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En cumplimiento de la orden de aprehensión que libró el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros, dentro de la causa penal 6/2009, a solicitud del Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), 13 funcionarios y exservidores públicos de Nuevo León fueron ingresados a los siguiente penales:

1.- Armandina Mendoza Gómez, policía activa del municipio de Apodaca al Centro de Readaptación Social de Topo Chico, Nuevo León.

2.- Mario Martínez Luévano, policía del municipio de Benito Juárez, Rafael Domínguez Sifuentes, policía del municipio de Monterrey, y José María Oyervidez Martínez, policía del municipio General Treviño, quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 5 “Pericles Namorado”, Veracruz.

3. Guadalupe Cruz Ramírez, policía inactivo del municipio de Lampazos, Noé Manuel Blanco Gallegos, policía inactivo del municipio de Apodaca, Erick Iván Moreno Suárez, policía inactivo del municipio de Benito Juárez, Eduardo Alejandro Morales Ocañas, policía inactivo del municipio de Santiago, Federico Baldemar Treviño Rayas, policía inactivo del municipio de Sabinas Hidalgo y Raúl Camacho Vigil, policía inactivo del municipio de Apodaca, fueron ingresados al CEFERESO número 5, “Pericles Namorado”, Veracruz.

Asimismo, se informa que en estos momentos están siendo ingresados en el CEFERESO 1 “Altiplano”, estado de México, Amador Medina Flores, ex titular de la policía regia de Monterrey, José Santos Almaraz Ornelas, ex secretario de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe y Alejandro Arturo Esparza Contreras, ex secretario de Seguridad Pública del municipio de Montemorelos.

Estas personas se encuentran probablemente relacionadas con la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.

De esta manera, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de reconstruir integralmente las instituciones y sistemas de procuración de justicia y seguridad pública, en el marco de una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad nacional.