Martes, 09 de Febrero de 2010 > Boletín 149/10
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En el auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Instituto Nacional de las Ciencias Penales se llevó a cabo la ceremonia de investidura, por su trayectoria académica, contribución sistemática y continuidad a las ciencias penales a la Magistrada Federal Elvia Rosa Díaz de León D´Hers y al jurista italiano Luigi Ferrajoli.
El Director del INACIPE, Gerado Laveaga, señaló que esta distinción representa las dos caras de la Reforma Constitucional en Materia Penal, como una necesidad de reforzar la lucha contra la delincuencia organizada a través de instrumentos jurídicos más afinados, con servidores públicos más preparados y más valientes.
Agregó que garantizar de la manera más eficaz los derechos humanos por medios de un sistema acusatorio caracterizado por la agilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, permitirá que los mexicanos conozcan la competencia y la integridad de las policías, peritos, agentes del Ministerio Público y Jueces, ya que la procuración y la administración de justicia no pueden ni deben estar reñidas con el respeto a los derechos humanos, puntualizó.
La ceremonia de investidura fue presidida por Gerardo Laveaga, Director del INACIPE, Alvaro Vizcaino, Secretario General del mismo instituto,Ruperto Patiño Menfer, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien acudió en representación del Rector, la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y el Doctor Moisés Moreno Hernández.
En su momento, la Magistrada Díaz de León refrendó su apego a los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia y añadió que el México actual, la naturaleza y la complejidad de los asuntos reclama impartidores de justicia con un mayor y mejor conocimiento de las materias y las normas que lo regulan.
Por su parte, Luigi Ferrajoli quien es uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, teoría que desarrolló inicialmente en el ámbito del derecho penal, consideró un paradigma aplicable que tanto los jueces como los agentes del Ministerio Público deban estar conscientes de que la averiguación probatoria siempre es el fruto de inducciones y jamás de deducciones, y que por ello en su trabajo siempre es posible el error.
Finalmente propuso que entre las soluciones para frenar la delincuencia organizada está la aplicación de políticas sociales capaces de reducir la pobreza, la ignorancia y la marginación.
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