Introducción

Cuando la apreciación de un suceso requiere de parte del observador una preparación especial obtenida por el estudio científico de la materia a que se refiere, o, simplemente, por la experiencia personal que proporciona el ejercicio de una profesión, arte u oficio surge en la investigación de un ilícito en la integración de la averiguación previa o en el proceso penal surge la necesidad de la pericia. La exigencia de la peritación, está en relación con el carácter técnico de la cuestión sometida a la procuración e impartición de la justicia, por lo que es frecuente encontrar situaciones que se deben dilucidar y explicar a través de conocimientos especializados para llegar a la verdad, haciéndose indispensable la concurrencia de peritos en las ramas del saber para que dictaminen sobre las ciencias, artes u oficios que dominen.

De aquí resulta que los peritos son terceras personas, independientes de las partes que, después de ser llamadas, concurren a la instancia oficial solicitante, para exponer, no sólo sus conocimientos, sus observaciones objetivas o sus puntos de vista personales acerca de los hechos en cuestión sino también, sus inducciones que se deben derivar de esos hechos que se tuvieron como base para la peritación. El Ministerio Público de la Federación, se ve precisado, para ejercitar legalmente la acción penal, a recabar dictámenes u opiniones de expertos en el examen de hechos que exigen conocimientos especiales para acreditar el cuerpo del delito o bien la presunta responsabilidad del inculpado.

Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no menciona en los artículos 21 y 102 A, como órganos auxiliares del Ministerio Público a los peritos, también lo es que el órgano de investigación criminal no podría cumplir su función de investigación y persecución del delito con la debida eficacia, si no contara con el auxilio de personas con capacitación profesional especial o con la experiencia suficiente en la materia, ciencia o arte en que deben emitir dictámenes; es por ello imprescindible su auxilio directo en la averiguación previa y en el proceso penal. En los artículos 220 al 238 del Código Federal de Procedimientos Penales se establece y regula la actuación de los peritos.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, en su artículo 20 Fracción I, inciso b), determina que los servicios periciales son auxiliares directos del Ministerio Público de la Federación, lógicamente en la investigación de los delitos del orden federal. En el artículo 22 de la citada ley se precisa que los peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en los asuntos sometidos a su dictamen. Obviamente su actuación debe ser apegada a los lineamientos que rigen su especialidad, ya que por disposición de ley podrían incurrir en responsabilidad penal por no cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación; o por distraer de esta actuación, en beneficio propio o ajeno, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la institución.

Es indispensable que el Ministerio Público de la Federación, integrador de averiguaciones previas, establezca la debida comunicación con los peritos que deben dictaminar el caso concreto para asesorarse y enriquecer técnicamente dicha averiguación, según la naturaleza de la especialidad y el delito que se investiga, ya que de esta manera se fortalece la labor ministerial ante los órganos jurisdiccionales, toda vez que la eficacia de su actuación evita la pérdida de tiempo que resultaría si los peritos rechazan peticiones imprecisas, que falte documentación de soporte o bien elementos indiciarios para la emisión del dictamen.

Última modificación :
Lunes 09 Agosto 2010 a las 16:16
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