​      Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio


 

 

      Introducción

Con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 se da inicio a un cambio de grandes magnitudes en la justicia penal mexicana. Esta reforma plantea la transformación de los sistemas de justicia penal federal y estatal. La intención del poder reformador de la Constitución es mejorar el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal (SJP) garantizando los derechos de todas las personas involucradas en los procesos y una operación institucional más eficiente, transparente y accesible.

 
 
 
 
La conversión hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) representa un desafío para todos y cada y uno de los operadores del sistema en el ámbito federal y en las entidades federativas. No obstante, el reto en particular para la Procuraduría General de la  República (PGR) tiene varias implicaciones entre las cuales se destacan tanto los cambios y adecuaciones a los modelos de gestión y de trabajo de las unidades de investigación y control de procesos, como el desarrollo de la profesionalización y competencias necesarias de los operadores sustantivos, sin dejar de lado los ajustes y reacomodos de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información.

 
 
 
 
Cabe hacer mención que el plazo temporal para cumplir con la obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es de 8 años contados a partir del día que se publicó la reforma. Es decir, la fecha límite para que la PGR y, en general, todas las instituciones que conforman el SJPA funcionen acorde a la reforma es el 18 de junio del 2016.
 
 
 
Este hecho no es un dato menor, pues la implementación significa modificar patrones de conducta y prácticas institucionales, fijar las normas y procedimientos que regulen la operación del nuevo sistema, readecuar espacios físicos y dotar del equipo necesario para apoyar las labores del Agente del Ministerio Público de la Federación, la policía de investigación, los peritos y el personal auxiliar sustantivo. En este sentido, la PGR juega un papel clave en esta transformación, pues es una institución referente a nivel nacional.

 
 
 
 
En ese sentido, la debida implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se erige como un Eje Transversal puesto como soporte de la gestión de la C. Procuradora General de la República, Arely Gómez González, y cuyos beneficios se verán reflejados en el establecimiento de una procuración de justicia eficaz y eficiente, pleno respeto a los derechos humanos, así como una debida transparencia y rendición de cuentas.​





      Postulados


En la Reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se plantearon cinco ejes fundamentales para transformar el sistema de seguridad pública y justicia penal mexicano:

 
 
 
 
I. Establecimiento de bases para implementar un sistema de corte acusatorio en el ámbito del proceso penal, que tienen entre sus objetivos ajustar el sistema a los principios de un Estado social y democrático de derecho, como el respeto a los derechos de víctimas y personas imputadas, y la imparcialidad en los juicios;

 
 
 
 
II. Previsión del régimen contra la delincuencia organizada, mediante el establecimiento de disposiciones que permitan el desarrollo de diligencias más eficaces contra el fenómeno de la delincuencia organizada;

 
 
 
 
III. Determinación de la creación de un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la protección de los derechos humanos y obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de coordinarse de manera más estrecha y compartir bases de información sobre la criminalidad y el personal de las instituciones policiales; profesionalizar a Agentes del Ministerio Público, policías y peritos; regular la selección, ingreso, formación y permanencia del personal, certificar competencias y abrir espacios a la sociedad civil en la evaluación.

 
 
 
 
IV. Incorporación de la figura de extinción de dominio al sistema jurídico mexicano, con lo cual se podrá hacer frente a la delinucencia desde otras esferas, tal como lo es la incautación de recursos provenientes de actividades ilícitas;
 
 
 
V. Trasformación del sistema de ejecución de sanciones mediante una reinserción social efectiva y la creación de la figura del juez de ejecución, encargado de determinar la duración y modificación de las penas.​
 





Código Nacional de Procedimientos Penales
 

 

 
Aunado a la reforma constitucional de junio de 2008, el 5 de marzo de 2014, fue publicado en el Dirario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual retoma los principios constitucionales del SJPA que establece el artículo 20 constitucional a fin de dotar de certeza jurídica su aplicación, además garantiza que en cualquier parte del país tanto las personas que son víctimas u ofendidos de un delito, así como las personas que son imputadas por la comisión del mismo, cuenten con los mismos derechos en aras del irrestricto respeto a los derechos humanos de forma equilibrada.
 
 
 
También determina con claridad las etapas en las que se desarrollará el procedimiento penal, siendo éstas: la de investigación (que se divide en las fases inicial y complementaria), intermedia o de preparación a juicio, y la de juicio, lo cual permitirá contar con una estructura de audiencias que rija el debido actuar de los operadores del sistema.
 
 
 
Asimismo, regula las técnicas y actos de investigación, las medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares, las soluciones alternas y formas de terminación anticipada, así como los recursos que podrán hacerse valer en las diversas etapas del procedimiento penal. Uno de los puntos más destacados de la etapa de investigación en el CNPP, es el cambio de estructura en su desarrollo, ya que ésta será realizada en forma conjunta por el Agente del Ministerio Público, las policías y los servicios periciales, actuando estos últimos bajo el mando y conducción del representante de los intereses de la sociedad, lo que fomentará el desarrollo de investigaciones mucho más especializadas, científicas y veraces.
 
 
 
En tal virtud, se cosidera que el proceso penal que establece el CNPP tiene importantes implicaciones para el ejercico de las facultaldes de las autoridades ministeriales de la Federación, lo que a su vez, genera diversos requerimientos para todas la áreas de esta institución.

 

 



      Principios del Proceso Penal


Como se señaló, la reforma a nuestro sistema de justicia penal también implica la implementación de un proceso penal de corte acusatorio y oral, el cual, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

 
En ese sentido, el proceso penal acusatorio mexicano tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

 
Con base en estos principios procesales, los servidores públicos de la PGR tienen la obligación de proteger los derechos humanos de las partes en el proceso penal (persona imputada y su defensor; víctima y su asesor jurídico), especialmente durante las fases de la investigación. Estos derechos son: respeto a la intimidad y a la privacidad; a una justicia pronta; a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata; a ser informados de sus derechos y al respeto a la libertad personal.​​





Fecha de publicación: 25/05/2015