Es la institución encargada de investigar y perseguir a los responsables de la comisión de delitos federales y de aquellos que siendo del fuero común afectan la seguridad nacional o sean atraídos por el ámbito federal.

Los Agentes de la Policial Federal Ministerial, como auxiliares de la autoridad judicial y bajo la actuación directa del Agente de Ministerio Público Federal, se coordina con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, para perseguir a quienes infrinjan la ley.

Su actuación es con estricta observancia a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

 

Antecedentes

 

La Agencia Federal de Investigación (AFI) se crea por Decreto del Ejecutivo de la Unión el 1° de noviembre de 2001, en sustitución de la Policía Judicial Federal cuya característica era de una policía reactiva.

El objetivo principal de la Agencia Federal de Investigación es privilegiar la investigación científica del delito para combatir a la delincuencia organizada a través de la formación especializada y regional del personal policial para la atención de la complejidad de los delitos federales, alejándose del esquema de policía reactiva; dando paso a un modelo de investigación policial que modifique las pautas de persecución del delito.

La Agencia Federal de Investigación tiene su origen en la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, la que a su vez tuvo un prolongado desarrollo constitutivo que parte desde la época colonial, y cuyos objetivos y antecedentes evolucionaron paralelamente al devenir histórico del Ministerio Público y del procedimiento penal.

No obstante, la Policía Judicial Federal vivió en los últimos años un proceso de deterioro que detuvo y nulificó su naturaleza como ente imprescindible para que el Estado mexicano cumpla cabalmente su misión de procurar justicia.

Por ello, la Procuraduría General de la República buscó restituir la vocación investigadora del órgano policial judicial para cumplir con el mandato constitucional y el compromiso gubernamental de procurar una justicia pronta y expedita.

En tal sentido se llevó a cabo un proceso de cambio que consistió en que sin gravar de ninguna manera el presupuesto federal, se aprovechó la estructura orgánica y ocupacional de la PJF para crear áreas definidas de planeación, de investigación y de análisis; incorporar a la INTERPOL, generar el soporte técnico, jurídico y administrativo que el nuevo órgano de investigación requirió y, desde luego, conservar la función de policía judicial, apoyada con un cuerpo profesional de operaciones especiales, pero ahora en un despliegue territorial con objetivos precisos sobre el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales.

Con esos objetivos se diseñó una institución policial profesional basada en sistemas, procedimientos y una lógica organizacional que compartimenta la información y, en consecuencia, reduce los márgenes de corrupción; define tramos de control; evita la duplicidad en cadenas de mando y estructura piramidalmente la organización para un ejercicio preciso del mando.