Antecedentes

Hasta 1976, los controles sobre la Administración Pública Federal se enfocaron a racionalizar el gasto público. Sus instrumentos más importantes eran, el presupuesto de egresos y los programas de inversión y financiamiento.

Durante el período de 1970 a 1976, las funciones de control en el sector público fueron desarrolladas por lo que podría denominarse "Un Núcleo Tripartito de Control", el cual estaba integrado por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Patrimonio Nacional y de la Presidencia.

Lo anterior, se fundamentó principalmente en la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, la Ley para el Control por parte del Gobierno Federal de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, la Ley de Inspección de Adquisiciones y la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas.

Asimismo, se contaba con mecanismos intersecretariales como la Subcomisión de Inversión-Financiamiento y la Comisión Especial para el Control de Contratos y Obras Públicas, que servía para coordinar las acciones de control encomendadas. Para los niveles menos importantes, los controles se ejercían a través de la fiscalización de los órganos internos de las dependencias y entidades del sector, esta fiscalización se limitaba exclusivamente a revisiones de tipo contable, con lo que se minimizaba la posibilidad de evaluar los objetivos, metas y acciones desarrolladas.

Como resultado de diversas reformas administrativas, desde 1976 y hasta 1982, se realizaron modificaciones a la estructura tripartita de control, para quedar fusionada y adscrita a la Secretaría de Programación y Presupuesto, con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Derivado de lo anterior, se hizo necesario replantear las funciones de auditoría por parte del Gobierno Federal, tanto en su concepción como en su alcance, operación y aplicación, asignándoseles el carácter preventivo y correctivo, ya que no sólo se enfocaría a los aspectos financieros, sino también al cumplimiento de objetivos y metas, con base en la utilización de los recursos humanos y materiales en forma eficaz y eficiente, así como en la observancia de las disposiciones legales vigentes.

Con este nuevo enfoque de la auditoría gubernamental, y ante la necesidad de un marco normativo de explicación práctica para su funcionamiento, la Secretaría de Programación y Presupuesto emitió el "Manual de Auditoría Gubernamental" y adicionalmente, se promovieron reformas y adiciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y a su Reglamento, estableciendo que las dependencias del sector central, el Departamento del Distrito Federal y las entidades del sector paraestatal, deberían crear órganos de auditoría interna adscritos al Titular de la Dependencia, cuya principal obligación fue el cumplimiento de los programas mínimos de auditoría fijados por la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Con esto, se lograron avances importantes tanto en la institucionalización de la auditoría como en el apoyo a las dependencias y entidades coordinadas; sin embargo, el desarrollo de los programas era básicamente de auditoría financiera y no incluían aspectos de revisión al control, por lo que las funciones de auditoría no eran suficientes ni adecuadas para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de las dependencias y entidades.

El fortalecimiento del control sobre las actividades de la Administración Pública Federal, implicó un esfuerzo por imprimir congruencia al funcionamiento de los sistemas que operaron en el sector público; por esta razón, se estableció con carácter institucional la función de contraloría, constituyéndose así en uno de los medios para articular, dar coherencia e integrar los instrumentos y procedimientos de control y evaluación, que regulan el desarrollo de la gestión pública, a fin de coadyuvar al logro de los postulados del Gobierno de la República.

Por lo anterior, en las reformas y adiciones efectuadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial del 19 de diciembre de 1981, se creó la Contraloría General de la Federación, conceptuada como un órgano que, sin involucrarse directamente en la operación, tuvo la responsabilidad de fortalecer y hacer integral la función de control en la Administración Pública Federal.

Dicha función, se realizaba a través de sus distintos instrumentos, mecanismos y apoyos, los cuales funcionando armónica y complementariamente, se orientaban a modernizar los sistemas, procedimientos y mecanismos de control y evaluación, para que actuaran en conjunto en el aparato gubernamental, y prevenir así y combatir la corrupción de los servidores públicos, e incrementar la eficiencia en el desarrollo de las acciones y la eficacia en el logro de los objetivos y prioridades nacionales.

La Contraloría Interna en la Procuraduría General de la República, desde su creación en diciembre de 1982, sufrió diversos cambios tanto en sus funciones, nomenclatura y nivel jerárquico, por lo que a continuación se hace una breve cronología de los mismos.

En atención a las disposiciones del Ejecutivo Federal, en diciembre de 1982, se creó la Unidad de Contraloría Interna, Evaluación y Quejas, con facultades fiscalizadoras y de control interno, debiendo recibir e investigar las quejas, sugerencias y peticiones que formulara la ciudadanía.

En el transcurso de 1984 se modificó la denominación oficial de esta unidad, asignándole el nombre de Contraloría Interna.

En 1985, como parte de la reorganización administrativa efectuada en la Institución, la Contraloría Interna adquirió el nivel jerárquico de Dirección General, incrementando sus atribuciones, mismas que se plasman en el Reglamento de la Ley Orgánica de esta Procuraduría General publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de agosto de ese mismo año.

El 25 de octubre de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un reordenamiento mediante el cual se reguló la estructuración de los órganos y atribuciones de la Procuraduría. En el que se establecieron las disposiciones por las que debería regirse la Contraloría Interna; asimismo, se determinó la fusión de ésta con la Visitaduría General, pasando a denominarse oficialmente Visitaduría General y Contraloría Interna.

Dentro de esta estructuración, quedó bajo la coordinación de este Organo Interno de Control, la Visitaduría Adjunta, la Dirección de Control y Auditoría, la Dirección de Orientación Legal y Quejas, incorporándose, además, la Unidad Coordinadora del Programa de Supervisión de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico.

El ordenamiento antes citado, quedó sin efecto dos meses posteriores a su implantación, toda vez que el 26 de diciembre de 1988, se publicó un nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el que de nueva cuenta se modificaron tanto las atribuciones como la estructura de la Contraloría Interna, siendo los cambios más significativos, el que ésta se integraba por dos Direcciones de Area, la de Auditoría y la de Quejas y Atención al Público y consecuentemente, desapareció el Area de Visitaduría General.

En 1989, la Contraloría Interna adquirió el rango jerárquico homólogo al nivel de Oficialía Mayor; así mismo, por acuerdo del Procurador General, la Dirección de Auditoría elevó su rango de Dirección de Area al de Dirección General, modificando su denominación a Dirección General de Control, Auditoría y Quejas. El 2 de agosto de 1989 se incorporó a la Contraloría Interna, la Dirección General de Delegaciones cuyas funciones se encontraban estrechamente vinculadas.

Con fecha 17 de abril de 1990, se publicó un decreto que de nueva cuenta modificó la estructura orgánica de la Contraloría Interna, derivándose la desaparición de la Dirección General de Delegaciones y de las dos áreas que dependían de ésta; la Dirección de Supervisión Foránea, se adscribió a la Contraloría Interna y la Dirección de Control Técnico Auxiliar a la Dirección General de Control, Auditoría y Quejas.

Dentro de esta reestructuración, la Unidad Coordinadora del Programa de Supervisión de la Lucha Contra el Narcotráfico, adquirió el rango de Dirección de Area, denominándose Dirección de Supervisión de la Campaña contra el Narcotráfico.

El 4 de febrero de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el que se reestructuraron las funciones de la Dependencia y consecuentemente de la Contraloría Interna, la cual se integró por las Direcciones Generales de Control y Auditoría y de Participación Ciudadana.

El 20 de junio del mismo año, se reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, quedando la Contraloría Interna integrada por la Dirección General de Supervisión y Auditoría y la Dirección General de Quejas y Denuncias.

De esta forma la Contraloría Interna, se reestructuró y amplió al reforzar sus funciones y la calidad de sus recursos humanos, coadyuvando así al incremento cualitativo de las actividades encomendadas, con el fin de constituirse en un órgano preventivo antes que sancionador, y estar en posibilidades de actuar como un instrumento de apoyo para las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República.

El 6 de abril de 1993, mediante la circular interna número 010/93 del C. Procurador General de la República, se oficializó la creación de la Unidad de Control y Evaluación a cargo de un Jefe de Unidad.

En octubre de 1995, se creó la Unidad de Responsabilidades y Evaluación Profesional mediante la circular A/04/95 del C. Procurador, con el objeto de establecer sistemas de seguimiento de conductas, así como llevar a cabo programas de prevención y evaluación, tendentes a erradicar acciones indebidas por parte del personal de la Institución.

Posteriormente, el 27 de agosto de 1996, se expidió en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, estableciendo las unidades administrativas y órganos que la integran, incluyendo a la Contraloría Interna y a las Direcciones Generales de Auditoría, Supervisión y Control, Quejas y Denuncias y Protección a los Derechos Humanos, con las cuales éste órgano quedó conformado.

Sin embargo, a partir de esa fecha, el Órgano Interno de Control se vio en la necesidad de realizar diversas adecuaciones a su estructura orgánica funcional. En una primera instancia, para responder a los requerimientos adicionales de control que la Institución generó con motivo de su reestructuración en diversas áreas y en diferentes ámbitos, para combatir el constante crecimiento y diversificación de los delitos de su competencia.

En este mismo orden de ideas, otro de los elementos que obligó a este Órgano Interno de Control a modificar su estructura, fue el Decreto que Reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de las entidades Paraestatales y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, en el cual se estableció que sería el titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública, el que designara a los titulares de los órganos internos de control de las entidades federales y paraestatales y por acuerdo, a los titulares de sus unidades.

Derivado de lo anterior y del nombramiento de los titulares de las áreas de Auditoría; Evaluación, Orientación, Quejas y Denuncias y Control y Verificación, se elaboró una propuesta de reestructuración del Organo Interno de Control en la Procuraduría General de la República, que fue presentada para su revisión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que remitió para una nueva revisión a la SECODAM, ahora Secretaría de la Función Pública.

Esto trajo como consecuencia que se realizara un ejercicio de reingeniería de procesos, con la finalidad de definir una segunda propuesta de estructura organizacional, misma que fue presentada ante el Organo Rector y aprobada en su estructura básica por el Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública, mediante oficio No. SP/100/2677/97 del 10 de diciembre de 1997.

Como consecuencia de dicha aprobación, la estructura organizacional del Organo Interno de Control en la Procuraduría General de la República, quedó conformada con la Dirección General de Control y Verificación; la Dirección General de Evaluación; la Dirección General de Auditoría y la Dirección General de Responsabilidades e Inconformidades.

Desde el 1 de agosto de 1998 y hasta el 13 de julio de 2001, fecha en que se publicó la última modificación al Reglamento Interno de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública, en el Diario Oficial de la Federación, el Organo Interno de Control en la PGR, ha venido funcionando de la misma manera.

Sin embargo, con esta modificación y con la finalidad de adecuar las funciones del Organo Interno de Control a los nuevos requerimientos de control y fiscalización del Gobierno Federal comprometidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y los de la propia la Procuraduría General de la República en su nueva etapa de reestructuración, se esta consolidando una nueva estructura de organización, conformado por las áreas de responsabilidades, quejas, auditoria interna y auditoría de control y evaluación.

Última modificación :
Lunes 09 Agosto 2010 a las 16:46
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