de 1959, correspondía al Ejido de Izúcar de Matamoros. Sin embargo, se encontraban en posesión de agraristas de los ejidos de Atencingo y anexas, del Ministerio Público de Chietla, en virtud de que los campesinos de Izúcar de Matamoros se habían negado a recibirlas con anterioridad, siendo tomadas, sin oposición alguna, por los ejidatarios del anexo Colón de Atencingo. Durante años, estos realizaron obras de drenaje y saneamiento, hasta convertirlas en tierras aptas para el cultivo.

Ello produjo el conflicto por la posesión de las mismas. El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización solicitó la intervención de la Procuraduría, se comisionó a un agente del Ministerio Público para que atendiese el asunto en forma conciliatoria, de tal suerte que en la Asamblea General llevada a cabo en Atencingo, el 5 de marzo de 1961, a través del Departamento de Asuntos Agrarios, los ejidatarios entregaron las tierras a los campesinos de Izúcar de Matamoros.

También en materia agraria se llevó a cabo una revisión de certificados de inafectabilidad agrícola y de concesiones de inafectabilidad ganadera otorgados a extranjeros, con objeto de verificar la constitucionalidad y legalidad de dichos documentos.

7. Actividades contra el narcotráfico

A invitación de la Organización de las Naciones Unidas, México participó activamente en la reunión del Grupo Consultivo Interamericano sobre Finalización de Estupefacientes celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, a fines de 1961. La delegación de México aportó un estudio intitulado “México en la lucha contra el cultivo, producción y tráfico ilícito de estupefacientes”, que mostraba objetivamente los trabajos realizados, mediante la exhibición de un documental y fotografías de campaña aplicadas en el país. La delegación obsequió al acervo de la Comisión de Estupefacientes la película de profilaxis social “Polvo Amargo”.

8. Congreso de Procuradores de Justicia

La Procuraduría General de la República participó en el II Congreso Nacional de Procuradores de Justicia que se llevó a cabo del 4 al 11 de mayo de 1963, cuya sede fue la Ciudad de México. En dicho congreso se destacaron tanto las importantes funciones que desempeña la institución del Ministerio Público, como las lagunas que presenta esta figura.

El congreso se pronunció unánimemente por la unificación de las leyes penales, en sus aspectos sustantivo y adjetivo, en todas las entidades de la Federación.

Igualmente se solicitó la creación de un Instituto de Criminología y Ciencias Penales.

Otra opinión general fue que debe proceder el amparo del Ministerio Público contra sentencias definitivas en materia penal.

9. Actividades internacionales

Convocado por la Asociación Interamericana del Ministerio Público y bajo los auspicios del Presidente, licenciado Adolfo López Mateos, tuvo verificativo en la Ciudad de México, del 12 al 20 de julio de 1963, el III Congreso Internacional del Ministerio Público, fungiendo como Presidente Ejecutivo el licenciado Oscar Treviño Ríos, Primer Subprocurador General de la República, y como vicepresidente ejecutivo el licenciado Fernando Román Lugo, Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales.

Las labores del congreso se orientaron hacia dos puntos fundamentales de colaboración:

1. Definición y eficacia en la colaboración de diligencias policiacas indagatorias o averiguaciones.

2. Mejor protección social, en acuerdos sustantivos internacionales, ante determinados eventos elictivos.

Respecto al primer renglón se examinaron los antecedentes y eficacia en la colaboración de la Interpol y Policía Judicial; se sugirieron medidas más efectivas y precisas para la obtención de ayuda pronta y definitiva en ciertas secciones y organismos regionales. En el segundo renglón se presentaron estudios y proposiciones en materias tales como protección a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; protección a los derechos de autores y compositores; trata de mujeres, tráfico ilícito de estupefacientes; personalidad del Estado reclamante en la extradición; contrabando; tráfico de publicaciones obscenas, juegos prohibidos, etc