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Mensaje del Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo Francisco García Cervantes,

Miercoles, 20 de Febrero de 2013 > Boletín 006/13b


durante el Foro Retos y Acciones del Estado frente al Arraigo, en el Senado de la Repblica.


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Muchas gracias querido Diputado don Ricardo, si la verdad es que una vez que se han anticipado y se han reiterado las consideraciones que sobre la sustitución del arraigo se han hecho por no sólo por organismos de carácter internacional, sus conclusiones a las que han llegado, las recomendaciones que se han hecho.

Sino porque hoy por hoy, se tiene ya una evidencia de lo que en términos prácticos, en la realidad objetiva, ha significado la figura del arraigo en el sistema penal mexicano.

En la última hoja porque me parece también ya un tanto imprudente reiterar, repetir lo que ya ha sido reiterado y repetido, me voy a la última hoja de las líneas que en su momento, también, hubiera expresado en este foro el Procurador General de la República, don Jesús Murillo Karam, para resaltar el siguiente paso.

Desde la Procuraduría General de la República, yo sí tengo qué decir que en absoluta coincidencia, el señor Procurador y yo, y otros, tuvimos que definir frente al uso del arraigo, en los términos que ahora se describirán muy brevemente, una línea estratégica de trabajo para la Procuraduría General de la República en relación a su aplicación.

Y la línea estratégica, la directriz, la instrucción, la voluntad expresada desde la persona digna del señor Procurador es que el arraigo se use solamente en casos excepcionales.

Esta instrucción, que además ha sido pública, está sustentada en dos cosas, primero, en que hoy el objetivo se puede apreciar que se hicieron ocho mil 174 solicitudes de arraigo, desde 2007 a la fecha; de las cuales fueron autorizadas siete mil 804; y fueron negadas 370.

De estas siete mil 804 arraigos, de esta cifra se desprende, primero, un uso indiscriminado, segundo, que ya no se puede, ni el legislador podrá, como en otro tiempo sí se puedo, imaginarse un escenario jurídico ideal y hasta romántico.

Ya no se puede pensar que el arraigo se dará en condiciones de control jurisdiccional, es decir, con un juez que al otorgarlo asume la responsabilidad de estar pendiente de que prevalezcan las condiciones mediante o por las cuales otorgó el arraigo.

Que personalmente la autoridad jurisdiccional verifique y se cerciore de las condiciones en las cuales este arraigo se suscite, se mantiene y se temple.

Ya no hay posibilidad de imaginarse un centro de arraigo con la asistencia jurídica necesaria, con los controles médicos, con las posibles comunicaciones y sobre la restricción a las más elementales.

Ya no hay forma de imaginarse ese escenario para la ejecución del arraigo, después de la narrativa de un caso que no es hipotético, pero que apenas es, uno se los puede decir, que hay miles, son dos desi el centro de arraigo es, si no clandestino, cuando menos muy discreto, si no hay acceso al abogado defensor, si el juez de estar pendiente de que continúe; si el Ministerio Público tiene con una legislación especial de delincuencia organizada, aún frente a otras áreas de la propia Procuraduría General de la República, una secrecía de sus actuaciones, no hay forma, ahora, de imaginarse una aplicación del arraigo que se compadezca, primero con la excepcionalidad, y segundo, con la vulneración al mínimo, al mínimo indispensable de alguna garantía de algún derecho humano.

La narrativa del caso me parecía que se llamaba Marta y también lo que el maestro, de don Daniel, narraba, hay muchas cosas que se confunden, por ejemplo, decía que los militares torturaron, después de haber torturado dieron vista al Ministerio Público de una detención, y el Ministerio Público lo que hizo fue solicitar un arraigo.

Y después fue movido de una instalación militar a un centro de arraigo, entre paréntesis, discreto y oculto.

Si no se permitiera la utilización de recursos militares, si no se permitiera o requiriera o la justificación y explicación que alguien quiera dar y porque la dé, la reconozco como válida, de la necesidad de que las fuerzas armadas estén en funciones de policía civil, pues entonces podríamos imaginarnos alguna posible convivencia de la figura del arraigo, con la vigencia de los derechos humanos, son limitados en condición de excepcionalidad.

Tengo que responder algo, esta figura de arraigo cuando fue designada tenía como aliciente temporal (inaudible) para la implementación del sistema penal acusatorio, cuando eso llegue, esto desaparece.

Pero ya no se puede uno imaginar un escenario ideal y romántico que no existe y que no puede existir para esperar que se tenga esto, la conclusión de la (inaudible) y la implementación del sistema penal acusatorio.

Y yo vengo aquí, vestido no solo en la representación de la Institución, sino invertido en la representación que la Institución tiene que es la Representación Social.

Así que tendremos que ser absolutamente respetuosos, yo no existía en otro momento y ahora estoy dispuesto a ofrecerlo a las decisiones legislativas que corresponden a otro polo.

Si deciden la animación constitucional de la figura, que lo decidan con información objetiva y contundente que ofrece la realidad actual; si optan por las modificaciones legislativas, de legislación secundaria a efecto de endurecer, en su caso, delimitar al máximo casi ser inaplicable salvo casos verdaderamente excepcionales, esta medida cautelar es también opción del Poder Legislativo.

Nosotros en la Procuraduría General de la República, en este momento, mi convicción es que no tiene otra opción el Congreso, o la elimina de la constitución o endurece la posibilidad de su aplicación, que lo haga casi inaplicable salvo las excepciones que todo derecho a no ser otro rubro permita.

Con todo respeto, con toda humildad, con todo interés estaremos esperando el que hacer y resultado del Poder Legislativo.

Quiero reivindicar que la Procuraduría General de la República su función de Representación Social. Digo, no es compatible con el principio de presunción de inocencia, no se compadece de los derechos humanos, ni del debido proceso de aplicación indiscriminada en las condiciones que han quedado documentadas.

No solo por organismos internacionales, por organismos nacionales de derechos humanos y por la propia Procuraduría General de la República.

No nos corresponde más que mantenernos en la línea que ha dictado el Procurador General de la República y que porque va en este sentido, estoy con él y lo acompaño, de aplicar sólo de forma excepcional la medida del arraigo, solicitar la presencia y la participación del agente responsable de que se haya otorgado, es decir, el juez, para garantizarse que solo permanezca el arraigo mientras permanezcan las versiones por los cuales lo otorgan y se certifique y garantice que el arraigado tenga y disfrute del resto de sus derechos fundamentales.

Por lo demás, si no actúa el Congreso, terminará la (inaudible) de la implementación del sistema penal acusatorio y habremos vivido tres años y medio o más en circunstancias como las aquí descritas. Pero si actúa el Congreso, también hágase cargo que estamos en una etapa de de decisión de un sistema penal a otro.

Muchas gracias por su atención.

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DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA

Entrevista del Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo Francisco García Cervantes, durante el foro "Retos y Acciones del Estado frente al Arraigo", realizado en el Senado de la República.

México, D.F., 20 de febrero de 2013.


PREGUNTA: Sobre el fenómeno que está registrándose en el país en algunas comunidades, donde la población civil se está armando ante la falta de garantías del Estado para brindarles seguridad.

RICARDO FRANCISCO GARCÍA CERVANTES, SUBPROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS (RGC): Es un fenómeno, desde mi punto de vista riesgoso y es un llamado de atención de que tenemos que recuperar rápidamente las capacidades para que sea el Estado quien brinde también condiciones de igualdad y de justicia con equidad pues todas las garantías, principalmente el servicio de seguridad que requieren los ciudadanos. Esto habrá que revertirlo de inmediato.

PREGUNTA: ¿Hay mandatarios que están buscando fomentar este tipo de grupos y que de alguna forma los toleran, están al margen de la Ley?

RFGC: Yo no conozco a nadie, ningún mandatario que los esté fomentando y me parece que los están atendiendo, por supuesto justicia por su propia mano o la sustitución aunque sea por debilidad de capacidad institucional, del servicio de seguridad es de todo punto de vista, inadecuado y reprobable, de tal manera que hay que actuar en consecuencia.

PREGUNTA: Inaudible.

RFGC: Bueno, mire, el crimen organizado me parece que tiene en sus estrategias la infiltración de todo aquello en donde pueda tener o garantía de impunidad o mayor rentabilidad en sus actividades, en todo caso también mayor fortaleza frente a sus adversarios, no sólo del Estado, sino la propia dinámica delincuencial y me parece que no podemos descartar esa posibilidad.

PREGUNTA: Esta manifestación de la Secretaría de Gobernación de dialogar con algunos miembros de policías comunitarias en el afán de buscar su legalización ¿es correcto?

RFGC: No, yo no he escuchado nunca que la Secretaría de Gobernación tenga un afán de legalización de esa conducta. Yo lo que he visto es que la Secretaría de Gobernación se avoca a atender el fenómeno y a atender personas en el sentido de asumir la responsabilidad del Estado.

Yo lo señalaba, al principio de este foro, hay instituciones que -no hay que tapar el sol con un dedo- para decir que están debilitadas y el esfuerzo por fortalecerlas, pues va también por un rediseño de no sólo de las estrategias sino también un cambio en las actitudes.

Yo creo que atender a la ciudadanía, a tener esa sensibilidad para reconocer las circunstancias en las cuales se encuentran muchas comunidades, eso es un esfuerzo racional y no es bajo ningún concepto, algo que se pueda calificar como la pretensión de legalizar ningún tipo de fenómeno de eso.

PREGUNTA: en el Gobierno pasado, del Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón? ¿Usted coincide con este diagnóstico de que el arraigo terminó en una figura perversa que se usó como dicen aquí, como la regla y no como la excepción?

RFGC: No, por las razones que usted dice de mi actitud como legislador simplemente por los resultados, con datos objetivos está claro que era privar del arraigo ha sido ocasión para la violación de derechos humanos de manera persistente.

Es también ocasión para la práctica de la tortura, es ocasión para detener y luego investigar cuando un Estado de derecho implica que de las investigaciones previas se puede inculpar a alguien y ponerlo en aras de la justicia, es decir, en manos de los jueces.

De tal manera que sí mi condición personal, pero no por una crítica como usted señala, sino simplemente por los resultados es que el arraigo ha sido una figura perversa.

PREGUNTA: ¿Tiende a desaparecer o normarse y endurecer los requisitos?

RFGC: Aquí tenemos que ser respetuosos, lo decía también en el mensaje inicial de salutación, que tenemos que respetar la decisión que tome el Congreso después de un análisis, yo fui miembro del Congreso y sé lo que vale que se dé esos espacios y se les respete.

Yo creo simplemente la posición de que esa figura, a mi juicio debe desaparecer. Pero es a mi juicio personal.

PREGUNTA: También a su juicio, cuáles son las principales cosas que deberían, si no desaparece van a hacer cambios a las figuras, cuáles son las principales?

RFGC: Ya se ha mencionado, el propio abogado general de la UNAM ha señalado que una de las posturas que es reducirlo entre las 72 horas y los ocho días, otro que es fundamental, es la responsabilidad del Poder Judicial, es decir, un juez que otorgue un arraigo debe de asumir la responsabilidad de estar pendiente de las condiciones en las cuales se mantiene ese arraigo.

Es decir, en ocasiones, el término hasta de 40 días pues ya es ocasión para despreocuparse por 40 días de un individuo que está privado de su libertad, y me parece que si el juez al segundo día se da cuenta que no hay elementos, puede revertir el arraigo.

Eso implica la presencia y la preocupación permanente del Juez que otorga el arraigo, incluso sería muchas cosas, a veces yo no puedo asumir ahora la vocería de algo que todavía ni siquiera se expresa a las mesas y sus conclusiones.

PREGUNTA: Oiga Senador, o bueno, hoy Subprocurador, el ex Presidente Felipe Calderón ha estado muy activo en twitter ha publicado un artículo el fin de semana sobre la estrategia en Juárez, Todos Somos Juárez, dice que fue la mejor estrategia para disminuir los delitos de esa localidad de Chihuahua. ¿Usted lo considera es una estrategia efectiva?

RFGC: No me ha dado tiempo de leer los Twitters, ciertamente permítame tomar su pregunta, la oportunidad de decir las cosas que se hicieron bien, por supuesto sirve para consolidar esas prácticas buenas y las cosas que se hicieron mal, pues hay que reconocerlas y cambiarlas.

En el caso de Ciudad Juárez, pues sabe por supuesto que hay buenas cosas, a mí me parece, quiero insistir, que la participación de la ciudadanía es, bien entendida, la mejor y mayor fortaleza del Estado, y de las instituciones del Estado.

Y una forma de aprovechar esos nutrientes que da la sociedad es a través de la transparencia, si todo mundo conociera, pudiera enterarse más allá de los twitters, de qué consisten los programas, qué participación se espera de la sociedad organizada, qué protocolos se siguen en todo tipo de acciones, ya sea de las fuerzas armadas, están función de policía, las propias policías estatales, federal, pues esto empezará a cambiar.

Yo creo que sí, hay cosas muy buenas y muy rescatables, en el caso de Juárez y en otros muchos.

PREGUNTA: En el caso de Juárez, ¿fue logro ciudadano o un logro gubernamental?

RFGC: Mire, déjeme dejarlo a logro ciudadano porque la gestión gubernamental fue a base de presión ciudadana, de tal manera que a mí me parece y entendemos el término presión, no como la manifestación beligerante, sino como la exigencia razonada y además, con derecho, a eso vivimos en un Estado de Derecho.

Los ciudadanos son los depositarios de los derechos y las instituciones del estado son garantes de esos derechos y además, obligados a proteger esos derechos.

De tal manera que sí, yo creo, que en lo que ha pasado en México es que se está generalizando, ahora sí, que la participación de los ciudadanos, más allá de los habitantes. Ha sido esa gran diferencia entre estar pasivo en un lugar determinado y formar parte de una comunidad, ésa es la gran diferencia. Ser ciudadano es mucho más que ser simple habitante observador.

PREGUNTA: La Secretaría del Trabajo está solicitando un nuevo peritaje en el tema de Pasta de Conchos, ¿hay disposición en la PGR para entrarle al tema?

RFGC: Sí, por supuesto, por supuesto que hay disposición. El Procurador Murillo Karam desde el principio señaló la necesidad de reivindicar, pero la Procuraduría General de la República su función es Representación Social.

La Procuraduría no es sólo la persecutora de delitos, es también la representación social garante de derechos, y por supuesto que hay una posibilidad.

Quiero decirle que esta filosofía de la comunidad de Pasta de Conchos, de rescatar a los vivos para honrar a los muertos, pasa por un análisis integral de la problemática de la minería del carbón. No se trata solamente de una acción determinada para pedir las posibilidades de entrar a Pasta de Conchos, eso está incluido, pero no agota la exigencia.

Hay que prohibir los pozitos, porque han generado, después de Pasta de Conchos, un número de muertos injustificable, son un dolor humano evitable y de atender la responsabilidad, la Procuraduría será tratar de evitar ese dolor y llegar al conocimiento de la verdad histórica para hacer de ahí, la construcción de una verdad jurídica a través de las autoridades y del Estado de Derecho.

No puede bajo ninguna circunstancia renunciarse al derecho que tiene el Estado y la obligación, también, de conocer la verdad y por lo tanto serán los peritajes que se hará el abordaje del tema de forma integral, dando absolutamente participación, seguimiento y acompañamiento de cada acción a los mineros de Coahuila.

PREGUNTA: ¿Usted gestionará para que se rescaten los cuerpos que siguen ahí?

RFGC: Entonces lo que acabo de decir, de forma integral se atenderá el problema del sufrimiento que genera por el desorden en la minería del carbón en Coahuila y por supuesto, está incluido en este ordenamiento en esta atención integral de la zona, el peritaje para saber las condiciones y en el momento más adecuado para ir por los cuerpos que todavía están sepultados en Pasta de Conchos.

PREGUNTA: Gracias Subprocurador.

RFGC: No, gracias a ustedes.


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Última modificación :
20/02/2013 20:10:47 por la Dirección de Comunicación Social
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