La Procuraduría General de la República inicio el siglo XXI estableciendo un nuevo modelo de procuración de justicia con apego a derechos humanos, en el cual se reconoce que la procuración de justicia y los derechos humanos son un binomio indisoluble.

Un tema señalado recurrentemente en la agenda de derechos humanos en México y en el mundo es el de la tortura y maltrato. Diversas recomendaciones de mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos dan cuenta de ello.

Una manera fundamental para proteger a las personas contra la tortura y el maltrato, es mediante la documentación eficaz de las lesiones físicas y psicológicas, que permitan al Ministerio Público y al Juez, contar en su caso, con pruebas idóneas que permitan sancionar a los perpetradores de la tortura y maltrato.

Hace dos décadas no se contaba con directrices internacionales para documentar la tortura y el maltrato.

No es sino hasta 1999 cuando fue presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul.

México es parte integrante de los sistemas no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Por ello, las recomendaciones que emiten los mecanismos de dichos sistemas, se transforman en compromisos internaciones que el Estado mexicano debe cumplir.

Por tal razón, el Presidente de la República Vicente Fox Quesada, creo la Comisión Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, cuyo antecedente inmediato es lo que en su tiempo se le conoció como Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en materia de Derechos Humanos.

La Comisión Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos es una cuerpo colegiado conformado por diversas Instituciones Federales. La Procuraduría General de la República tiene el carácter de invitado permanente. Para el funcionamiento de esta Comisión se han conformado Subcomisiones de trabajo. Es la Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos –bajo la coordinación de la PGR- la encargada de implementar alternativas de solución para cumplir con lo que se ha denominado “25 acciones para combatir la tortura, derivadas de las recomendaciones dirigidas a México por mecanismos internacionales de derechos humanos”.

Una de estas 25 acciones señala que la Procuraduría General de la República propondrá a todas las instancias de procuración y administración de justicia, un modelo de documento técnico médico-forense estandarizado, que permita documentar la integridad física de los detenidos a efecto de garantizarla.

Como consecuencia de ello, la Procuraduría General de la República solicitó la asistencia de organizaciones internacionales expertas en el tema, para tal fin requirió la opinión del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y de Physicians for Human Rights.

Ambas organizaciones contribuyeron de manera importante para forjar la elaboración y consolidación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de posible Tortura y/o Maltrato de la Procuraduría General de la República, documento que es el resultado del proceso de contextualización del Protocolo de Estambul.

Para ello, buscó el apoyo de los más destacados médicos expertos que crearon el Protocolo de Estambul para que capacitaran al personal médico forense de la institución en la documentación de la tortura física y psicológica así como el maltrato.

Después de un arduo esfuerzo de mas de dos años, el 18 de agosto de 2003, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/57/03 del Procurador General de la República por el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación, Peritos Médicos Legalistas y/o Forenses de la PGR para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de posible Tortura y/o maltrato.